Nación

Defensa de víctima de feminicidio en Putumayo reclama por estrategias machistas para dilatar proceso y lograr la preclusión

Se trata del caso del asesinato de una mujer, en el cual, en medio del juicio, el abogado maltrató a la jueza. De fondo hay un intento de dilatar el proceso.

23 de abril de 2025, 11:46 p. m.
Feminicidio - Violencia contra la mujer
| Foto: Getty Images

Violencia de género y machismo, esos dos factores se han conjugado en el juicio por un caso de feminicidio ocurrido en Putumayo, en el que, en medio del proceso, el abogado del presunto homicida arremetió contra Andrea Arteaga, la jueza Primera Penal de Mocoa, generando incluso investigaciones de la Comisión de Disciplina Judicial y de la Fiscalía.

En el crimen murió Mónica Patricia Guerra, presuntamente a manos de John Eduardo Pardo. Pero, llama la atención que el abogado del presunto feminicida, Jaime Cabrera, no solo ha buscado la forma de dilatar el proceso, sino que atacó a la jueza. Dos hechos de violencia contra las mujeres en un mismo juicio.

Mario Iguarán Exfiscal general
Mario Iguarán, exfiscal general. | Foto: foto: guillermo torres-semana

“Ante la evidencia de las pruebas que se han practicado en el juicio, el abogado Jaime Cabrera y John Eduardo Pardo como acusado, han buscado de todas las maneras posibles dilatar el proceso para lograr una prescripción, razón por la cual han atacado incesantemente, como ya ha sido costumbre tanto por el abogado como por el acusado, a la señora juez y a los demás sujetos procesales, todo esto para evitar que se haga justicia y se pueda conocer la verdad sobre los hechos en lo que fue asesinada vilmente la señora Mónica Patricia Guerra”, explicó Iguarán.

El caso, que está siendo dilatado, según Iguarán, es grave y deja ver la violencia de John Eduardo Pardo y así se lee en el escrito de acusación.

“El señor John Eduardo Pardo Narváez, por sí mismo, disparó en una ocasión con un arma de fuego y causó lesiones que provocaron la muerte de la señora Mónica Patricia Guerra Cajigas; pero primero la golpea físicamente y le ocasiona lesiones de fractura de nariz y herida en el labio superior que la colocan en situaciones de indefensión y se aprovecha de su inferioridad por su condición de mujer que no tiene la fuerza para repeler un ataque. Además, los motivos del crimen resultaron ser pasionales y la última dada su condición de mujer”, se lee en el contundente relato de la Fiscalía.

Por eso el abogado de la víctima advierte que “el caso en el que el abogado Jaime Cabrera —en tanto defensor de John Eduardo Pardo Narváez, atacó y vulneró los derechos de la señora juez Andrea Carolina Arteaga Juajibioy— ha mostrado a la opinión pública no solo el lado más machista con el que se puede litigar, lo que amerita las investigaciones y sanciones disciplinarias e incluso penales a que haya a lugar, sino que ha revelado un modus operandi en el caso que lleva la señora juez y que, precisamente, trata sobre un delito de feminicidio".

El caso

Andrea Arteaga, la jueza Primera Penal de Mocoa, habría terminado amenazada e intimidada por Jaime Cabrera, abogado de un procesado por el delito de feminicidio en el departamento de Putumayo.

La Comisión de Disciplina Judicial alertó el grave riesgo en el que estaría la funcionaria judicial y le pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tome medidas necesarias para proteger la vida de la juez Arteaga.

Desde la Comisión de Disciplina explicaron: “La información recopilada da cuenta de varios hechos que tendrían la connotación de violencia de género, algunos de ellos ocurridos durante la última audiencia celebrada el 11 de marzo en el Palacio de Justicia de Mocoa”.

El abogado Cabrera también es señalado, según la información que le llegó a la Comisión, de gritar, descalificar a la juez y, al parecer, hacer comentarios sobre su rutina y sus movimientos; esa información encendió más las alarmas de las autoridades.

“Los acontecimientos, que incluyen un llamado de la juez a la Policía Nacional por el comportamiento del abogado durante una de las diligencias realizadas en estrados, llevaron a la Defensoría del Pueblo a elevar un requerimiento a la UNP para que evalúe las condiciones de seguridad de la afectada y adopte las medidas pertinentes”, detalló la CNDJ.