Nación
Defensoría advierte sobre tendencia a la intensificación del conflicto en el Catatumbo y limitada capacidad de contención
El despacho que dirige la defensora Iris Marín presentó un informe sobre la crisis que se vive en esa subregión del país. Estos son sus detalles.
La Defensoría del Pueblo detalló en un informe que el Catatumbo está en un escenario de intensificación de la disputa territorial, en el que se están utilizando métodos de guerra no convencionales, patrones recurrentes de confinamientos, desplazamientos masivos y restricciones a la movilidad.
Esa situación se debe al recrudecimiento de la disputa entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc que se da en un escenario en el que, además, se está presentado una consolidación territorial del ELN en municipios como Ocaña, Convención y Sardinata, que está manteniendo un régimen de control de facto sobre las comunidades.
A esto se suma el ingreso del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) a esas dinámicas, que ha proyectado su incidencia en el sur de Cesar, Bolívar y Magdalena Medio, aportando un ingrediente más al complejo panorama de orden público.
“Los escenarios planteados reflejan una tendencia clara hacia la intensificación del conflicto armado en el Catatumbo. Pese al despliegue militar en el marco del estado de conmoción interior, persiste una limitada capacidad de contención efectiva del conflicto”, consideró la entidad en su informe.
Bajo ese escenario, la Defensoría presentó una serie de recomendaciones para las instituciones del Estado en las que les pide avanzar en la caracterización de las víctimas, coordinar la atención social y humanitaria y fortalecer la acción de la Fuerza Pública garantizando el respeto al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos.
Sumado a esto, instó a aclarar la finalidad de la zona de ubicación temporal (ZUT) en la que están los integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc y atender la situación de desplazamiento formulando planes integrales de retorno, reubicación y reunificación familiar.
El despacho que dirige la defensora Iris Marín ve necesario que los funcionarios del alto gobierno se retracten de las declaraciones que estigmatizan a organizaciones sociales y funcionarios públicos y también reclama que se implementen medidas de protección para líderes y lideresas sociales y personas defensoras.
En ese sentido, planteó que se formalice y adopte un “Pacto Catatumbo” con el que se establezcan rutas de protección, asistencia, denuncia y judicialización en casos de trata de personas. También reclamó implementar equipos de acción inmediata para la prevención del reclutamiento.
En su informe, la Defensoría recordó que le pidió al Gobierno revisar la proporcionalidad de la declaración de conmoción interior en el Catatumbo, medida que terminó levantándose el pasado 24 de abril.
“Aunque se constata una progresiva mejora en el orden público, el Gobierno nacional reconoce que persisten condiciones adversas —especialmente en zonas rurales y comunidades vulnerables— que justifican la prórroga de algunas de las medidas extraordinarias previamente adoptadas a través de los decretos de desarrollo”, detalló esa entidad.
El despacho de Marín ve necesario que se den garantías a los firmantes de la paz, líderes, defensores de derechos humanos e integrantes de comunidades indígenas que están en esa subregión del país.
