Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas: Defensoría del pueblo entregó preocupantes cifras sobre este flagelo

La Defensoría del Pueblo ha venido reportando, a través de su Observatorio de Conductas Vulneratorias a los Derechos Humanos, los hechos victimizantes de desaparición forzada de personas en el desarrollo del conflicto armado interno: entre enero de 2022 y julio de 2023, a partir de 370 declaraciones recibidas, registró 423 víctimas de ese delito, que corresponden a desapariciones en el periodo relacionado y anterior a él. Del total, 322 son hombres; 78, mujeres, y sobre las restantes, 23, no hay información de su género.

Por eso, en la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a la institucionalidad a trabajar incansablemente para prevenir y contener esa práctica que socava la dignidad del ser humano, y a continuar con el propósito común de su búsqueda en el país.

“En este día, que tiene una gran carga de simbolismo porque es cuando el mundo entero convoca la memoria de las personas que han sido desaparecidas de manera involuntaria, desde la Defensoría del Pueblo enviamos un abrazo solidario a las familias y allegados de las personas desaparecidas, y en especial a las mujeres buscadoras, quienes son las principales lideresas de estos duros procesos en los territorios y mantienen siempre viva la esperanza de encontrar a sus seres queridos”, aseguró Carlos Camargo Assis, Defensor del pueblo.

Departamentos con más casos de desaparición forzada

En relación con los lugares en donde ocurrieron los hechos, sobresalen los siguientes departamentos:

• Nariño, con 40 víctimas
• Norte de Santander, con 37
• Antioquia, con 35
• Córdoba, con 31
• Guaviare, con 31
• Arauca, con 30
• Meta, con 27
• Valle del Cauca, con 24
• Caquetá, con 20
• Casanare, con 16.

Luego están Cauca y Putumayo, con 15 casos cada uno; Chocó, con 13, y Cesar y Cundinamarca, con 10 casos cada uno.

“Nos llama la atención que, de los seis departamentos con más casos de desaparición forzada reportados a la Defensoría del Pueblo, que son, Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Guaviare y Arauca, tres de ellos están en zonas de frontera terrestre. Es allí donde se presentan mayores dificultades para la búsqueda de las personas desaparecidas, según las denuncias y reportes de las comunidades víctimas que residen en esas regiones”, afirmó Camargo Assis.

Las 370 declaraciones recibidas por la Defensoría del Pueblo relatan hechos ocurridos desde 1974 hasta este año. Las cifras dan cuenta de que la práctica del delito persiste.

De esta manera, han podido ser establecidos tres periodos de tiempo en la ocurrencia de las desapariciones: un primer periodo entre 1974 y el 2000, en el que fueron desaparecidas 108 personas; un segundo periodo entre el 2001 y el 2020, en el que fueron desaparecidas 208 personas, y un tercer periodo comprendido entre el 2021 y el 31 de julio del 2023, en el que fueron desaparecidas 107 personas (el número de personas desaparecidas atiende estrictamente a los periodos relacionados).

El llamado a las autoridades y a los grupos armados

“Extendemos nuestro llamado a la Cancillería para que adelante la implementación de mecanismos de cooperación para erradicar la práctica de la desaparición transfronteriza y favorezca la búsqueda de las personas desaparecidas en zonas de frontera. A la Fiscalía General de la Nación, para que redoble los esfuerzos y el recurso humano encargado de las investigaciones de este delito. A la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, para que haga presencia en todos los departamentos del país”, instó Carlos Camargo Assis.

A la Jurisdicción Especial para la Paz, le solicitó considerar la creación de un macrocaso exclusivo para la investigación y sanción de hechos de desaparición forzada en el conflicto armado interno.

El Defensor del Pueblo reiteró el llamado a los grupos armados ilegales para que renuncien a tan cruel práctica: “Les exigimos a los actores armados, independientemente de su propósito o naturaleza, que respeten el derecho internacional humanitario y no pongan en riesgo la vida, seguridad e integridad de la población civil”.