Diez horas duró la audiencia en la que se definió la medida de aseguramiento en contra de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el proceso penal que se les adelanta por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Tras resolver los recursos de reposición, la magistrada Aura Alexandra Romero Baquero dejó en firme su decisión de enviar a los dos exministros de Estado a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
El exministro Bonilla fue detenido por agentes del CTI de la Fiscalía General en la misma sala de audiencias del Tribunal Superior de Bogotá. Después que le leyeran todos sus derechos judiciales, los agentes lo esposaron en un lugar reservado y lo trasladaron hasta el búnker de la Fiscalía, ubicado a pocos metros, mientras se define su lugar de reclusión por parte del Inpec.
Mientras que el exministro Velasco anunció que se presentará ante las autoridades de la ciudad de Cali, donde vive desde hace varios meses. En este caso, el instituto carcelario deberá definir el respectivo lugar de reclusión para que cumpla la medida intramural.
Los apoderados de los exministros presentaron un recurso de apelación, el cual deberá ser resuelto por una Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá conformada por tres magistrados. Sin embargo, debido a la vacancia judicial que inicia este 20 de diciembre, la decisión se definirá hasta el próximo año.
La Fiscalía General vinculó a los dos exministros de Estado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos a funcionarios); e interés indebido en la celebración de contratos.
En la imputación de cargos se aseveró que entre los años 2023 y 2024, los entonces ministros dieron instrucciones para que varios contratos que estaban en poder de la UNGRD y el Invías fueran direccionados para un grupo de congresistas. Con esta acción se buscaba garantizar que los senadores y representantes a la Cámara que hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público dieran un voto positivo al proyecto del presupuesto que había sido presentado por el Gobierno.
Para sustentar el proceso contra los dos exministros, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema citó las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López; el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla; y la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides.
Los dos primeros testigos aseveraron que en una reunión – a la que denominaron cónclave - y que se desarrolló en la Casa de Nariño, el 27 de noviembre de 2023, se estableció a quiénes se les debían entregar los contratos de obra.
En esa reunión tuvieron una participación activa el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González (procesado y prófugo de la justicia); la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz; el director de la UNGRD, Olmedo López; y los ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
Mientras que, en su declaración, María Alejandra Benavides detalló las reuniones que se llevaron a cabo en las sedes de los ministerios de Hacienda y del Interior, en el centro de Bogotá.
En estos encuentros se presentaron presiones para “comprar” a los congresistas con el fin de conseguir su voto favorable para los proyectos antes que acabara la agenda legislativa.
