Demanda de Thomas Greg and Sons por licitación para pasaportes es suspendida por un mes: así lo decidió el Tribunal de Cundinamarca

Todos los ojos están puestos sobre la demanda, con muy grandes posibilidades de ganar, que presentó la multinacional Thomas Greg and Sons contra la Cancillería luego que le arrebataran el contrato para fabricar los pasaportes de los colombianos, que ya habían ganado en una licitación. El espinoso proceso es llevado en el Tribunal de Cundinamarca, y aunque se sabía que iba para una decisión rápida, este miércoles se conoció que la demanda fue suspendida por un periodo de 30 días.

Con ponencia de la magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada se advirtió que en este proceso la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que representa los intereses del gobierno no ha intervenido en el estudio de la acción judicial presentada por la multinacional y con la que busa una reparación económica cercana a los 117.000 millones de pesos por las afectaciones que le causó la decisión de la Cancillería de declarar desierto el proceso licitatorio.

Recientemente, la apoderada de la Agencia Jurídica le había advertido al Tribunal su intención de intervenir y sentar su posición frente a las pretensiones de la acción judicial en su calidad de “interviniente”, por lo que pidió suspender los términos del proceso.

Tras presentar un recurso de aclaración ante el despacho de la magistrada ponente, la apoderada de la Agencia Jurídica presentó el 6 de agosto una solicitud para acceder a todo el expediente asegurando que había tenido una “imposibilidad” para “ver actuaciones clasificadas”.

El pasado 2 de agosto, el mismo Tribunal Administrativo había anunciado una “sentencia anticipada” en este expediente tras considerar que ya se habían recibido todos los conceptos y evaluado las pruebas documentales que se habían ordenado para el respectivo estudio.

En esa oportunidad se rechazaron algunas de las peticiones hechas por la defensa de la Cancillería al advertir que los testimonios solicitados eran “inconducentes e inútiles” para el estudio del caso pues no tenían relación con “los antecedentes de la licitación pública que ya obran en el expediente y a los aspectos técnicos de los pasaportes electrónicos”, añadió.

En la demanda presentada por Thomas Greg se advierte que la Cancillería, más precisamente el Fondo Rotatorio del Ministerio, había incurrido en varias irregularidades al suspender de tajo todo el proceso licitatorio, advirtiendo que nunca se presentó una justificación de peso.

Para los apoderados de la multinacional, que tenía el contrato para los pasaportes desde hace tres décadas, el gobierno anuló de manera irregular todo el proceso de licitación al cual se habían presentado mediante la Unión Temporal Pasaportes 2023.

Por las presuntas irregularidades que se presentaron al suspender la licitación, la Procuraduría General le abrió un juicio disciplinario a Álvaro Leyva Durán. El sentido del fallo en primera instancia se emitirá en los próximos días.

Para el organismo de control disciplinario el entonces Canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias por declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.

En segundo lugar, Sala Disciplinaria de Instrucción advirtió que se habría presentado un error al decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.

Por estos hechos, el 24 de enero se suspendió a Leyva de su cargo de manera provisional con el fin de evitar afectar el proceso de contratación que cursaba en la Cancillería, teniendo en cuenta el rol que tenía como ordenador del gasto del Ministerio.