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Desde 2017 han sido asesinados 285 excombatientes de las Farc, según la Defensoría
Así lo establece un documento sobre la situación de seguridad de los excombatientes que fue entregado por esa entidad, a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
La Defensoría del Pueblo advirtió que desde 2017 cuando entró en vigencia el Acuerdo de Paz con las Farc, han sido asesinadas 285 personas en proceso de reincorporación, en hechos atribuidos, especialmente, a varias estructuras criminales.
Así lo establece un documento sobre la situación de seguridad de los excombatientes que fue entregado por el titular de ese despacho, Carlos Camargo, al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Eduardo Cifuentes Muñoz.
“Colombia sigue dando pasos importantes en la implementación de los acuerdos con las antiguas Farc, para conseguir una paz que le permita no solo garantizar los derechos a todos los ciudadanos, sino que se genere el clima que le permita al país seguir marchando hacia adelante, hacia un país mejor”, dijo Camargo.
Resaltó, así mismo, que una de las metas más importantes es garantizar la seguridad de los excombatientes de las antiguas Farc, quienes se acogieron al proceso y están reincorporándose a la vida civil con sus núcleos familiares, reconstruyendo sus vidas.
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“Desde la Defensoría del Pueblo creemos que esta es una condición esencial para construir la paz. Por esta razón, y como respuesta a las solicitudes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, construimos un informe sobre la situación de seguridad de los excombatientes”, señaló.
Agregó que “en el documento se recopiló información de diversas entidades, cómo la Fiscalía, que estableció que pese a los esfuerzos Estatales en las garantías de protección, 285 personas en proceso de reincorporación han sido asesinados, desde 2017″.
Señaló que de acuerdo con la línea investigativa de la Fiscalía General de la Nación se permitió determinar que el 80 % de los casos los responsables de estos crímenes son estructuras criminales cómo las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN.
De acuerdo con el documento, son estos grupos armados los que están generando impactos negativos contra la implementación del proceso de paz, según lo corroboran en terreno nuestros funcionarios.
“Desde la Defensoría del Pueblo reiteramos nuestro llamado a las entidades del Estado a seguir reforzando la seguridad en un sentido amplio e integral, para prevenir las vulneraciones a los derechos de los excombatientes”, señaló Camargo.
Agregó que también se busca “fortalecer la coordinación de acciones para el desmantelamiento de estructuras criminales, y de manera especial, fortalecer las estrategias de seguridad para desmantelar los Grupos Armados Organizados (GAO)”.
“Las garantías a la reincorporación de estas personas son fundamentales para seguir en la senda de la Paz”, puntualizó el defensor del Pueblo.
Pese a estas cifras oficiales, el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz señaló que la cifra de excombatientes asesinados asciende a 307.
Esta organización reveló la cifra tras informar sobre el asesinato el viernes pasado de Guillermo Manuel Pepinosa Muñoz en el municipio de Cumbal, Nariño.
Según Indepaz, esta persona fue uno de los firmantes del Acuerdo de Paz y formaba parte del ETCR Ariel Aldana de La Variante en Tumaco.
Guillermo Manuel Pepinosa Muñoz
— INDEPAZ (@Indepaz) March 12, 2022
11/03/22
Cumbal - Nariño
Guillermo Manuel era firmante del acuerdo de paz y hacía parte del ETCR Ariel Aldana de La Variante en Tumaco.
Con Guillermo Manuel van 8 firmantes de acuerdo asesinados en 2022 y 307 desde la firma del acuerdo de paz. pic.twitter.com/JUhDwfHPpL
“Con Guillermo Manuel van 8 firmantes de acuerdo asesinados en 2022 y 307 desde la firma del Acuerdo de Paz”, señaló.
Y agregó que “este hombre de 28 años fue asesinado en el Resguardo de Mayasquer, en medio del corregimiento de San Juan y El Dorado del municipio de Cumbal, Nariño. La Defensoría del Pueblo ha emitido la Alerta Temprana (AT) 035/19 de carácter nacional donde clasifica al municipio de Cumbal con riesgo extremo de seguridad por la presencia y disputa entre actores armados”.
“Para el momento, también se solicitaban acciones estratégicas para garantizar distintos derechos de la población en medio de un ambiente de polarización y estigmatización política y mediática e intereses corruptos en los territorios advertidos por acceder o mantenerse en el poder local o regional”, señaló.
Finalmente, advirtió que en la zona en la que fue asesinado el excombatiente de las Farc opera la Compañía José Luis Cabrera Ruales del ELN “y estructuras de carácter local que actúan por tercerización de grandes grupos”.