Nación

Crisis de violencia en Huila termina en demanda contra Petro y sus ministerios de Defensa e Interior

El recurso fue admitido por el Tribunal Administrativo de Huila. En el caso también está involucrado el ICBF.

Redacción Semana
31 de diciembre de 2024
Presidente  de la República Gustavo Petro 
 Ministro de Defensa Iván Velásquez  
Ceremonia de conmemoración de los 205 años de la Batalla de Boyacá y  los 214 años de la creación del Ejército Nacional 
Dos años del gobierno Petro
Puente de  Boyacá  agosto 7 del 2024
Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Presidente de la República Gustavo Petro y el Ministro de Defensa Iván Velásquez | Foto: Guillermo Torres / Semana

Solamente este fin de semana la violencia volvió a visitar al departamento del Huila, después de que fueron asesinadas cuatro personas en los municipios de Pitalito, Oporapa y Timaná. Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Marisol Sánchez, una joven de tan solo 20 años que murió tras terminar su turno en un restaurante.

Por ese tipo de casos es que en las últimas horas el Tribunal Administrativo de Huila admitió una demanda contra la Presidencia de la República, los ministerios de Defensa e Interior, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que protejan a la población que se encuentra ante un riesgo inminente.

La acción popular que interpuso la Fundación para el Estado de derecho (Fede) busca “la protección a los derechos e intereses colectivos a la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público de los habitantes de este departamento. Estos derechos están siendo sistemáticamente vulnerados”, explicó la Fundación en un comunicado.

Los soldados incautaron material de guerra y de intendencia luego de enfrentarse a los disidentes de la Segunda Marquetalia en zona rural del municipio de Acevedo Huila.
El Ejército combatiendo a las disidencias de las Farc en Huila. | Foto: Suministrada

Desde Fede alertaron que en los últimos meses, la violencia en el departamento del Huila se ha intensificado y la violación a los derechos humanos se ha vuelto sistemática en casos de reclutamiento forzado de menores. Lo anterior después de que el gobierno decreto el cese al fuego con grupos al margen de la ley como el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC.

Reclutamiento de menores de edad. Imagen de referencia.
Reclutamiento de menores de edad. Imagen de referencia. | Foto: El País/AFP.

“Las medidas adoptadas por el Gobierno nacional sobre las estructuras al margen de la ley ubicadas en el Huila vulneran las obligaciones constitucionales y legales de preservar la integridad del territorio; el orden constitucional; y, asegurar elementales condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades de las personas en esta zona del país”, explicaron desde la Fundación a través de un comunicado.

Con la aceptación de la demanda, ya inició una acción judicial para que se tomen decisiones sobre la gravedad de la violencia en Huila, y la cual, ha sido alertada por diferentes organismos internacionales, entes de control y autoridades locales.

El Tribunal de Huila confirmó en la decisión: “Admitir la demanda de protección de los derechos e intereses colectivos que promueve la Fundación para el Estado de derecho y otros, contra la Nación- Ministerio de Defensa y otros”.

Hace menos de 15 días, tropas de la Quinta División del Ejército terminaron involucradas en un fuerte combate contra la Comisión Hernando González de las disidencias de las Farc en la vereda Agua Bonita, en La Plata (Huila). El hecho dejó dos personas muertas y evidencia que los grupos armados ilegales siguen copando el territorio en ese departamento.

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