Denuncia penal por ‘oscura’ concesión de alumbrado público en Pereira, con contrato a 25 años; sería contraproducente, ¿por qué?

La prestación del servicio de alumbrado público para la ciudad de Pereira se ha convertido en toda una polémica, que ya está golpeando las puertas de la justicia por las irregularidades que se habrían cometido al entregar este contrato, que comprometería más de 100.000 millones de pesos recaudados a través del impuesto de alumbrado. Además, el gigantesco negocio habría quedado amarrado en una concesión por 25 años.

La denuncia, presentada por la Veeduría Ciudadana por la Buena Gestión de las Empresas de Servicios Públicos, documenta las irregularidades que se habrían cometido con la entrega de este contrato, que es uno de los más importantes de la ciudad. Además, no solo se habría aprobado en un día festivo, sino que la modalidad escogida no sería conveniente para las finanzas de Pereira.

La denuncia cuestiona posibles múltiples irregularidades en la aprobación del Acuerdo 040 de 2024 por parte del Concejo Municipal, así como en el proceso licitatorio SMI-LP-043 de 2025, pero lo más grave es que se señala influencia incluso de organizaciones ilegales detrás de la licitación.

“El interés colectivo y patrimonial de los pereiranos, al comprometer la destinación de los recursos del impuesto de alumbrado público por un periodo de 25 años, en condiciones financieras que, de acuerdo con el propio estudio técnico, resultarían lesivas para el municipio y podrían implicar una pérdida superior a los 100.000 millones de pesos”, se lee en la denuncia.

Ante la gravedad de los hechos, se solicitó formalmente la conformación de un grupo especial de tareas dentro de la Unidad Nacional Anticorrupción para intervenir de manera urgente y cesar los efectos de los posibles delitos ya cometidos.

Además, se ha pedido la intervención inmediata de la Contraloría General y la Procuraduría para evitar un eventual detrimento patrimonial. Incluso, ya cursa una acción popular que busca suspender la adjudicación hasta tanto se evalúe su legalidad y conveniencia.

Se lee en la denuncia, que ya está en poder de la Fiscalía, que “a pesar de que el estudio concluyó que el escenario a 20 años era el más viable, la administración decidió contratar por 25 años sin actualizar los datos del modelo financiero. Si se hubieran actualizado las cifras —considerando la inversión disminuida y el mayor saldo inicial—, el municipio habría terminado con saldo positivo incluso en el escenario de 15 años, haciendo inviable técnica y financieramente la concesión a 25 años, siendo este último el escenario más perjudicial para los intereses del municipio”.

Los denunciantes, entre lo que se cuentan líderes cívicos, académicos y congresistas, han advertido sobre los riesgos jurídicos; también, señalan que la licitación deja a la administración respondiendo por posibles eventualidades que puedan presentarse, eximiendo al contratista de la responsabilidad.

“En contravía de lo expresado en la exposición de motivos, la administración municipal incluyó una matriz de riesgos en la cual se establece que el municipio asumirá 12 de los 20 riesgos identificados, incluyendo los más onerosos: variaciones en el precio de la energía, incremento en costos de inversión, materiales y cargas tributarias. Esto constituye una falsa motivación conforme a la doctrina del Consejo de Estado y una grave alteración de las condiciones de autorización del Concejo”, se lee en la denuncia de 14 páginas, presentada ante la dirección especializada contra la corrupción de la Fiscalía.