Judicial
Corte Suprema negó tutela de varios ciudadanos que pedían la libertad de Epa Colombia
Desde finales de enero pasado, la empresaria se encuentra privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá.
SEMANA conoció que la Corte Suprema de Justicia negó la tutela presentada por cinco ciudadanos en la que pedían la libertad inmediata de la empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia.
En la acción judicial, los ciudadanos reclamaban la protección de los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, defensa, dignidad humana, libertad de expresión, protesta y principios de favorabilidad, que consideraban vulnerados con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que condenó a cinco años y tres meses de prisión a Epa Colombia.
Con ponencia del magistrado Francisco Ternera Barrios, se determinó que la empresaria, quien se encuentra en la cárcel de El Buen Pastor, de Bogotá, cuenta con las facultades para elevar una acción de tutela a nombre propio.
“En lo relacionado con las quejas expuestas (...) conviene referir que los solicitantes carecen de legitimación para enarbolarlas. Ello, pues, no son estos quienes ostentan la titularidad de las prerrogativas que se invocan, pues acudieron a esta vivía en beneficio de Daneidy Barrera Rojas, sin aducir alguna circunstancia especial que justifique su vinculación”, precisa el fallo.
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Frente a esta situación, el abogado Francisco Bernate Ochoa, quien representa a Epa Colombia, le hizo un llamado hace algunas semanas a los ciudadanos para que dejaran de presentar acciones judiciales, por considerar que, pese a sus buenas intenciones, esto afectaba a la administración de justicia.
SEMANA reveló, recientemente, el auto del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá, que ordenó la recolección de pruebas en medio del estudio de la petición elevada por al defensa de Epa Colombia para que le concedan la detención domiciliaria.
Entre estas se encuentran los conceptos del Ministerio de Justicia y la Cámara de Comercio de Bogotá frente al caso de la empresaria y creadora de contenidos, que busca recibir los beneficios de la ley de utilidad pública que ha sido impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.
Igualmente, se le pidió al área de “asistencia social” del Inpec que realice una visita “sociofamiliar” a Epa Colombia, quien se encuentra desde el pasado 30 de enero en la cárcel El Buen Pastor.
“Una vez recibida la información, se programará la declaración” de la empresaria, quien fue sentenciada a cinco años y tres meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de “daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas”.
En el fallo, se puso de presente que en noviembre de 2019, Epa Colombia —que ya tenía varios seguidores en sus redes sociales— publicó un video en el que invitaba a la ciudadanía a destruir sedes de entidades públicas y estaciones de TransMilenio como protesta contra el gobierno de Iván Duque y la reforma tributaria.
En otro de los apartes del auto, se pide asesoría jurídica de la cárcel El Buen Pastor con el fin de que remita toda la documentación que “obre en la hoja de vida” de la empresaria.
El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas ya recibió un informe de la representante legal de la Fundación Faruq Abdala Internacional, la cual hace poco pidió que se revisara la dosificación de la pena contra Epa Colombia.
La Fundación, que ya ha convocado marchas para exigir la libertad de la empresaria, envió como anexo un video en el que aparecen habitantes de calle que señalan el apoyo que recibieron de Epa Colombia para estudiar y trabajar.
