El proyecto de borrón y cuenta nueva: ¿premio a los malapagas?

En medio de la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus, un proyecto de ley pretende darle un revolcón a la manera en que operan las centrales de riesgo, convertidas en un dolor de cabeza para millones de colombianos con deudas pendientes en el sistema financiero. La iniciativa, a la que le falta solo un debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, tiene sus detractores, entre ellos los gremios financieros y el Ministerio de Hacienda, que pide su archivo por inconveniente. ¿Qué está en juego y qué efectos podría traer?

El proyecto, impulsado por los senadores David Barguil (Conservador) y Luis Fernando Velasco (Liberal), se conoce con el nombre de borrón y cuenta nueva. En esencia ordena una amnistía por una sola vez para que los deudores se pongan al día en el primer año de vigencia de la ley y salgan de las llamadas listas negras. Además, los reportes solo podrían permanecer vigentes el mismo tiempo de la mora o máximo dos años. Hoy rige el doble del tiempo de la mora y máximo cuatro años.

El senador David Barguil dice que el proyecto busca darles una oportunidad a miles de colombianos que no pueden acceder a créditos formales. 

A propósito de la covid-19, la iniciativa contempla que todas las obligaciones contraídas antes y durante los seis meses siguientes a la finalización de la emergencia sanitaria “no podrán ser reportadas negativamente”. Si una persona tiene una deuda menor al 15 por ciento del salario mínimo (menos de 131.670 pesos), la entidad deberá notificarla dos veces antes de reportarla, para que tenga tiempo de cancelar la deuda.

Otro punto tiene que ver con la calificación crediticia, que deberá normalizarse al desaparecer el reporte negativo. Hoy si una persona está en mora, su calificación disminuye. Aunque cancele la deuda, la valoración no sube.

El debate en los próximos días promete ser intenso. Contrario a lo que señalan los promotores del proyecto, expertos de los sectores público y privado advierten la presencia de múltiples aspectos negativos.

El asunto es sencillo: las entidades financieras se sirven de la información de los usuarios con el objetivo de establecer de manera veraz el nivel de riesgo. Es decir, hasta qué punto las personas tienen cómo pagar el crédito.

Si los bancos no cuentan con esa información, se pueden generar dos efectos: o bien se cierra el acceso al crédito, o bien se encarece con tasas de interés más elevadas. Una de las preocupaciones es que esta tendencia se generalice.

El proyecto básicamente desaparece el historial de crédito de unas personas, que se supone resultarán beneficiadas con la medida. Y ante la mayor incertidumbre, a las personas y empresas que tienen poco o nulo historial crediticio les negarán reiteradamente los créditos o les saldrán demasiado costosos. Esta situación dejaría a muchos de estos usuarios en manos de los ‘pagadiarios’, que se convertirían en su única opción.

De hecho, el Ministerio de Hacienda ya pidió archivar la iniciativa, pues la considera inconveniente sobre todo para los usuarios buenapagas, más del 90 por ciento en el país.

“La eliminación de la información crediticia tendría el efecto de reducir el crédito y aumentar las tasas de interés, especialmente para los usuarios con mejor historial crediticio y de menores ingresos”, advierte la entidad.

No obstante, el senador Barguil refuta las críticas. “El historial crediticio de una persona está conformado tanto por datos positivos como por datos negativos. Es irresponsable afirmar que el proyecto va a desaparecer esa información. Lo que buscamos es darles una nueva oportunidad para acceder al crédito formal a cientos de miles de colombianos que hoy están en manos de los ‘pagadiarios’. ¿Y por qué están ahí? Porque el reporte que tienen, a veces por deudas muy pequeñas o por una crisis económica, los ha excluido del crédito, condenándolos a una muerte financiera”.

Pero el asunto no es solo con los bancos: aseguradoras, operadores móviles y otros actores de crédito utilizan muchos datos de las personas para evaluar su perfil de riesgo. Estas entidades miran ingresos, patrimonio, capacidad de pago y deudas activas, entre otros. Así, lo que contienen las bases de datos crediticias es materia prima para la toma de decisiones en el sector.

El Ministerio de Hacienda considera que el proyecto de borrón y cuenta nueva es inconveniente y ha pedido archivarlo.

El borrón y cuenta nueva para los reportados de forma negativa significa que no habría cómo diferenciar a los juiciosos de los malapagas, dejando a los bancos en una nebulosa sobre quién tiene capacidad de pago, quién se ha colgado con cuotas o, inclusive, quién, aún con reportes negativos, puede seguir respondiendo tranquilamente con una obligación.

En su defensa, Barguil dice que este proyecto incentiva la buena cultura del pago y ofrece una oportunidad a millones de colombianos de ponerse al día y recuperar su vida crediticia.

La regulación establece que las decisiones de crédito no se pueden tomar solo a partir de los reportes de estas bases de datos. Pueden darse casos en los que un usuario, a pesar de tener un reporte negativo, accede a un crédito, porque por ejemplo tuvo un incremento en su nivel de ingreso.

Para el Consejo Gremial, los prestamistas formales se verían forzados a tomar decisiones con los ojos vendados y con base solo en aspectos como el salario o los bienes, lo cual sacaría del plano a quienes tienen menores ingresos. “Si se insiste en este proyecto, la población colombiana quedaría aún más expuesta al crédito informal o gota a gota, al agiotismo y a la violencia de sus cobradores, impidiéndoles a millones de hogares salir del círculo de la pobreza”, agrega.

De paso, la ley afectaría a más de 3 millones de microempresarios, que verían bloqueado casi de manera permanente el acceso de nuevas fuentes de recursos. La presidenta de Asomicrofinanzas, María Clara Hoyos, dice con contundencia que el proyecto “les cerraría la puerta del crédito a los empresarios más pequeños del país”.

El mensaje de fondo es que esta ley premia a los malapagas, genera una cultura de no pagar (una vez haya una amnistía, van a pedir dos, tres y más) y muchos pueden pensar que pagar no paga. Como la confianza es la base del crédito y el crédito es la pieza clave de la economía, esto puede erosionar todo el sistema.

De acuerdo con Barguil, unos 8 millones de colombianos podrían volver al crédito formal. “La amnistía es por única vez, no se mantiene en el tiempo y, además, no se elimina el reporte negativo de alguien que no haya pagado. Si la persona no paga, seguirá reportada negativamente como corresponde. Ya se volvió cliché tildar de populista cualquier iniciativa que busque u otorgue un beneficio real a la gente”, señala.

Una reconocida fuente financiera dice que la mejor manera de reactivar la economía, en medio del coronavirus, será a partir de la información y los incentivos a las personas que mantienen al día sus obligaciones. La transición que establece el proyecto podría invisibilizar a quienes pagan a tiempo. “El que pague bien o el que no pague es igual”, asegura.

Si aprueban el proyecto, deberá pasar por el filtro de la Corte Constitucional. Las cuentas indican que, como se trata de una ley de habeas data, se demora seis o siete meses en estudio. La transición podría regir entre 2021 y 2022, lo que significaría que no habría información disponible en el momento en que más se requiere, una vez se reactive la economía.

En medio del debate, el representante Gabriel Santos, del Centro Democrático, incluyó una modificación que ha sido bien recibida. Consiste en obligar a reportar todas las operaciones a las centrales de riesgo, sin importar el valor.

Pese a las controversias y los reparos del Ministerio de Hacienda, el proyecto llegó lejos y está muy cerca de ser aprobado. ¿Habrá un cambio de rumbo en los próximos días?