Dimar Torres | “Hay que acabar con esa plaga”, la interceptación clave en el juicio contra un coronel del Ejército

Tras muchos retrasos, aplazamientos y suspensiones, se reanudó la etapa preparatoria de juicio contra del coronel (r) Jorge Pérez Amézquita y los soldados profesionales Yorman Alexánder Buriticá Duarte, Cristian David Casilimas Pulido y William Andrés Alarcón Castrillón, por su presunta responsabilidad en los hechos que rodearon la retención y posterior asesinato del excombatiente de las Farc Dimar Torres, en hechos registrados el 22 de abril de 2019 en zona rural de la vereda Carrizal, en Convención (Norte de Santander).

Ya con los militares libres por vencimiento de términos, la Fiscalía General terminó de presentar las pruebas que espera sean tenidas en cuenta en el juicio para demostrar la forma en cómo se planeó la retención del desmovilizado, la forma como lo trasladaron a un sitio desolado para asesinarlo y las conversaciones que tuvieron en un grupo de WhatsApp creado exclusivamente para intercambiar información sobre la forma en cómo se debía desviar el caso.

Fueron los pobladores de la vereda Carrizal y otros excombatientes que se encontraban en uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) los que encontraron el cuerpo sin vida de Dimar, con evidentes signos de tortura, entre ellos abuso sexual y tiros de gracia. Muy cerca se encontraba su motocicleta incinerada. El objetivo de los militares era enterrarlo en una fosa que ya habían cavado.

Entre las pruebas recolectadas por la Fiscalía, y que espera que sean tenidas en cuenta en el juicio, se encuentra una conversación entre el cabo segundo Daniel Eduardo Gómez (quien ya aceptó cargos y fue condenado a 20 años de prisión) y un soldado en el que reconocen que Torres no estaba delinquiendo.

El oficial presuntamente le ordenó al soldado profesional que tocaba “chequearlos” porque esos―en referencia a los desmovilizados de las Farc― “siguen”. El cabo fue claro en indicar que tocaba acabar con toda esa “plaga”. Igualmente, existen los registros del grupo de WhatsApp en el que se señala que el objetivo no era “capturar” a Dimar, sino matarlo y presentar todo como “extraños hechos”.

Todo esto, al parecer, como represalia contra el desmovilizado por la muerte de un militar quien cayó en un campo minado el 12 de abril de 2019, en zona rural de Convención (Norte de Santander). Dimar Torres fue señalado por inteligencia militar como uno de los explosivistas de dicha estructura guerrillera y el responsable de instalar ese campo.

La Fiscalía General llamó a juicio al coronel Pérez Amézquita y a los soldados profesionales por el delito de le imputó el delito de homicidio en persona protegida. En la acusación, el fiscal del caso indicó que esta se podría considerar como una ejecución extrajudicial, pues la víctima era una persona en estado de indefensión, desarmada y no combatiente.

El pasado 10 de junio, un juez ordenó la libertad de todos los procesados por vencimiento de términos, esto al considerar que después de 325 días tras la radicación del escrito de acusación no ha iniciado el juicio en su contra. Las audiencias (cinco en total) que iniciaron el pasado lunes, tuvo que suspenderse por problemas de conexión del juzgado. El resto de los días ha venido avanzando el proceso contra los militares.

Sin embargo, ante las versiones de supuestas intenciones de la defensa de los militares para dilatar el proceso. Esta versión fue negada de forma radical por Diana Prada, abogada del coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita, quien afirmó que “se ha indicado en varios medios de comunicación que la defensa ha realizado actos dilatorios y han dado a entender que ha sido esta bancada quien ha obstruido con el ejercicio del proceso, lo cual quiero dejar claro que no es cierto”.

Agregó que, “la defensa y las partes del proceso, hemos procurado que se lleve el juicio de forma rápida; de nuestra parte, porque es importante que se resuelva la situación jurídica de nuestros defendidos y sus familias. Deseamos que este proceso pueda culminar lo más pronto posible. La defensa estará siempre dispuesta a continuar asistiendo a todos y cada uno de los requerimientos del juzgado de conocimiento”.

En abril de 2021, la Procuraduría General confirmó la destitución e inhabilidad general por 20 años al entonces comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 del Ejército Nacional, Jorge Armando Pérez Amézquita, como determinador, provocador e instigador de la muerte de Dimar Torres Arévalo, firmante del acuerdo de paz.

La Sala Disciplinaria ratificó además la destitución e inhabilidad por 14 años al cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, al encontrar que fue el autor material del crimen, y por 12 años a los soldados profesionales adscritos a la Compañía Alabarda Cuatro del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 de la Sección Dos, Cristian David Casimilias Pulido, y de la Sección Uno, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexánder Buriticá Duarte, como cómplices de la conducta delictiva.