Crisis financiera pone en jaque a las universidades públicas de Colombia: el déficit acumulado supera los $19 billones

Las 34 universidades públicas de Colombia iniciaron 2025 con un faltante de 19 billones de pesos en sus carteras para funcionar adecuadamente. Algunas instituciones se encuentran ahogadas en deudas, y la estabilidad financiera está en vilo para los próximos meses. La solución está en manos del Congreso y del Gobierno nacional.

El origen de la crisis es la fórmula que implementó el Estado en 1992 para sostener al sector. La Ley 30 estableció que el dinero que le aporta la nación a la academia debe calcularse cada año con base en el índice de precios al consumidor (IPC), un indicador que mide el costo de vida en el país; sin embargo, este método resultó incompleto. El rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Miguel Torres Oviedo, indicó que los recursos que se transfieren desde Bogotá no son suficientes para la operación diaria, pues la regla de distribución no contempló el aumento de alumnos ni de programas. Hay un problema estructural que ya amenaza la calidad de la formación superior.

“El IPC es un indicador precario y no corresponde al crecimiento de las universidades. En 1993 teníamos 150.000 estudiantes y hoy tenemos 685.000. Es decir, crecimos 500.000 cupos en los últimos 30 años con el mismo indicador de transferencia. (Esto) hace inviable la educación pública que nos soñamos en Colombia”, dijo el funcionario.

Los aportes de la nación representaron el 74 por ciento de los ingresos de las instituciones hace 31 años. Con el paso del tiempo, la estadística se ha reducido al 50 por ciento, pese a la aparición de nuevas necesidades. En promedio, el aporte anual del Estado para cada estudiante en 1993 fue de 13.220.738 pesos, mientras que en 2023 fue de 8.177.815.

Las obligaciones han ido aumentando. En 2003 se respondió por el mantenimiento de 2.178.000 metros cuadrados de infraestructura física; ahora se tienen 4.500.022. En 2004 había 22.988 docentes; ya hay 40.371. En 2004 se ofertaron 1.930 pregrados y posgrados, cuando en 2022 se cuantificaron 3.636 carreras. El Sistema Universitario Estatal (SUE) alertó al Gobierno sobre los aportes de la nación: “No se ajustan a la canasta, pues sus gastos doblan los índices de inflación. Sin duda, los compromisos y gastos de las universidades no son los mismos de hace 30 años, pues han evolucionado producto de su naturaleza y misión”.

Las instituciones han tenido que implementar estrategias para obtener nuevas fuentes de financiación en un panorama adverso y de desigualdad; por ejemplo, servicios de formación, consultoría, asistencia técnica, cazatalentos e interventorías. Además, gestionar estampillas propias, regionales o territoriales.

Las alarmas

La advertencia del SUE es que, si las administraciones no tienen la capacidad de seguir cubriendo las obligaciones de la nación, el déficit continuará con el paso de las semanas, aumentarán los problemas físicos en los campus y no se podrá vincular a más profesores mediante concursos públicos de méritos.

La Universidad de Antioquia padece la situación más compleja, con un faltante de 340.000 millones de pesos para cumplir sus objetivos en las 13 sedes y seccionales del departamento. Su destacado rendimiento en la investigación, extensión y docencia la ha puesto en un panorama complejo en los últimos meses.

“Hemos agotado nuestras capacidades de generar recursos a través de servicios, consultorías y asesorías. Cada vez hay más competencia y redistribución de contratos y proyectos con otras universidades, lo que limita nuestras opciones. También hemos agotado los ahorros que teníamos”, dijo el rector John Jairo Arboleda Céspedes. La Universidad Industrial de Santander (UIS) ha tenido que recurrir a préstamos para cumplir con sus obligaciones financieras. En 2024 se retrasaron los aportes del Gobierno, el pago de las matrículas de los alumnos beneficiarios de la política de gratuidad y recursos adicionales de la Gobernación de Santander.

“Los presupuestos se han venido estrechando cada vez más en comparación con las necesidades que han venido surgiendo. Esto ha obligado a limitar el alcance y la expansión de las funciones misionales y a aplazar iniciativas de desarrollo que podrían tener mayor impacto”, agregó el rector Hernán Porras Ríos.

Aunque la Universidad del Atlántico tiene las finanzas saneadas, el dolor de cabeza, como ocurre en las demás instituciones, es el salario de los profesores. Se recordará que las nóminas se calculan de acuerdo con su nivel formativo y productividad académica. En el país hay profesionales que reciben hasta 50 millones de pesos cada mes. “Los profesores aumentan sus salarios por puntos por la productividad académica. Esos aumentos salariales, adicionales al incremento del IPC, son gastos de funcionamiento que crecen anualmente y no tenemos fuente de financiación. Tenemos que sacar recursos de otros rubros para completar la nómina”, dijo el rector Danilo Hernández.

Nueva fórmula

La propuesta de las 34 universidades públicas es que el Congreso cambie dos artículos de la Ley 30 y establezca que los aportes de la nación se calculen cada año con el índice de costos de la educación superior (Ices) del Dane. El objetivo es que se destine más del 1 por ciento del producto interno bruto (PIB), como ocurre en los países de la Ocde.

El Ices analiza todos los costos de las universidades por semestre: profesores e investigadores, nivel directivo y profesional, honorarios, pasajes aéreos, energía eléctrica, suministros de oficina, software, equipos de comunicación, entre otros. Para el segundo semestre de 2024, hubo un aumento del 8 por ciento y se tenía como referencia el 12 por ciento del primer semestre de 2024.

“Necesitamos un nuevo modelo de financiación. Que ese indicador incorpore los aspectos que más nos pesan hoy en el financiamiento de todas las universidades públicas, que son los aspectos salariales y prestacionales de los profesores”, detalló el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Miguel Torres Oviedo.

El Ministerio de Educación afirmó que este proyecto legislativo será discutido en el primer semestre del año y anunció que tiene el respaldo de 70 congresistas de diferentes sectores. Además de incrementar los recursos a las universidades, espera llevar formación profesional a 800 municipios que no cuentan con oferta educativa. En el Senado hay varios interrogantes sobre la fórmula que proponen las instituciones. Esteban Quintero Cardona, del Centro Democrático, comentó que es importante buscarle una solución a la crisis financiera que vive la academia, pero advirtió que ese debate debe darse con calma y rigurosidad.

“La reforma busca incrementar los recursos de las universidades públicas al proponer que dichos recursos sean ajustados anualmente con base en el Ices o el IPC, pero no se especifica de dónde va a salir el dinero, no hay con qué, no hay concepto del Ministerio de Hacienda sobre el impacto fiscal. ¿De dónde sacarán el dinero?”, agregó el senador.

El Sistema Universitario Estatal prevé que varias instituciones podrían entrar en una situación de inviabilidad en caso de que el Congreso no le dé el visto bueno al proyecto de ley. Es decir, algunas están en una carrera contra el tiempo para estabilizar sus finanzas y seguir operando con normalidad. “La expectativa que tenemos es que la reforma se tramite. Si queremos una universidad pública fuerte, sólida y sostenible, es construyendo un nuevo modelo de sostenibilidad financiera. La realidad hoy es que a las universidades públicas nos toca sobrevivir y subsistir sobre una realidad compleja”, manifestó el SUE.

Aunque la pelota está en el Congreso, el Gobierno nacional y las administraciones locales tendrán que darles oxígeno a las instituciones hasta que se logre un cambio en la Ley 30. Mientras tanto, los estudiantes y profesores acudirán a las asambleas permanentes y manifestaciones públicas para presionar una pronta decisión.

El Ministerio de Educación le reconoció a SEMANA que, si bien el presupuesto asignado a este sector ha alcanzado su nivel más alto en la historia, persisten los desafíos estructurales e históricos que afectan la sostenibilidad financiera de las universidades, con intensidad en la Universidad de Antioquia.

“En respuesta, durante este Gobierno se ha establecido un compromiso sin antecedentes para financiar las IES públicas del país asignando recursos adicionales, que pasaron de 1,34 billones de pesos en 2023 a 1,38 billones en 2024, la mayor inversión de un Gobierno en educación superior en los últimos 30 años”, dijo la entidad.