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¿Cuánto cobraban en Registraduría y Cancillería para convertir a venezolanos en colombianos? Sacaron más de 600 identificaciones
La Fiscalía adelantó un operativo que permitió la captura de 31 personas señaladas de integrar esta millonaria red.
La tarifa para convertir a venezolanos o dominicanos, en colombianos, arrancaba en 2.000 dólares y podría llegar hasta los 4.000. Ese valor le cobraban los migrantes para facilitar su tránsito por Colombia y de ahí a los Estados Unidos. Una ruta cara, pero efectiva gracias al trabajo de los funcionarios de la Registraduría y Cancillería que facilitaron el tráfico.
Al menos 30 personas fueron capturadas en diferentes operativos que adelantó la Fiscalía con el apoyo de la Dijin y la participación de la propia Registraduría y la Cancillería de Colombia, todo con el objetivo de desarticular la organización criminal que, en distintas zonas de Colombia, captaba a migrantes para convertirlos en ciudadanos colombianos, gracias a la expedición de cédulas y pasaportes.
“Las personas capturas en Bogotá y distintas ciudades y municipios de los departamentos del Atlántico, Amazonas, Bolívar, Caquetá, Casanare, Córdoba, Cesar, La Guajira y Sucre presuntamente contribuían de manera coordinada en las actividades de la organización ilegal dedicada al trámite y suministro de registros civiles de nacimiento, cédulas de ciudadanía y pasaportes fraudulentos”, advirtió la Fiscalía.
Lo que logró establecer la Fiscalía, a través de la investigación, es que la red criminal, gracias a las actividades irregulares de los funcionarios públicos, entregaron más de 300 cédulas y 300 pasaportes a migrantes y de esta forma facilitar su traslado desde Colombia a Centroamérica y de ahí a los Estados Unidos.
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“Luego de una rigurosa investigación que condujo a la realización de la Operación ‘Europe Express’, la Fiscalía General de la Nación desmanteló un grupo de delincuencia organizado (GDO) dedicado a ofrecer y suministrar, desde Barranquilla, ‘servicios’ para la obtención de documentos de identidad colombianos fraudulentos a migrantes de República Dominicana y Venezuela”, señaló el ente acusador.
De acuerdo con los hallazgos, la red criminal estaba liderada por un ciudadano dominicano y una colombiana que tenían enlaces en diferentes zonas del país, incluso con funcionarios públicos para permitir no solo el tránsito de los migrantes, su estadía, sino garantizar la expedición de los documentos originales, suplantados de otros ciudadanos colombianos.
“Según la investigación, la red cobraba entre 2.000 y 4.500 dólares americanos por suministrar documentos falsos a migrantes, quienes con esas aparentes identidades colombianas viajaban a México o Guatemala para cruzar, por vía terrestre, a Estados Unidos. Algunos de ellos se dirigían a países europeos para quedarse allí o buscar por esa ruta ingresar a Norteamérica”, se conoció luego de las capturas.
Ante jueces de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación, imputará cargos por conductas relacionadas con delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito. Además, solicitará contra las 31 personas capturadas medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
“Al menos, 11 personas se encargarían de buscar a los migrantes para ofrecer, tramitar y obtener documentos adulterados. A su vez, 3 empleados y 6 exfuncionarios de la Registraduría estarían a cargo de ubicar registros civiles de personas no ceduladas para suplantarlas, mientras 3 empleados y 5 extrabajadores de la Cancillería se encargarían de “formalizar” en pasaportes las falsas identidades”, señaló el ente acusador.