Cuatro generales del Ejército a imputación de cargos por 442 falsos positivos en Antioquia entre 2004 y 2007

Los generales en retiro del Ejército Nacional Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, comandantes y jefe de operaciones de la Brigada IV entre 2004 y 2007, fueron llamados a imputación de cargos por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su presunta participación en 442 ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Antioquia.

En la citación se advierte que estos oficiales en retiro deberán responder por crímenes de lesa humanidad y de guerra, pues, con su actuar— como lo indicó la magistrada Catalina Díaz— lideraron la “política de facto de conteo de cuerpos” para inflar las cifras sobre operativos en contra de la subversión.

Durante la comandancia de estos generales en estas brigadas, civiles ajenos al conflicto fueron retenidos, asesinados y desaparecidos por los militares a su mando para presentarlos como “falsas bajas en combate” y así demostrar supuestos resultados operacionales.

En la imputación de cargos se advierte la presencia de dos civiles que habrían sido los encargados de contactar y reclutar a jóvenes de bajos recursos con falsas ofertas de trabajo y así llevarlos a donde se encontraban los militares.

“La Sala de Reconocimiento de Verdad confirma la comisión de actos de tortura contra las víctimas directas o sus familiares. Ocurrió en 22 casos con 41 víctimas, especialmente campesinos del Oriente Antioqueño”, explicó la magistrada Díaz, quien lidera el caso 03.

En este caso, advirtió que estas personas “fueron arbitrariamente acusados por los militares de ser guerrilleros, milicianos o colaboradores de las guerrillas, y torturados para que les entregaran información, material de guerra o a otros miembros de la guerrilla que supuestamente escondían”.

“La narrativa creada por los mandos y transmitida cotidianamente a sus tropas a través de los programas radiales fue que el buen soldado era aquel que producía bajas”, explicó la magistrada al citar los constantes mensajes que enviaban los comandantes de las respectivas brigadas todos los días a sus subalternos.

De esta forma, se creó una especie de “competencia” con el fin de mostrar que cada brigada conseguía mes a mes mejores resultados en la lucha contra los grupos guerrilleros. “El prestigio individual de soldados, suboficiales y oficiales, y colectivo de la unidad militar se construía, en muy buena medida, a partir del número de ‘bajas en combate’ que eran capaces de producir y reportar”, añadió.

En esta “competencia”, aquellos bloques o comandos que no demostraban “buenos resultados” o tenía una cifra inferior a la de los otros bloques, recibían todo tipo de regaños y humillaciones. Igualmente, se les quitaban varios beneficios de salidas y permisos.

“Las unidades que reportaban bajos números de muertos eran señaladas públicamente en las comunicaciones oficiales de los mandos con sus tropas como integradas por soldados perezosos, que se ‘estaban robando el sueldo’ o ‘comiendo los víveres’ sin trabajar, que ‘no hacían nada’, que no respondían al esfuerzo que hacía el pueblo colombiano para aumentar significativamente el presupuesto de las Fuerzas Militares”, detalló la magistrada durante el anuncio de la imputación.

La Sala de Reconocimiento tuvo en cuenta el hecho que en el ‘Plan Patriota’, que comenzó en el 2002, se fortaleció el discurso para mostrar cada vez más resultados para “solucionar el conflicto colombiano en el lapso de cuatro años” en el campo militar.

Por estos hechos, fueron vinculados 25 oficiales y diez suboficiales de seis batallones por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en la comisión de los crímenes.

De ser encontrados responsables, se enfrentan a una condena de 20 años de prisión.

Por estos mismos hechos, ya fue llamado a juicio el excomandante del Ejército Nacional, general en retiro Mario Montoya Uribe.