¿Cuál es el balance judicial tras cinco años del atentado a la Escuela de Policía General Santander?

Mientras se adelantaban los actos de conmemoración, tras el ataque terrorista a la Escuela de Policía General Santander, en el sur de Bogotá, la Fiscalía reveló detalles de los logros alcanzados durante los cinco años de investigación. Son cinco condenas y un listado de cabecillas del ELN vinculados al proceso, con órdenes de captura internacional.

El ataque terrorista fue atribuido al Ejército de Liberación Nacional - ELN. Ocurrió el 17 de enero de 2019 y dejó 22 muertos, además de una decena de heridos. La Fiscalía General de la Nación abrió varías líneas investigativas divididas en la Delegada contra la Criminalidad Organizada, la Seccional Bogotá y la Delegada contra las Finanzas Criminales.

En la dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales se enfocan en los detalles y la responsabilidad de los determinadores del ataque, particularmente los cuatro integrantes del Comando Central del ELN - COCE y tres integrantes de la Dirección Nacional de esa agrupación ilegal.

“La Fiscalía logró la declaratoria de persona ausente de los procesados y les imputó los delitos de: homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y rebelión agravada. Asimismo, se obtuvieron órdenes de captura internacionales mediante notificación roja de Interpol”, señala un informe de la Fiscalía con los detalles de la investigación.

En esta misma línea de investigación se busca establecer la responsabilidad de quienes se encargaron de la logística y materialización del atentado. Seis personas ya fueron acusadas y el juicio se desarrolla ante un juez penal especializado de Bogotá.

• Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias Jesús o Barbas, quien habría recibido órdenes directas del Comando Central (COCE) del ELN para planificar el ataque a la Escuela General Santander.
• Angie Lorena Solano Cortés, alias Maco, señalada de acompañar en motocicleta el carrobomba activado en la escuela de cadetes.
• Jessica Catherine Barrientos Castilla, alias Jessica, sería integrante de la Comisión de Finanzas del Frente de Guerra Oriental del ELN.
• Miguel Antonio Castillo Rodríguez, alias Toño, propietario de dos empresas de producción y distribución de quesos ubicadas en Arauca y Bogotá que habrían servido para financiar la acción criminal.
• Álvaro José Mateus Vargas haría parte del componente financiero del denominado Frente de Guerra Oriental y habría aportado considerables sumas de dinero para la planeación y ejecución del atentado.

En la Dirección Seccional de Bogotá, también se adelantan varias investigaciones que concluyeron en condenas contra los responsables del atentado, como fue Ricardo Andrés Carvajal Salgal, señalado de guardar el carrobomba en una bodega y que luego explotó en la Escuela General Santander.

También fue condenado Wilson Arévalo Hernández, alias El Quesero o Chaco. La Fiscalía aseguró que fue la persona encargada de llevar el vehículo hasta la ciudad de Bogotá en noviembre de 2018 y que dejaron en una bodega que arrendó José Aldemar Rojas, para acondicionarlo con los explosivos.

Además de los procesos contra los responsables del ataque terrorista, la Fiscalía también abrió investigación de extinción de dominio y lavado de activos. Allí se estableció que Álvaro José Mateus Vargas, condenado, era el encargado de manejar las finanzas obtenidas por extorsiones y habría lavado dinero para el Frente Domingo Laín que delinque en Arauca, Boyacá y Casanare.

“Estas labores las cumpliría mediante una empresa de fachada dedicada a la venta, fabricación y transporte de quesos. La referida empresa contaba con vehículos “camionetas, furgones y camiones” que habrían sido utilizados para transportar estupefacientes hacia Bogotá y explosivos y material de guerra hacia Arauca”, señala el informe de la Fiscalía.

Como si fuera poco, otros tres condenados, Anyi Daniela Martínez, Sebastián Mateus Vargas, Carlos Felipe Mateus, terminaron en la cárcel y con una sentencia en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Estaba vinculados a la empresa de lácteos El Arauqueño, la cual sería responsable de haber financiado el atentado terrorista a la escuela General Santander.