Día cero para Álvaro Uribe Vélez: estos son los escenarios jurídicos en la lectura del fallo que se hará este lunes

Todo está listo para que este lunes 28 de julio, a partir de las 8:30 de la mañana, se emita la que sin lugar a dudas es la decisión judicial más importante y relevante en la historia reciente de Colombia. La sentencia de primera instancia tiene al país en vilo y haciendo todo tipo de cuentas sobre si el expresidente Álvaro Uribe Vélez es condenado o absuelto.

La jueza 44 de conocimiento de Bogotá evaluará en su decisión si la Fiscalía General pudo soportar el escrito de acusación contra el expresidente Uribe por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos. O si, por el contrario, los señalamientos contra Uribe no pudieron ser demostrados durante la etapa de juicio que se extendió durante cinco meses.

La Fiscalía General presentó 38 elementos probatorios con los que buscó demostrar que el expresidente Álvaro Uribe Vélez le dio instrucciones, en 2018, al abogado Diego Cadena Ramírez con el fin que le ofreciera dádivas y asesorías a un grupo de testigos para que se retractaran.

Mientras que la defensa del exmandatario, liderada por el abogado penalista Jaime Granados Peña, presentó 55 para demostrar que el único interés del exmandatario era corroborar una información que le había llegado por varias personas cercanas sobre ciertos exparamiltiares que querían retractarse de lo que habían dicho en su contra.

La Fiscalía General les dio plena credibilidad a las versiones de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve Pineda y Carlos Enrique Vélez Ramírez, conocido con el alias de Víctor. Sin embargo, para la defensa del expresidente Uribe estos no son más que dos testigos mentirosos que solamente han buscado benéficos judiciales y económicos.

Esto teniendo en cuenta que en los últimos años han cambiado considerablemente sus versiones sobre los hechos materia de investigación. Por ejemplo, alias Víctor pasó de escribir cartas en el año 2015 reportando que había recibido presiones del senador Iván Cepeda para que declarara contra el expresidente Uribe.

En meses posteriores llegó al punto de decir que no conocía al congresista, para luego, en una extraña versión, asegurar que un representante del expresidente Uribe le había ofrecido 200 millones de pesos para que acusara a Iván Cepeda de estar detrás de un complot contra el exjefe de Estado.

El abogado Diego Cadena reconoció que le había entregado un dinero a alias Víctor como ayuda humanitaria, puesto que un familiar del exparamilitar lo había contactado para decirle que un hijo menor de edad estaba en el hospital y él no contaba con los recursos económicos para comprar medicinas. Frente a este caso en específico, el expresidente Uribe aseguró que nunca habría autorizado ese pago.

Por esto, la defensa del expresidente no ha dudado en considerarlo un testigo sin ningún tipo de credibilidad. “Este señor tiene un total menosprecio por la verdad, llegando a decir que si a él le decían que había visto a la Virgen del Carmen dejar caer al Niño, él mismo lo decía”, reseñó Jaime Granados.

En el caso de Juan Guillermo Monsalve Pineda, las contradicciones y los vacíos son más constantes. Ha modificado su versión sobre sus supuestos vínculos con el Bloque Metro de las AUC; las veces que habría visto a los hermanos Uribe Vélez en la finca Guacharacas; las amenazas que supuestamente recibió por no retractarse y las presiones del abogado Diego Cadena.

No fueron pocos los testigos que coincidieron en afirmar que, en efecto, Monsalve había manifestado abiertamente su deseo de retractarse de todo lo dicho contra el exmandatario, mostrándose muy arrepentido por creer en las ofertas que le había puesto sobre la mesa el senador Iván Cepeda, que incluían asilo para su familia, acceder a los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y una pronta salida de prisión.

Incluso, en varias oportunidades, su padre y hermano mayor han contradicho su versión. Por esto, para la defensa del expresidente Uribe, “Monsalve no es testigo de nada”, pues no le consta absolutamente nada de lo que se ha investigado en este extenso proceso judicial.

Los escándalos del llamado “testigo estrella”

El 21 de febrero de 2018 —según se destaca en el expediente—, se presentó un intercambio de mensajes entre el senador Iván Cepeda y Juan Guillermo Monsalve. El exparamilitar buscaba afanosamente al congresista, pues había recibido un mensaje de un abogado que se identificó como Diego Cadena Ramírez, apoderado del expresidente Uribe.

Por medio de mensajes de voz en la aplicación WhatsApp, Monsalve le contó que no había querido bajar a reunirse con el mencionado abogado. Sin embargo, desde adentro de la cárcel estaba recibiendo presiones para se retractara.

Pocos días después, se registró un nuevo mensaje de voz de Monsalve en el que aseguraba que el abogado le había ofrecido asesoría jurídica y un apoyo para que su condena por secuestro extorsivo pasara a conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

De manera extraña, nunca se anexaron las respuestas de Iván Cepeda. Cuando fue preguntado sobre esta situación, el congresista solamente atinó a decir que el teléfono celular con el que mantenía conversaciones con el exparamilitar se le había dañado, hecho por el cual se lo devolvió al Congreso. Nunca se presentó una evidencia sobre este trámite.

“Parece un monólogo”, enfatizó el abogado Jaime Granados durante sus alegatos de conclusión el pasado primero de julio. “Surge el interrogante de por qué el senador Iván Cepeda Castro no puso a consideración la conversación completa y su celular para realizar una extracción forense de las conversaciones que tuvo con Monsalve”.

Y es que la comunicación entre Monsalve y Cepeda era constante. Así como la intervención del congresista para que el exparamilitar recibiera todo tipo de beneficios bajo la excusa de salvaguardar y proteger su vida e integridad personal dentro de La Picota. Cepeda fue uno de los promotores más comunes de la idea que a Juan Guillermo Monsalve lo querían envenenar con la comida en la cárcel o hacerle algún atentado mientras dormía.

En el desfile de testigos, varios internos aseguraron que Monsalve se ufanaba de decir que gracias a la gestión de Iván Cepeda no lo iban a trasladar a ninguna cárcel. Demostrando así todos los beneficios de los que gozaba.

Esto pese a sus múltiples escándalos, entre los cuales se destacó una parranda vallenata en su celda privada en compañía de otros internos, entre los que se encontraba el empresario Emilio Tapia. El licor y los excesos marcaron esa fiesta.

Mientras al contratista sí lo trasladaron de prisión, Monsalve siguió como si nada hubiera ocurrido. “Según (Monslave), Iván Cepeda era uña y mugre con el director de la cárcel La Picota”, relató el exguerrillero de las Farc Nicolás Jurado Monsalve, en su declaración en este mismo juicio.

Los relojes espía

Sin lugar a dudas, una de las pruebas más polémicas y discutidas en este juicio tiene que ver con la utilización de dos relojes espía que fueron ingresados a la cárcel La Picota, de Bogotá, para que Juan Guillermo Monsalve “registrara” las presiones que estaba recibiendo tanto del abogado Diego Cadena como de Enrique Pardo Hasche, uno de sus compañeros de patio, quien cumplía una condena por el secuestro del reconocido empresario Eduardo Puyana.

Estas grabaciones se realizaron el 22 de febrero de 2018 y, según el escrito de acusación de la Fiscalía, son una de las pruebas clave que demuestran las presiones a Monsalve para que firmara su retractación. Sin embargo, al sol de hoy no se sabe quién ingresó estos elementos tecnológicos a todas luces restringidos por el Inpec, cómo Juan Guillermo Monsalve aprendió a utilizarlos y, lo más importante, quién los retiró.

Durante el juicio, ni Juan Guillermo Monsalve, ni Deyanira Gómez —su excompañera sentimental— ni el abogado Héctor Romero supieron dar respuesta sobre la persona que ingresó estos relojes con cámara incorporada. Todos aseveraron que “no recordaban” y le pasaron la bola —como se dice coloquialmente— a otros. Mucho menos se sabe quién los compró, puesto que Deyanira Gómez titubeó varias veces cuándo declaraba sobre su adquisición.

Igualmente, hay varias dudas sobre la información que se extrajo de los relojes y que fue citada por la Fiscalía General. Un informe de un perito del CTI asevera que los relojes presentaban magulladuras, golpes y daños que impidieron realizar una revisión minuciosa de su contenido.

Otro informe pericial privado, convocado por la defensa del expresidente Uribe, concluyó que se borró y manipuló parte de la información almacenada. Situación que deja en evidencia el drástico corte de las conversaciones entre Monsalve y Diego Cadena.

El papel de Deyanira Gómez

En su teoría del caso, la defensa del exmandatario aseveró que Iván Cepeda, Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez participaron en un estructurado plan de “entrampamiento” en contra del abogado Diego Cadena Ramírez.

Para esto, se habría fraguado un plan para que Diego Cadena visitara en la cárcel a Monsalve quien, pese a sus versiones, había manifestado pública y abiertamente a sus compañeros de patio que tenía la intención de retractarse, dado que Iván Cepeda no había cumplido con lo prometido.

El 21 de febrero de 2018, el jurista fue hasta la cárcel como apoderado del expresidente Uribe; sin embargo, como lo relataron otros testigos, al no ser un nombre tan conocido y no saber si en efecto era abogado del exmandatario, Monsalve no bajó al encuentro.

Un día después, es decir el 22 de febrero, Monsalve se reunió con Cadena como lo registran las cámaras de la cárcel. En ese encuentro, que se extendió por casi 40 minutos, Diego Cadena corroboró la versión del exparamilitar y su intención de retractarse de la declaración en la que vinculó a Álvaro Uribe Vélez con la conformación del Bloque Metro de las AUC.

Pese a lo que hablaron en la reunión, Monsalve se negó a firmar la retractación, asegurando que tenía miedo de que se le abriera un proceso por falso testimonio, lo que podría aumentar considerablemente su estadía en la cárcel.

En medio de la discusión, Monsalve le pidió a Cadena que hablara con su entonces compañera sentimental, Deyanira Gómez, para que buscaran una solución. Fue de esta forma que el jurista contactó a Deyanira para hablar.

En un corto encuentro en un reconocido establecimiento ubicado en el centro de Bogotá, a dos cuadras del Palacio de Justicia, Diego Cadena le puso de presente la posibilidad de enviar una retractación a la Corte Suprema.

Pero ella, tras hacerle una infinidad de preguntas, desistió de aceptar su propuesta. Esta reunión fue grabada por un agente del CTI que estaba en otra mesa. Fue tan poca su discreción que el jurista se dio cuenta y le aseguró que si lo estaba grabando, que lo siguiera haciendo puesto que ahí no había nada ilegal.

Tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía General señalaron que estas reuniones eran prueba irrefutable de una presión a Juan Guillermo Monsalve.

¿Qué hizo el abogado Cadena?

Diego Cadena, cuyo proceso penal por estos mismos hechos se encuentra en la recta final, aseguró que como abogado e investigador lo único que hizo fue corroborar las versiones que había recibido el expresidente Uribe. Prueba de esto es que le comunicaba en tiempo real y con todo tipo de detalles lo que había podido corroborar y lo que estaba en espera.

Durante sus alegatos de cierre, el expresidente Uribe fue reiterativo al indicar que en las interceptaciones ilegales que realizó la Corte Suprema de Justicia siempre se escucha “que digan la verdad, sea lo que sea, pero que digan la verdad”, cuando hablaba con Cadena y le preguntaba sobre sus avances.

En las 16 horas de audio y video que presentó la Fiscalía General —resaltó el exmandatario— no se registró ninguna orden para que se sobornara o presionara a testigos.

Las presiones de Iván Cepeda

Durante el juicio, seis exparamilitares coincidieron al afirmar que recibieron presiones y ofrecimientos tanto de Juan Guillermo Monsalve, como de Iván Cepeda y la abogada Mercedes Arroyave, para que declararan contra el expresidente Uribe. Todo esto a cambio de beneficios, como asilo político y protección para sus familiares.

Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí; Giovanny Alberto Cadavid Zapata, alias Cadavid; Elmo José Mármol Torregrosa, alias El Poli; Fauner José Barahona, alias Racumín, y Darley Guzmán Pérez, alias Jopra (pese a ser testigos de la Fiscalía General) declararon haber recibido los ofrecimientos cuando se encontraban en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

“El señor acá presente”, señaló el Poli con su mano a Iván Cepeda, de haberle ofrecido un asilo si rendía una declaración contra Uribe. “Yo a ese señor ni lo conozco”, recordó que le respondió al congresista.

Los 26 cuadernos

Desde hace dos años, cuando se conoció la decisión de la Fiscalía General de presentar el escrito de acusación, el expresidente Uribe se metió por completo en la planeación de su defensa ante los señalamientos.

Fuentes cercanas indicaron que el exjefe de Estado fue absorbido por el proceso judicial, estudiando cada uno de los señalamientos y evidencias que se han puesto en su contra. Para esto, ha insistido en estar presente en todas las diligencias judiciales, incuso cuando ha tenido que salir del país para atender compromisos académicos.

Además, como quedó en evidencia, el exmandatario tomó atenta nota de todas las sesiones, llenando a mano 26 cuadernos con sus apuntes. Estas anotaciones fueron clave para la presentación de su teoría de defensa durante las dos sesiones que marcaron el fin de los alegatos de conclusión.

“Mi interés como miembro de familia, ciudadano y expresidente es que se pruebe que he dicho la verdad (…). Me causaron un daño moral, mi interés es defender mi reputación y la de mi familia. Me causaron una afectación electoral y de opinión muy grande”, detalló el expresidente en el complejo judicial de Paloquemao.

Hasta la fecha, ningún expresidente de Colombia había llegado a estas instancias judiciales.

Los procesos contra expresidentes que quedaron en ‘veremos’

La historia de procesos judiciales en contra de expresidentes en Colombia no es tan extensa si se analiza con otros países de América Latina, donde varios de ellos han sido arrestados, judicializados y sentenciados por diferentes casos que han marcado la historia de las naciones.

En Colombia, el proceso más recordado que vinculó a un presidente en funciones data de la década de los noventa, cuando Ernesto Samper Pizano, a pocos días de ser elegido, fue señalado de haber recibido financiamiento del Cartel de Cali, liderado por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.

Pese a las notables declaraciones de varios de sus colaboradores, entre los que se encontraban su exministro de Defensa, Fernando Botero Zea, y el tesorero de la campaña, Santiago Medina, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes decidió exonerarlo de toda culpa en 1996.

En 2017, la misma comisión abrió una investigación preliminar en contra de Juan Manuel Santos después que varios directivos de la multinacional brasileña Odebrecht declararan que habían financiado la campaña presidencial que se había celebrado en 2014.

Por norma, las empresas extranjeras interesadas en proyectos no pueden intervenir de ninguna forma en la financiación de campañas en Colombia.

En 2021, la Comisión —en una votación de 6 a 3— avaló la petición presentada por el congresista ponente John Jairo Cárdenas de archivar el caso, al considerar que no había ningún tipo de evidencia.

El último caso hace referencia al expresidente Iván Duque, a quien denunciaron por la llamada ‘ñeñepolítica’, un caso que vinculaba al empresario ganadero José Guillermo Hernández y quien, en unos audios de extraña procedencia, aparecía hablando de la forma de conseguir votos en varias regiones del norte del país para garantizar el triunfo de Duque en las elecciones de 2018.

En diciembre de 2021, con una votación de 12 votos contra 2, la Comisión archivó el caso por no encontrar méritos para seguir investigando.

Por el momento, se espera que tras la decisión de la Corte Constitucional, la Comisión de Acusación decida si abre o no una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro por las irregularidades en la financiación de su campaña en 2022.

Mientras se espera el fallo de primera instancia al expresidente Uribe, los exintegrantes del Secretariado de las Farc siguen gozando de total impunidad. Después de ocho años de su creación tras la firma del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no ha emitido la primera decisión frente a los múltiples casos que vinculan a los excomandantes guerrilleros con atentados terroristas, ataques contra la Fuerza Pública y civil, reclutamiento de menores, secuestros, contaminación ambiental, entre otros gravísimos hechos.