Nación
Decreto para atender la educación en el Catatumbo se podría caer en la Corte Constitucional
El procurador general, Gregorio Eljach, le pidió al alto tribunal que declaré “inexequible” ese decreto que atendería los proyectos en materia de educación en medio de la guerra en esa región del país.
Mientras que la Corte Constitucional sigue analizando la suerte del decreto madre que declaró la conmoción interior en el Catatumbo, la Procuraduría General le pidió que “tumbe” la resolución que dio medidas para atender la infraestructura y la dotación educativa de esa región del país.
La decisión firmada por el procurador Gregorio Eljach especificó: “Le solicita a la Corte Constitucional declare la inexequible del Decreto Legislativo 155 de 2025, “por el cual se adoptan medidas en materia de infraestructura y dotación educativa para los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media, y educación superior, en el marco del estado de conmoción interior decretado en la región del Catatumbo, el área metropolitana dé Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”.
Aunque la Procuraduría dio luz verde, pero con condiciones, sobre el decreto para atender el sector turismo, el concepto que le envió a la Corte Constitucional sobre la educación fue tajante y consideró que “no cumple el requisito de temporalidad”.
“Las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo 155 de 2025 son de carácter permanente, pues están destinadas a asegurar la creación de espacios que amplíen la oferta educativa en el nivel superior y de los cuales no se proyecta su suspensión, una vez se conjuren las causas perturbadoras del orden público y se levante el estado de conmoción interior declarado mediante el Decreto Legislativo 62 de 2025”, explicó la Procuraduría en el documento que le envió al alto tribunal.
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El ente de control también manifestó que el Ministerio de Educación argumentó que el financiamiento para los proyectos en el Catatumbo se realizaría a través de la celebración de contratos de fiducia mercantil, los cuales funcionan bajo normas de derecho privado, pero eso podría causar inconvenientes cuando se levante la conmoción interior.
Por eso Eljach manifestó: “Si se lograran completar las obras, no hay claridad sobre las fuentes de financiación para su mantenimiento o adecuación adicional futura en periodos de normalidad, puesto que ni el Fodesep, por vía ordinaria, ni el FFIE, en virtud de la norma bajo estudio, contarían con la competencia para destinar recursos sobre este tipo de infraestructuras”.
Razón suficiente para que la Procuraduría le manifestara a la Corte Constitucional que la permanencia de este tipo de medidas vulneraban completamente la naturaleza de un estado de excepción. “El Decreto legislativo de desarrollo aborda el tema educativo, no desde los impactos directos ocasionados por la escalada de la violencia (…), sino desde la problemática estructural relacionada con la baja tasa de tránsito inmediato a la educación superior de los jóvenes habitantes de la región del Catatumbo y la falta de oferta educativa”.
