Demandante pide “celeridad” para definir acción judicial contra nombramiento de Gustavo Bolívar como director del DPS

SEMANA conoció en primicia el documento radicado ante el Consejo de Estado en el que se pide “un impulso procesal” para resolver la demanda presentada en contra del nombramiento de Gustavo Bolívar Moreno como director del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

En el documento enviado por el abogado Samuel Alejandro Ortiz se señala que pese a que la demanda fue presentada el pasado 25 de abril hasta la fecha no se ha definido si fue admitida o no. “Me permito solicitar respetuosamente el presente impulso procesal”.

Debido a que no se ha emitido un pronunciamiento de fondo en dos meses, el demandante le pidió a la magistrada Gloria María Gómez Montoya, se la Sección Quinta, pasar a la siguiente etapa procesal.

“Esto es, proferir auto inadmisorio de la demanda declarando falta de competencia, pues a efectos de determinar el juez competente para conocer y decidir la controversia que pretende proponer el demandante, el despacho considera necesario establecer la naturaleza jurídica del cargo en el cual fue nombrado el señor Gustavo Bolívar Moreno”, asevera el accionante.

En este sentido, señala que el expediente deberá pasar a estudio del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que deberá definir si Gustavo Bolívar cumple o no los requisitos para este cargo directivo. “Esta decisión debe tomar como base el principio de celeridad procesal y garantizar el derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia, de conformidad a la normatividad vigente y la jurisprudencia de las Altas Cortes”.

En la demanda se advierte que Bolívar no tiene la experiencia para ocupar este importante cargo. “Conforme a la hoja de vida publicada en el portal de aspirantes, el señor Gustavo Bolívar no certifica, conforme a los estudios y experiencia con que cuenta, reunir los conocimientos básicos o esenciales”.

Para el demandante, Bolívar -una de las personas más cercanas al presidente Petro- recibió esa designación por esa cercanía y no por sus capacidades o experiencia en el sector, pese a la importancia, los recursos económicos y proyectos que maneja el Departamento, entre las que se encuentran la creación y puesta en marcha de políticas públicas para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de territorios, la atención y reparación a víctimas de la violencia, la atención a grupos vulnerables, población discapacitada y la reintegración social y económica.

“Se ha podido evidenciar que el nombramiento se efectuó sin que el nombrado reuniera los conocimientos y competencias que la Constitución, la ley, los reglamentos y el manual de funciones y de competencias laborales exijan para el desempeño del cargo y se vulneró, de igual forma, el principio de igualdad y se ha configurado una manifiesta desviación de poder por parte del Gobierno Nacional en cabeza del presidente de la República, que es quien tiene la facultad para designar a los directores de los Departamentos Administrativos”, señala uno de los apartes de la demanda.

Teniendo en cuenta la hoja de vida que se montó al sistema se ve que Gustavo Bolívar tiene solamente cinco años de experiencia en el sector público, haciendo mención al tiempo en el que estuvo en el Senado. En 2018, pocos meses después de su elección, renunció para aspirar a la Alcaldía de Bogotá.

Igualmente, se señala que no es clara la formación profesional de Bolívar, quien inició estudios de comunicación social. En el documento, que es público, el director del DPS manifiesta que tiene un manejo “regular” del idioma inglés, pues marco la casilla “R” al indicar si “lo habla, lo escribe, lo lee”.

“La desviación de poder se ha manifestado en la defensa que el demandado ha hecho parte del proyecto político que llevó al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a llegar a ser la suprema autoridad administrativa del país y, como recompensa, lo nombra como director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social sin reunir los conocimientos básicos y esenciales”, se cuestiona el demandante.