Detrás de cámaras de inspección de la Procuraduría a Ecopetrol, en medio de la indagación por polémico contrato de 5 millones de dólares revelado por SEMANA

Durante cinco horas, agentes de la Procuraduría General realizaron una inspección en la sede principal de Ecopetrol, ubicada en el centro de Bogotá.

La pesquisa se adelantó en medio de la investigación preliminar que se adelanta por las presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de un contrato cercano a los 5 millones de dólares.

Los funcionarios de la Unidad de Contratación Estatal y de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, con labores de policía judicial, estuvieron en las principales oficiales de la estatal petrolera recopilando evidencia que será clave para definir el rumbo de la investigación.

Los investigadores buscarán establecer si se presentaron fallas o irregularidades en la firma de un contrato de prestación de servicios de asesoría a la junta directiva, para la revisión de políticas y procesos de la entidad.

Los funcionarios, además, realizaron varias entrevistas, así como inspeccionaron y solicitaron documentos relacionados con la firma y ejecución del contrato, suscrito por un monto cercano a los cinco millones de dólares.

La inspección realizada este miércoles hace parte del material probatorio que está recaudando el organismo de control en desarrollo de la indagación iniciada, en la que busca confirmar o descartar la comisión de una irregularidad e identificar a los presuntos autores, con el fin de determinar si se abre o no una investigación formal.

En el auto de la Procuraduría General, emitido el pasado 29 de mayo, se cita directamente la revelación de SEMANA frente a las ejecución irregular en el millonario contrato que fue utilizado para interceptar correos electrónicos, documentación física, electrónica y magnética, incluso computadores, dispositivos móviles y tabletas.

El Ministerio Público advirtió que los datos revelados y que anticiparon una orden para la “retención y preservación” de las comunicaciones de al menos 70 funcionarios de Ecopetrol, podrían constituir una falta disciplinaria grave de quienes tuvieron bajo su responsabilidad la construcción, adjudicación y ejecución del contrato.

“Según la revista SEMANA, el procedimiento fue asociado con un contrato celebrado en agosto de 2024, por un monto cercano a los 5 millones de dólares con la firma Covington & Burling LLP, con el propósito de realizar una consultoría sobre análisis de riesgos, analizar el impacto reputacional de Ricardo Roa, el cual al parecer habría sido modificado sin autorización de la junta directiva”, cita claramente el documento de la Procuraduría.

En el documento confidencial revelado por SEMANA se señalan las instrucciones que se dieron desde la cúpula de Ecopetrol para retener información privilegiada de funcionarios.

“Incluidos de manera enunciativa y no taxativa, correos electrónicos y cualquier información o documentación física, electrónica y/o magnética, incluso de computadores, dispositivos móviles y tabletas relacionadas con los temas de interés (por ejemplo, contratos, actas, correspondencia, registros financieros, notas, apuntes, borradores de cualquier documento relevante, etc.)”, se lee claramente en el documento que conoció SEMANA con la denuncia de las interceptaciones.