Después de anunciar la nueva imputación a Nicolás Petro, sorpresivamente nombran una “fiscal de apoyo”

Fuentes de la Fiscalía advirtieron que las aguas se alborotaron en el ente acusador luego de que SEMANA revelara una nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, ahora por hechos de corrupción.

Tenían razón, las directivas de la Fiscalía se movieron rápido y le metieron mano al proceso. A través de una resolución, la 33, firmada este lunes por la delegada contra las finanzas criminales, Aura Liliana Trujillo, se designó una fiscal de apoyo para el proceso, donde nadie necesitaba apoyo, pues a Barranquilla la fiscal Lucy Laborde, fue asignada especialmente a este caso, sin más carga laboral.

“Designar como apoyo a la doctora María Isabel Ramírez fiscal delegada ante los jueces penales del circuito especializado para que brinde acompañamiento, orientación y asesoría jurídica al interior del proceso mencionado asignado a la fiscalía tercera de la dirección especializada contra el lavado de activos", señala la resolución.

Lo curioso de este asunto es que la “fiscal de apoyo” que llegará al proceso justo cuando la misma Fiscalía hace unos días firmó otra resolución para reorganizar las delegadas del ente acusador, en el entendido de que algunos despachos tienen mayor carga laboral y otros están más livianos. En otras palabras, meten una fiscal de apoyo donde solo hay un proceso.

A través del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, se conoció que a Nicolás Petro la Fiscalía le haría una nueva imputación de cargos por los delitos de celebración indebida de contratos y falsedad en documento público. Hechos de corrupción, relacionados con la llamada Fundación Conciencia Social y los contratos con la gobernación del Atlántico.

SEMANA tuvo acceso a un informe que en su momento redactaron los investigadores que acompañaban al fiscal Mario Burgos en el proceso contra Nicolás Petro. Allí se establece que son al menos cinco contratos, los que tienen en envíos judiciales al hijo del presidente de la República, supuestamente para atender a la población adulta mayor y a niños con discapacidad.

En su momento, la Fiscalía reveló las irregularidades en las que incurrieron quienes aparecen como protagonistas de este nuevo escándalo de corrupción. Más de 3.000 millones de pesos que fueron destinados por la gobernación del Atlántico, a programas sociales que nunca se cumplieron.

“Cabe resaltar que el contratista, en cuatro de los cinco resultados encontrados, es la Fundación Conciencia Social, mientras en el contrato correspondiente se trata de la Unión Temporal Conciencia Incluyente, de la que Gustavo de la Ossa Vélez es representante legal”, advierte el informe judicial.

Lo paradójico del asunto es que la imputación está anunciada hace más de un año, lo hizo el fiscal Mario Burgos, ahora en las puertas de un juicio contra el hijo del presidente, la Fiscalía hace la solicitud de imputación de cargos y de manera inmediata el ente acusador asigna fiscales de apoyo que no enviaron en momentos más complejos de este expediente.