Denuncian que partido Comunes, de los exguerrilleros de las Farc, tiene monopolizada la asignación de escoltas y convirtió a la UNP en un negocio familiar

Encadenado de manos a las afueras del Congreso de la República está César Tamayo, un hombre que toda su vida sirvió a la guerrilla de las Farc en el departamento de Santander. Creyó en los Acuerdos de Paz y en 2016 se convirtió en uno de los firmantes que estaban convencidos de que cuando sus comandantes llegaran a la política, todo sería más equitativo.

La cara de desilusión y los días de angustia en los que ha tenido que huir de aquellos que lo amenazaron de muerte en Sabana de Torres lo hacen pensar que se equivocó. Incluso más cuando asegura que el Partido Comunes no los representa ni a él, ni a muchos otros.

Quiénes mejor que los exguerrilleros saben de lo arbitrario, despiadado, cruel y miserable que resulta el secuestro que ha causado tanto dolor en el país. Irónicamente, hoy ellos mismos sienten que es lo que está haciendo Comunes con la protección y seguridad de los firmantes: un secuestro a la subdirección especializada de la Unidad Nacional de Protección (UNP), monopolizándola bajo intereses personales.

“Quieren sacar del camino a los que hemos denunciado corrupción dentro del partido. Además, solo contratan a amigos y familiares, es un negocio redondo”, dijo uno de los testigos clave dentro de procesos jurídicos de importancia nacional, que guarda su identidad porque teme por su vida, le retiraron el esquema tan pronto dijo que no militaba con Comunes.

La subdirección especializada de la UNP nació en 2017 y quedó estipulado que solo el partido o movimiento político que naciera del Acuerdo de Paz será el que autorice su personal de confianza, en este caso Comunes, pero el acuerdo no contempló que ese parágrafo podría ser excluyente, sobre todo cuando, con el paso de los años, empezaron a existir diferencias entre los mismos firmantes. Indican que no todos los que decidieron desligarse de Comunes son disidentes que delinquen, el hecho de pensar diferente no los puede condenar a persecuciones ni estigmatizaciones.

Actualmente, hay más de 923 exguerrilleros de las Farc que cuentan con esquema de protección, para eso tienen contratados a 2.257 escoltas. Algunos amenazados piden que las personas que los protejan sean sus familiares. SEMANA conoció, en medio de la investigación, el caso de un hombre al que le asignaron un esquema de protección robusto en el sur del país, una camioneta blindada, dos personas de protección, armas y chalecos antibalas. El protegido o beneficiario, como llamaremos a la persona que asegura que su vida corre peligro, es el padrastro de una joven de 24 años. Él pidió al Partido Comunes que ella y su esposa fueran sus escoltas.

Para algunos expertos en seguridad, esa medida deja baches importantes en la estrategia. En caso de un atentado, ¿quién garantiza que la joven va a correr a proteger a su papá de crianza por el que el Estado le paga para que cuide y no va a tratar de defender a su mamá, que es su compañera de trabajo?, es una de las preguntas que surgen.

Además, se está exponiendo constantemente el grupo familiar, que suele ser el eslabón más débil cuando se está en peligro. “Salir con ellos es un dolor de cabeza, un chiste, porque mi mamá es un poquito celosa, y Pedro* no se deja, entonces a veces hay peleas. La ventaja es que ella está bien plantada y como tiene el arma, él sabe que ella tiene el control”, dice la joven antes de soltar la carcajada, mientras cuenta su experiencia de tener un esquema de protección con toda la familia adentro.

Los denunciantes se atreven a decir que, más que proteger su vida, lo que están asegurando estos exguerrilleros es garantizar calidad de vida de manera acaparadora. El núcleo familiar cuenta con un carro de alta gama y el Estado corre con los gastos de combustible, que cada día suben más. Aseguran trabajo para los miembros de la casa. Quedan con salarios de más de 2,3 millones de pesos cada uno, y con todas las prestaciones de ley.

Cada vez que necesiten viajar le dan a cada escolta 140.000 pesos de viáticos por día, sin contar que en un esquema tradicional, si se cometen irregularidades, abusos o delitos, el hecho de no tener ningún tipo de consanguinidad les permite denunciar, mientras que si hay familiares la ley no los obliga. Augusto Rodríguez, director de la UNP, confirmó que sí hay familiares contratados en los esquemas de seguridad: “Hay firmantes que confían más en que un hijo lo cuide a que lo cuide un tercero”.

Aclara que no hay nada que lo impida, según se lo manifestó el Departamento Administrativo de la Función Pública en una consulta que elevó cuando él llegó a ocupar su cargo. Para Rodríguez, es algo que no puede controlar, teniendo en cuenta que la subdirección es una instancia que tiene autonomía, según lo planteado en el Acuerdo de Paz, en el que se estableció que todo aquel que llegue a ella, debe ser de entera confianza del partido que surgió de dicha negociación, en este caso Comunes. “No tengo injerencia en la subdirección especializada de la UNP.

“Modificar algo sería un exabrupto”, enfatizó. No obstante, la dirección de la UNP sí es tenida en cuenta por la subdirección especializada para algo muy importante: que les giren recursos. La función principal de la entidad pareciera servir de chequera. Solo durante 2022, el presupuesto para la especializada fue superior a los 213.000 millones de pesos.

Entre vehículos, combustible y viáticos se invirtieron más de 84.000 millones. Es importante destacar que, según lo establecido en el decreto 301 de 2017, se crearon 1.200 puestos de planta –contratados directamente por la entidad– para ser ocupados por escoltas de la subdirección especializada.

Sin embargo, la solicitud de esquemas de seguridad hecha por los firmantes ha requerido contratar 1.099 escoltas más, estos últimos tercerizados, lo que quiere decir que el 51 % son directos. Un porcentaje bastante diferente si se compara con los escoltas tradicionales, en el que solo 4,5 % (364) de 8.019 tiene esa garantía. Aunque los homicidios de exguerrilleros de las Farc han disminuido al pasar de 76 en 2020 a 43 en 2022, llama la atención que las solicitudes de esquemas de protección por parte de la subdirección especializada aumentaron el último año en 55 por ciento, de 576 solicitudes en 2021 a 896 en 2022.

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz han asesinado a 348 excombatientes de las Farc. Esa es la cifra que repite César Tamayo, presidente de la Asociación Nacional de Firmantes de Paz (Anfap), porque teme ser uno más de ellos. Carga consigo los mensajes, panfletos y municiones que le han llegado a su casa cada vez que hace trabajo social y pisa callos a los grupos ilegales que siguen delinquiendo en su región. Dice que el Partido Comunes le desmejoró su esquema de seguridad por las denuncias que ha realizado en su contra. “Allá no son objetivos, asignan los esquemas a su parecer”, manifiesta mientras manotea.

Para él, un chaleco antibalas no previene un atentado mientras se mueve a pie; el botón antipánico, ni el celular que le entregaron funcionan en los municipios sin buena cobertura de señal telefónica. “¿Lo que busca el Partido Comunes es que me maten?”, se pregunta, tratando de encontrar explicaciones del porqué en tiempo récord le desmejoraron el esquema de protección, como les ha pasado a nueve de sus compañeros que decidieron alejarse del partido. Otras organizaciones como la Mesa Autónoma de Reincorporación (MAR) han denunciado lo mismo.

Si bien es cierto que cada caso de solicitud de protección pasa por un organismo que es conocido como la Mesa Técnica, conformada por cinco delegados del Partido Comunes y cinco del Gobierno (un delegado de presidencia, que no ha asistido), la materia prima para tomar la decisión de quién merece el esquema de seguridad es proporcionada por el Grupo de Recepción, Análisis, Evaluación de Riesgo y Recomendaciones (GRAERR), que está conformado por gente de confianza del Partido Comunes.

SEMANA se contactó con el partido político, pero manifestaron que no se quieren pronunciar frente al tema. Por su parte, Augusto Rodríguez hizo un llamado para honrar los compromisos del acuerdo, garantizando igualdad a todos los firmantes. “Esto no puede seguir siendo manejado como una bolsa de empleo familiar”, insisten los denunciantes.

*Nombre cambiado por seguridad.