Judicial
Defensa de Miguel Uribe Turbay alertó ante la CIDH “grave injerencia” del Gobierno Petro en investigación por el atentado
El abogado Víctor Mosquera presentó ante el organismo internacional nuevas pruebas que demuestran las fallas en el esquema de seguridad del senador y precandidato presidencial.
Este miércoles 30 de julio, el abogado Víctor Mosquera presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nuevas pruebas sobre lo que considera una omisión en el esquema de seguridad y protección del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado sicarial el pasado 7 de junio.
Por estas graves omisiones, el abogado pidió que se les otorguen medidas cautelares de protección urgentes a los familiares del senador y a varios integrantes del Centro Democrático, “de cara al proceso electoral” que se realizará en menos de un año.
Igualmente, ante el organismo internacional, el jurista aseveró que desde el Gobierno nacional se han presentado “graves injerencias” en la investigación que busca identificar a los autores intelectuales y determinadores del atentado.
“El Gobierno nacional, a través del presidente, ministros y agentes del Estado, ha divulgado información no corroborada por la Fiscalía, señalando a grupos armados ilegales sin pruebas concluyentes. Esta conducta no solo entorpece el proceso investigativo, sino que constituye una forma de estigmatización contra la oposición”, explicó Mosquera.
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Además, alertó que las autoridades están en mora de procesar a los implicados por el delito de terrorismo, al considerar que, con la ejecución del plan criminal, se sembró miedo y zozobra en toda la comunidad.
A su consideración, también se afectó el proceso democrático.
“Este atentado no solo buscó atentar contra la vida de Miguel Uribe Turbay, sino generar pánico en la población civil y amedrentar a la oposición”, señaló el abogado tras salir de la sede de la CIDH en Washington (Estados Unidos).
Casi dos meses después del atentado, pareciera —enfatizó el representante de Miguel Uribe Turbay— que las autoridades no han notado la gravedad de lo ocurrido.
“Calificarlo como terrorismo es fundamental para dimensionar la gravedad del hecho y aplicar las sanciones más severas contempladas en la ley”, explicó.
Discursos de odio
En su presentación de pruebas por medio de tres informes documentales ante el organismo internacional, el abogado indicó que se han realizado varios intentos para el desvío de las líneas de investigación dirigidas a identificar al grupo que ordenó el atentado sicarial.
Por esto, enfatizó que el Estado colombiano debe abstenerse de señalar responsables sin el debido proceso y solicitó a la CIDH que inste a las autoridades a garantizar una investigación imparcial y transparente.
Para el abogado, son más que evidentes las falencias en el esquema de seguridad y protección asignado al dirigente político por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), organismo que ignoró 51 solicitudes formales de refuerzo pese a la condición de precandidato presidencial y líder opositor al Gobierno Petro y sus políticas.
“El error fue de la UNP, que desatendió las solicitudes de protección elevadas por Miguel Uribe Turbay. Se acreditó ante la CIDH cómo se le negó un esquema adecuado, dejándolo expuesto en un contexto de amenazas crecientes”, detalló.
En una rueda de prensa a la salida de la sede de la CIDH, el abogado aseguró que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha sido informado de la situación, en especial sobre los discursos de estigmatización del Gobierno colombiano, y que espera pronunciamientos adicionales de la comunidad internacional.
La presentación de la documentación ante la CIDH se conoce pocas horas después de que se fugara un menor de edad, quien aseveró ante la Fiscalía General que había tenido participación en la logística del atentado.
