Defensa de Uribe cuestiona imparcialidad de la jueza e insiste en que se declaren ilegales las interceptaciones al expresidente

Este jueves se reanudaron las audiencias preparatorias en el juicio que se adelantará contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.

En su intervención, el abogado Jaime Granados Peña, quien lidera la bancada de defensa del exmandatario, le pidió a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revisar varias pruebas técnicas, documentales y testimoniales que no fueron tenidas en cuenta por la jueza.

El penalista pidió que se declaren ilegales las interceptaciones telefónicas que realizó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2018, y las cuales reconoció que se hicieron por “error”. En esa oportunidad se registraron las conversaciones entre Uribe y el abogado Diego Cadena.

Para Granados, esto representa una clara vulneración de los derechos del expresidente puesto que, pese a que la Corte reconoció la falla, la interceptación fue utilizada para acusar al expresidente, sosteniendo que “por su importancia jurídica” era clave para la etapa de juicio.

En su argumentación, el defensor del procesado señaló que esto va en contravía del secreto profesional que existe entre abogado y cliente, que está protegido por la Constitución Política y la ley. Asegurando que existe evidencia documental que demuestra que el expresidente le había dado el poder a Cadena para que lo representara.

Igualmente, advirtió que claramente desde el minuto uno los investigadores encargados de realizar la interceptación se dieron cuenta de que la persona que aparecía en los registros telefónicos era el expresidente Uribe. Esto por su voz tan reconocida en todo el país.

De esta forma, el abogado aseguró que hay una evidente parcialidad por parte de la jueza de conocimiento que adelanta la diligencia y que con un argumento, bastante cuestionable, avaló la admisión de estas interceptaciones señalando que será en la etapa de juicio cuando se determine si fueron recolectadas o no de manera ilegal.

“Existe un claro prejuzgamiento que compromete la imparcialidad judicial de la primera instancia”, aseveró Granados. “Se violenta el debido proceso, se pone en tela de juicio la imparcialidad del funcionario de primera instancia, pero además se le conculca su derecho a que se respete el debido proceso”, dijo.

En su extensa intervención, el jurista aseguró que la ley es clara en que en el juicio prima la presunción de inocencia. “Realmente toma posturas que afectan la imparcialidad para negar la exclusión y luego toma distancia para garantizar la imparcialidad que ya está bastante desdibujada”, añadió.

“¿No se puede tomar a una persona como responsable hasta que no sea vencida en un juicio?”, agregó. “¿Acaso la norma rectora que rige la presunción de inocencia de la Ley 906 de 2004 no es de tal alcance o magnitud que diga que no solamente toda persona se presume inocente, sino que debe ser tratada como tal, hasta que no quede demostrada como culpable hasta que no quede en firme la decisión judicial?”, cuestionó.

El abogado reprochó la actitud de la jueza al validar esta prueba, asegurando que se estaría demostrando la existencia de un delito. “La Constitución no se puede tomar a pedazos, ni a conveniencia. Las garantías nos convierten en la diferencia entre un Estado arbitrario y uno democrático”, explicó.