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Defensor advierte que excombatientes y líderes sociales del ETCR Pondores han sido víctimas de amenazas: “no podemos permitir que sean asesinados”
El defensor del Pueblo hizo un llamado al Gobierno nacional para avanzar “decididamente” en el cumplimiento del acuerdo de paz.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, visitó el Espacio Territorial de Capacitación y Reconciliación (ETCR) Amaury Rodríguez, ubicado en la vereda Pondores del municipio de Fonseca, en La Guajira. Su visita tenía como objetivo participar en la Subcomisión Técnica Territorial de Participación para Garantías de Reincorporación de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y respaldar las peticiones de los excombatientes que residen allí ante las autoridades.
Durante su visita, el defensor Camargo expuso a las autoridades presentes las amenazas, señalamientos y estigmatizaciones que, de acuerdo con la entidad, enfrentan los líderes sociales y los proyectos de reinserción. Este espacio territorial, conformado tras el proceso de paz con las Farc, alberga a excombatientes que se dedican a emprendimientos productivos, como granjas avícolas.
Durante la reunión con representantes de la población excombatiente, el defensor del Pueblo recordó que en septiembre del año pasado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) había ordenado a cinco entidades evaluar el riesgo de esta población en La Guajira, instando a la Fiscalía, la Procuraduría, la UNP, el Gaula de la Policía y el Ministerio de Defensa a llevar a cabo estudios de riesgo individuales y colectivos desde sus respectivas unidades.
Ante las denuncias continuas, Camargo Assis reiteró su llamado a las autoridades locales y nacionales para realizar nuevos estudios de riesgo de manera urgente y tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de los excombatientes y líderes comunitarios en la zona. “No podemos permitir que más excombatientes sean asesinados, ese no es un mensaje positivo para avanzar en la consolidación de la paz”, recalcó Camargo.
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Por último, el Defensor del Pueblo instó al Gobierno nacional a avanzar decididamente en el cumplimiento de todos los puntos del acuerdo de paz con las antiguas Farc. Destacó que el Gobierno no puede descuidar las expectativas de los excombatientes y enfatizó la necesidad de cumplir con los proyectos planteados y promover la sostenibilidad del proceso.
En momento de tensión política, el funcionario aseguró que se requiere fortalecer el trabajo de la institucionalidad del Estado para avanzar de manera decidida en el cumplimiento de los proyectos planteados para los excombatientes. “Hay que cumplirle a quienes se desvincularon y apostaron por la paz, poniendo en marcha sus iniciativas y proyectos productivos, para garantizar la sostenibilidad del proceso”, recalcó.
Y añadió: “Se requiere avanzar en la garantía de los derechos de esta población para enviar mensajes favorables a los integrantes de los grupos armados ilegales que actualmente adelantan diálogos en el marco de la propuesta de paz total del Gobierno nacional”.
Cabe recordar que, en marzo pasado, la Defensoría del Pueblo había expresado su rechazo hacia las amenazas dirigidas hacia los hombres y mujeres que firmaron el acuerdo de paz y se han acogido al ETCR Mariana Páez, en el municipio de Mesetas, en el Meta.
Unas 200 familias, entre las que se encuentran 86 mujeres cabezas de hogar y 80 niños, incluyendo personas con discapacidad y adultos mayores, de acuerdo con la entidad, han sido amenazadas con la posibilidad de ser asesinadas si no abandonan la zona en el plazo de un mes. La Defensoría del Pueblo considera que es “urgente que sean protegidos y se mantengan de forma segura con sus proyectos de vida en sociedad”.
Ante el comunicado en el que las personas reincorporadas denunciaron que debían “abandonar la tierra que nos acogió en la transición, nuestro Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, que cariñosamente llamamos ‘Mariana Páez’”, la Defensoría del Pueblo, a través de la Regional del Meta y la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, se encuentran en el territorio y buscarán la actuación de las autoridades, locales y nacionales, para la activación de los mecanismos de alerta y respuesta rápida.