Procuraduría abre investigación formal por crisis energética

Seis exfuncionarios de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) cayeron en la mira de la Procuraduría. El organismo de control considera que el actual panorama energético era previsible desde hace años y que los exservidores, al parecer, no hicieron lo suficiente para evitarla.

Por eso, el organismo de control abrió investigación formal al actual viceministro de Energía, Carlos Fernando Erazo, pues considera que él y otros cinco de los directivos de la CREG durante el 2014 desatendieron muchas recomendaciones a través de las cuales el propio mercado trataba de instar a las entidades de Estado a prepararse para el crítico período.

Además, deberán responder ante la Procuraduría por estos hechos los excomisionados de la CREG Cristian Rafael Jaramillo y Óscar Hernán Machado. Así mismo, el exdirector ejecutivo y actual viceministro de Energía, Carlos Fernando Erazo, y los actuales comisionados Germán Alberto Castro Ferreira, Hernán Molina Valencia, Javier Augusto Díaz y Mauricio Gómez.

El nombre de Javier Augusto Díaz coincide con la misma persona que, siendo directivo de la Empresa de Energía de Bogotá, fue investigado por el entonces contralor, Manuel Francisco Becerra, junto más de 70 funcionarios de las empresas de energía ISA, Corelca, Icel, Empresa de Energía de Bogotá y otras entidades, como responsables del apagón de 1992.

En un reciente informe de la procuradora para la Vigilancia Preventiva, Fanny González, quedó en evidencia que las propias generadoras de energía advirtieron desde hace casi ocho años el déficit de producción de electricidad que podrían enfrentar las plantas térmicas, ante la aparición del fenómeno del Niño.

Además, advirtieron falencias en la fórmula que fijaba el precio de escasez del gas, que harían que las generadoras térmicas padecieran de problemas financieros para poder cumplir sus obligaciones para el suministro de la energía.

De ahí que la delegada preventiva sugiriera adelantar las acciones disciplinarias a las que hubiera lugar para determinar qué funcionarios fueron responsables de las decisiones en las que se hizo caso omiso de las recomendaciones.

Para el Ministerio Público, dado que la responsabilidad sobre la regulación de los precios recaía sobre esta comisión, es necesario que sus integrantes respondan ante los organismos de control por esos hechos. Además, la entidad considera probable que hayan incurrido en una falta disciplinaria por el manejo ofrecido al cargo por confiabilidad.

Para determinar por qué no se tuvieron en cuenta las recomendaciones de los operarios del sistema energético, la Procuraduría también ordenó que se tenga en cuenta la versión juramentada del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y la de los exministros de Minas y Energía Tomás González, Amílkar Acosta y Federico Rengifo. Además, oirá el testimonio del director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria.