¿Cuáles son los beneficios que la Corte Suprema le daría a investigados por escándalo en la UNGRD? Esto dicen expertos

Después de que la Corte Suprema de Justicia confirmó que se está evaluando darle beneficios judiciales a no aforados involucrados dentro del escándalo de la UNGRD, como son Olmedo López o Sandra Ortiz, SEMANA se contactó con varios expertos para conocer cuáles serían opciones que tendrían esos procesados por uno de los casos que más ha retumbado dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro.

El expresidente de ese alto tribunal, Jaime Arrubla, explicó que era “destacable la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tomada dentro de la investigación que se adelanta a un aforado, de otorgar beneficios de ley por colaboración a un testigo, a su vez investigado por la Fiscalía y quien no goza por aforamiento”.

Y es que el magistrado Misael Rodríguez, presidente de la Sala de Instrucción, decidió abrir la puerta de ofrecer beneficios judiciales a los no aforados involucrados en el caso de los cinco congresistas y un exrepresentante a la Cámara que hacían parte de la Comisión de Crédito Público, y terminaron salpicados por la contratación que se gestionó desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo a cambio de favorecer los créditos que solicitaba la Nación.

Sobre esa decisión que tomó el magistrado Rodríguez, Arrubla indicó que para hacerlo “supone de un acuerdo con la Fiscalía, pues la Corte no es competente para dar beneficios en un proceso, cuya investigación adelanta la Fiscalía y para una persona que no es un aforado. Los aforados tienen un sistema diferente al penal acusatorio“.

Tal como SEMANA reveló, la Corte Suprema estaría pensando en ofrecer beneficios judiciales a quienes no cuentan con fuero, como los senadores y representantes a la Cámara, dependiendo de la información, los documentos y demás elementos de interés, que permitan destapar todo el entramado de corrupción que se ejecutó desde la UNGRD. Allí se podría beneficiar los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla; la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz; y hasta Luis Eduardo López Rosero, el contratista que se quedó con la licitación para comprar 40 carrotanques para La Guajira.

Francisco Bernate, abogado de López Rosero, aseguró sobre esta decisión que “el tema sí resulta muy novedoso en la medida en que en la legislación procesal penal, los beneficios como principio de oportunidad, preacuerdos, se otorgan por un juez a solicitud de la Fiscalía General de la Nación. La Sala de Instrucción se rige por otras normas donde no están establecidos ni los preacuerdos ni los principios de oportunidad”.

Para Bernate, aunque la Corte suprema es el máximo órgano de la jurisdicción penal, todavía no es claro cuál sería el mecanismo para que los procesados e investigados por la Fiscalía, en el caso de la UNGRD, se puedan ver beneficiados por algún beneficio del alto tribunal.