Judicial
Defensa del expresidente Uribe pone en evidencia los “lapsus” de la investigadora del CTI
Luz Mireya López, citada como testigo de la Fiscalía, ha sido la encargada de introducir al juicio las pruebas documentales y técnicas recolectadas en la investigación.

Ya cumple tres días la declaración de Luz Mireya López, la investigadora del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que fue citada como testigo de la Fiscalía General para introducir las pruebas documentales, técnicas y testimoniales recolectadas en la investigación que se adelantó desde 2018 en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta presión a testigos.

En medio del contrainterrogatorio, Juan Felipe Amaya, quien funge como abogado suplente del exmandatario, le pidió a la testigo hacer varias aclaraciones sobre cómo se recopiló evidencia clave en este expediente, entre esta, interceptaciones a unos abonados telefónicos, uno de los cuales era la línea del expresidente Uribe.
La investigadora del CTI, en las extensas audiencias, mencionó la existencia de un informe de Policía Judicial, fechado el 31 de mayo de 2019, realizado por orden del magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, César Augusto Reyes.

“Usted dijo en respuesta a la Fiscalía: ‘En auto del 23 de julio de 2018, el doctor César Augusto Reyes Medina me está ordenando’, y ahí siguió su intervención. Quiero preguntarle sobre esa afirmación que hizo en esa oportunidad. ¿Esa afirmación es correcta?”, preguntó Amaya.
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Frente a esto, la testigo respondió: “No, no, debió haber sido 2019. En 2018 no”. El abogado le puso de presente que para ese momento la mencionada Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema no funcionaba: “Entonces fue un lapsus, un error involuntario, ¿no es correcto?”.

En varias oportunidades durante la audiencia, la investigadora del CTI se mostró dubitativa, contrariando muchos de los datos que entregó en diligencias pasadas. En estos episodios, respondió: “No recuerdo muy bien” o “la verdad, no tengo conocimiento, no tengo acceso a todo el proceso”.
A primera hora, la investigadora del CTI reconoció que desde la misma Corte Suprema de Justicia le entregaron los dos números telefónicos que debían ser verificados.
“En el oficio, en el cual se le comunicaron a usted el 22 de febrero (de 2018) esas órdenes, a Policía Judicial se le hacían explícitos los números telefónicos sobre los cuales debía pedir los datos biográficos”, cuestionó el abogado.

Frente a este interrogante, la testigo solamente atinó a decir “no”. El abogado Amaya continuó sus preguntas, con el fin de saber quién le proporcionó los dos números telefónicos para hacer la respectiva verificación con las empresas de telefonía celular.
“Yo me dirijo a la Corte y averiguo cuáles son esos números telefónicos por los que toca averiguar o solicitar la información, y es ahí donde me entregan esos números”, respondió la investigadora.
“Hablo con la magistrada auxiliar y le digo que recibí el auto y me gustaría saber cuáles son esos números telefónicos a los que hace referencia”, detalló la testigo. Por ello, el abogado del exmandatario le preguntó por el nombre de la magistrada auxiliar que le proporcionó esa información.
A la pregunta, la testigo respondió claramente: “A la doctora Sandra Lucía Yepes”.
La investigadora también ha puesto de presente los videos grabados en la cárcel La Picota, de Bogotá, que registraron las conversaciones entre el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y el abogado Diego Cadena.