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Descertificación: la historia de los tres ‘capos’ que no extraditó Gustavo Petro y fueron claves en la decisión de Donald Trump
El presidente aseguró que ha enviado a 400 colombianos a los Estados Unidos y solo ha negado el mecanismo con tres. “La ley me permite privilegiar la paz que la extradición”, se defendió.
En el maremágnum de consecuencias que trae la descertificación en la lucha antidrogas, hay un tema especialmente polémico y espinoso: la extradición. Lo dijo de frente el embajador de los Estados Unidos (e) en Colombia, John McNamara. El diplomático explicó que "eliminar las suspensiones de extradiciones de narcoterroristas, para el bienestar y protección de los ciudadanos de ambos países”, es hoy una prioridad de la Casa Blanca.
Lo sabe muy bien también el presidente Gustavo Petro, quien defendió esas suspensiones en su puntillosa alocución de este miércoles contra el presidente Donald Trump.
El primer mandatario intentó bajarle el tono al problema diplomático que ha generado tensión y crisis en la ya agrietada relación con los Estados Unidos. “Lo que debe haber es una guerra contra el narcotráfico que es diferente, que es lo que yo he venido golpeando. Son ya 400 extraditados a los Estados Unidos, no extradito tres porque están en procesos de paz y la ley de Colombia me permite suspender mientras hacen la paz y si no la hacen, se van. Así de simple", dijo.
El presidente justificó en la paz total su negativa a entregar a los responsables del narcotráfico a los Estados Unidos.
“La ley me permite privilegiar la paz que la extradición. Por tanto, de 403 extraditables, he extraditado 400 y tres estoy viendo si hacen la paz”, repitió de nuevo en un trino.
"Si la hacen, se quedan en Colombia, como se han quedado en Colombia otros que han hecho la paz y aquí están. Y esa es una salida pacífica para Colombia, porque el artículo 22 de la Constitución Nacional dice que la paz es un derecho".
Los tres que no extraditó
Las extradiciones frenadas son “simbólicas de la decadencia en la relación” entre ambos países, sostiene Ricardo Zúñiga, ex subsecretario de Estado adjunto principal para Asuntos del Hemisferio Occidental y exasesor principal del presidente Obama para las Américas de 2012 a 2015.
El funcionario, que trabajó 30 años en el Departamento de Estado y conoce como pocos América Latina, asegura que este será “otro factor que se va a acumular por encima de otros y que va a empeorar la relación y causar más tensión”.
La historia de esas tres extradiciones frenadas es memorable en los desencuentros que han existido entre la Casa de Nariño y la Casa Blanca.
El punto más álgido lo puso alias Araña. SEMANA reveló en una edición de portada cómo este narco tuvo un trato VIP y gozó de la más alta protección del Gobierno pare evitar ser capturado, pues pesaba sobre él una orden de extradición a los Estados Unidos. Su nombre de pila es Geovany Andrés Rojas y es el líder de los Comandos de la Frontera, una de las disidencias de las FARC que opera en el sur del país.
Araña es uno de esos líderes de organizaciones criminales que traicionó la paz total. Mientras negociaba con el Gobierno de Gustavo Petro se probó que enviaba cocaína hacia México, lo cual quedó reseñado en la circular roja de Interpol a su nombre.
SEMANA reveló en su momento la minuta de la Fiscalía en la que quedaba claro que altos funcionarios del gobierno habían intercedido por él. Se supo de la presencia de Armando Novoa, el jefe negociador de Gobierno en la mesa con disidencia de Márquez y de Otty Patiño, el alto comisionado para la paz.
El día de la captura, las autoridades señalaron que tuvieron que ponerle de “presente (a Novoa) el motivo de la diligencia y se le exhibió la circular roja en contra del señor Rojas, el cual manifestó que se oponía al procedimiento hasta tanto no fuera de pleno conocimiento del doctor Otty Patiño, alto comisionado para la paz, a quien comunicaron vía telefónica sobre la diligencia judicial. Novoa manifestó que Patiño llegaría al hotel para hacer presencia”, señalaba esa bitácora secreta.
Horas más tarde, a las 9:00 de la noche, se registró lo siguiente: "Patiño manifiesta que no se debe continuar con el procedimiento judicial hasta que se tomara contacto vía telefónica con el director del CTI y la fiscal general de la nación”. La conversación entre ambos se da rápidamente y Patiño la deja en altavoz para que todos oigan. La fiscal Luz Adriana Camargo defendió la captura y cumplir con la circular de Interpol, pero luego pidió tiempo para hablar con sus asesores.
Al filo de la media noche, alias Araña, en vez de ser enviado a un centro de reclusión, fue trasladado a un hotel, bajo la mirada de asombro de todos los presentes. Al otro día, Araña fue trasladado al búnker para una nueva reunión, a la que asistió la DEA. Novoa llamó varias veces para pedir que no fuera enviado después a una cárcel y finalmente llegó a Cespo, un complejo de la Policía en el norte de Bogotá.
En todo el proceso, nunca fue esposado. Tras una semana de vivir cómodamente, fue enviado a La Picota.
El caso de Araña generó un revuelo nacional y provocó la indignación de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. El embajador (e) John McNamara aseguró en ese momento que a Estados Unidos le “preocupa la creciente lista de exenciones o suspensiones (de narcos solicitados) en el año 2025 por estar involucrados en el proceso de paz”.
El exembajador Kevin Whitaker le dijo a SEMANA, en una entrevista sobre lo que podría pasar con la descertificación, que solo este incidente ya demostraba un enorme grado de incertidumbre frente a la certificación en la lucha contra las drogas.
Además de Araña, hay otros dos señalados narcotraficantes a los que el presidente Gustavo Petro les suspendió la extradición. Uno es Gabriel Yepes Mejía, conocido como alias HH, comandante del grupo ilegal Comuneros del Sur.
El Gobierno Petro suspendió su envío a los Estados Unidos por medio de la Resolución Ejecutiva 158 del 20 de mayo de 2025. HH es requerido por una Corte del Distrito Este de Texas, Estados Unidos, por delitos relacionados por el tráfico de drogas y concierto para delinquir. Pero se “suspendió la entrega”, pues HH es “negociador de la mesa de diálogos de paz con el Gobierno nacional”.
El tercero, Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, fue capturado con fines de extradición en febrero de 2025. Se trata de un integrante de las disidencias del frente 33 de las FARC, que tiene vocería en una mesa de negociación.
El gobierno también emitió una resolución en su caso. “Suspender la entrega del ciudadano colombiano Willinton Henao Gutiérrez, mientras contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la paz total dentro del marco de la Ley 2272 de 2022, como negociador en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno nacional y desarrolle acciones orientadas al logro de dicho objetivo”.
El freno a las extradiciones ha sido un punto de honor para el Gobierno. “La regla general” es que se “suspenderá” la extradición de “quien colabore efectivamente (con los procesos de paz), sea en la insurgencia, sean las organizaciones al margen de la ley”, había dicho el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, a la AFP en una entrevista.
Para los Estados Unidos también es un punto infranqueable. “El Departamento de Justicia no permitirá la certificación mientras exista la política antiextradición”, advirtió el exfiscal Néstor Humberto Martínez.
El exministro de Defensa Diego Molano asegura que los datos que entregó el presidente Petro en su alocución demuestran que el problema no está solamente en los tres capturados que no ha enviado Colombia, sino en que en efecto hay una baja en ese mecanismo en los últimos años. El exfuncionario recordó que en la administración del presidente Duque se hicieron 760 extradiciones, 423 en los dos últimos años. “Sí ha disminuido el ritmo de extradiciones a partir de los procesos de paz y de los gestores de paz”, concluye.
“La descertificación se debe no solo al número de hectáreas de cultivos ilícito, sino a la poca voluntad de colaborar con la justicia extraditando a todos aquellos capos y cabecillas de grupos al margen de la ley que son narcotraficantes. Ahora con la declaratoria de Estados Unidos al Cartel de los Soles como grupo terrorista, esto toma mucha más relevancia, porque se consideran también una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos”, agrega Molano, quien asegura que esta situación “ratifica nuevamente el problema de la paz yotal”.
Una historia dolorosa
Alfonso Gómez Méndez explica que históricamente Colombia siempre ha cumplido con las extradiciones a Estados Unidos, “tal vez con la notable excepción de la Constitución del 91, que la prohibió”. El exministro explica que fue Julio César Turbay quien negoció en su gobierno ese mecanismo, cuando el embajador era Virgilio Barco.
“Cuando ese tratado empezó a cumplirse, surgieron problemas: los narcotraficantes comenzaron a amenazar a la Corte Suprema, que cumplió su misión. ¿En qué consistió? En que no cedió a los embates de los narcotraficantes para tumbar la extradición. Cruelmente, esos magistrados terminaron asesinados en el Palacio de Justicia en 1985 y, en diciembre de 1986, esa misma Corte tumbó el tratado de extradición", recuerda.
Tras la descertificación al gobierno de Ernesto Samper, uno de los pilares fundamentales para volver a lograr que el país volviera a pasar ese examen fue la instauración nuevamente de ese mecanismo, en 1997, recuerda el exfiscal Néstor Humberto Martínez.
En los últimos años, asegura Gómez Méndez, los capos dejaron de preferir una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos, y han comenzado a buscar extradiciones exprés para lograr negociar con ese país.
Con la llegada de la paz total, la no extradición ha sido una palomita, que le ha pasado una enorme factura al país en su relación con la Casa Blanca.
