Demanda de nulidad tendría en vilo el decreto que expidió el Gobierno Petro para adelantar el cobro de la retención en la fuente

Un día después de que el Gobierno Petro confirmó por decreto adelantar el cobro de la retención en la fuente para el año 2026, al Consejo de Estado llegó la primera demanda contra esa directriz, que ahora podría terminar en riesgo dependiendo del análisis que hagan los magistrados de ese alto tribunal.

La demanda fue radicada por el coronel (r) Carlos Javier Soler, exsecretario de Seguridad de Cali y exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, contra el presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian).

En el documento conocido por SEMANA se detallan las pretensiones: “Que se declare la nulidad por inconstitucionalidad del Decreto 0572 de 2025, por violar de manera flagrante la Constitución Política de Colombia, en particular el principio de legalidad tributaria”.

Lo cierto fue que la demanda llegó horas después de que el Ministerio de Hacienda expidió el decreto que aumenta la tarifa de retención en la fuente para varios sectores de la economía y adelantaría el pago del impuesto. La medida tendría un impacto en el bolsillo de las empresas.

Por eso, el coronel (r) Soler también expuso en el recurso: “Que se decrete la suspensión provisional del decreto demandado, como medida cautelar urgente, para evitar afectaciones irreparables al patrimonio de los ciudadanos y a la economía nacional”.

Ahora el Consejo de Estado tendrá que verificar si la demanda cumple todos los parámetros jurídicos, para admitirla y empezar su estudio, que podría terminar dejando sin efectos el decreto con el que el Gobierno pretende recaudar 14 billones de pesos, según cálculos de Fedesarrollo.

Para el demandante, el decreto violó directamente varios artículos de la Constitución, teniendo en cuenta que el Congreso de la República sería el único competente para establecer tributos y definir elementos esenciales como la base gravable, las tarifas y los sujetos pasivos.

“El artículo 338 C.P. señala expresamente: ‘En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los tributos’”, dice la demanda.

Por eso el accionante plantea que el decreto modifica elementos esenciales del impuesto como el hecho generador, al redefinir las condiciones de la retención; la base gravable, al modificar rangos de ingreso y aplicar tarifas anticipadas; asimismo, los sujetos pasivos, teniendo en cuenta que se incluyeron nuevas categorías “sin mediación legal”.