Defensor del Pueblo radicó proyecto de reforma a la Ley de Víctimas; ¿qué busca cambiar?

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, presentó un proyecto de reforma a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras 1448 de 2011, creada con el fin de abordar de manera directa los problemas estructurales que han dificultado la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia, más de 10 años después de su sanción. La iniciativa legislativa reconoce, de acuerdo con el funcionario, la deuda histórica con las víctimas y reconoce los retos significativos que el Estado enfrenta en el proceso de su reparación integral.

El proyecto propuesto por la Defensoría del Pueblo tiene como objetivo la implementación de técnicas y programas de atención y reparación a las víctimas desde un enfoque de exigibilidad de derechos. En su contenido se incluyen tres nuevos artículos en la Ley 1448 y se propone modificar 28 de sus artículos, junto con otras disposiciones, para abordar de manera integral la situación actual de las víctimas del conflicto armado interno, tomando en cuenta las particularidades de los territorios y las profundas diferencias culturales del país.

El defensor del Pueblo, al presentar la iniciativa legislativa, destacó que esta fomenta un enfoque de derechos exigibles y prácticos para las víctimas, especialmente reconociendo los derechos de los menores de edad desde una perspectiva integral.

“La iniciativa legislativa que presentamos fomenta el tránsito hacia un enfoque de derechos exigibles y prácticos para las víctimas, reconoce los derechos de niñas, niños y jóvenes desde su integralidad, afronta el nefasto hecho de la orfandad de los menores de edad víctimas del conflicto, aborda de forma amplia los derechos de las víctimas en el exterior, fortalece el derecho a la participación como aspecto cardinal para la reconciliación e instituye enfoques diferenciales de mayor rigor para el reconocimiento de las diversidades en el país”, aseguró el defensor Camargo Assis.

El funcionario público también destacó la importancia de optar por un enfoque integral de derechos humanos para la dignificación de las víctimas, asegurando que la garantía real y práctica de sus derechos económicos, sociales y culturales es esencial para lograr transformaciones fundamentales y el pleno ejercicio de ciudadanía de las víctimas en el país.

“Hemos comprendido la necesidad de optar por un enfoque integral de derechos humanos, porque desde la Defensoría del Pueblo entendemos que la dignificación de las víctimas se construye a través de la garantía real y práctica de sus derechos económicos, sociales y culturales, en aras de lograr las trasformaciones fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía de las víctimas en Colombia”, añadió Camargo Assis.

De igual forma, la Defensoría del Pueblo reconoce los esfuerzos del Gobierno nacional en el proceso de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, pero también identifica que persisten obstáculos y retos para la correcta implementación de la Ley de Víctimas y el proceso de reparación integral.

“Este proyecto de ley es el resultado de un ejercicio descentralizado en el que obtuvimos aportes y recomendaciones a través de una encuesta aplicada en los territorios y en el proceso de acompañamiento a las mesas departamentales de víctimas en Vichada, Boyacá, Nariño, Cauca, Quindío, Tolima, Caldas y Valle del Cauca, entre otros lugares claves, en un proceso de escucha activa, en el que también participaron las entidades que componen el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas”, afirmó.

La entidad enfatizó que garantizar los derechos de las víctimas y avanzar en el proceso de reconciliación nacional son pilares fundamentales de su misión institucional. Por ello, solicitó el apoyo del Gobierno del presidente Gustavo Petro y de todos los partidos políticos en el Congreso para respaldar este proyecto, que “reconoce y vincula intereses de diversos sectores y, sobre todo, prioriza los derechos de las víctimas del conflicto armado, en concordancia con los estándares internacionales requeridos para la justicia transicional”.