Distrito advirtió sobre posibles líos tras el aplazamiento de elecciones de JAC en Bogotá

El pasado 12 de marzo de 2021, el ministerio del Interior de Colombia expidió la resolución 0337, con la cual suspende en todo el territorio nacional las elecciones para determinar a los directivos y dignatarios de las Juntas de Acción Comunal (JAC). El motivo es la emergencia sanitaria que atraviesa el país y que el Ministerio de Salud extendió hasta el 1 de junio de 2021.

La resolución, expresa que la suspensión se mantendrá hasta que supere la situación de emergencia sanitaria del coronavirus y fue emitida por el ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, derogando la anterior Resolución no 565 de mayo 26 de 2020.

El documento recuerda que a través de la Resolución 565 del 26 de mayo de 2020 el Gobierno había reprogramado las fechas de elección de directivos y dignatarios y luego a través de la Resolución 665 del 15 de junio de 2020 dispuso que los miembros de las JAC permanecerán en sus cargos hasta tanto de se elijan democráticamente y se posesionen quienes han de reemplazarlos.

Frente a esta decisión se pronunció Alexander Reina Otero, el director del Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal IDPAC. Considera que la decisión tomada por el Gobierno nacional puede acarrear problemas logísticos en las próximas elecciones a Congreso y Presidencia de la República.

“Comprendemos y acogemos la decisión del ministerio del Interior de aplazar las elecciones hasta cuando termine la pandemia. Sin embargo, nos preocupa enormemente que esa nueva fecha de elección de las juntas de acción comunal (JAC) abra la puerta para que las elecciones de las juntas se traslapen (se mezclen) con las elecciones de Congreso e incluso con las consultas de los partidos que se van a hacer este año”, enfatizó Reina.

El IDPAC también advirtió sobre la tensa situación que se vive dentro de estas corporaciones comunales, pues cayó muy mal entre los líderes el parágrafo de la resolución que establece que el periodo de quienes resulten elegidos una vez se lleven a cabo las elecciones de directivos y dignatarios, será el previsto por el artículo 30 de la Ley 743 de 2002, es decir por cuatro años.

“El segundo riesgo es que puedan aumentarse los conflictos internos en las juntas, producto de la necesidad de hacer los relevos en los cargos directivos, y que se ha visto aplazado por esa fecha que para nosotros resulta totalmente confusa”, puntualizó el funcionario.