División de grupos armados ilegales aumenta el riesgo sobre la vida de los firmantes de paz, dice Defensoría

En medio de la audiencia de seguimiento a la orden que dio la Corte Constitucional para que el Estado garantizara la protección y seguridad de los firmantes de paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó que la fragmentación de los grupos armados ilegales se está convirtiendo en un riesgo latente para quienes han intentado reincorporarse a la vida civil.

La defensora del pueblo alertó: “Los riesgos varían en forma de afectación y también en intensidad, según si son entre zonas de disputas entre actores armados o zonas de presencia hegemónica. Esto también está acompañado por una situación de evolutiva fragmentación de los grupos. Cada grupo, mes a mes, vemos que tiene unas nuevas fragmentaciones que generan un dinamismo que hace más difícil seguir los riesgos y la capacidad del Estado para responder”.

Esa advertencia se conoce en medio de esa audiencia de la Corte Constitucional, a la cual están citados el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Juan Fernando Cristo, para que expliquen lo que está haciendo el Gobierno Petro para mejorar la protección de los firmantes de paz que tienen cualquier tipo de riesgo.

En su intervención, Marín explicó que uno de los puntos más álgidos para proteger la integridad de esa población está en el Catatumbo, donde varios firmantes han sido asesinados, desplazados y confinados, en medio de la guerra que ha desatado la guerrilla del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc por el control del territorio.

“Han asesinado al menos a seis personas firmantes por causas violentas, 12 firmantes han sido evacuados, 166 firmantes y sus familias han sido desplazados, y se tiene el reporte de la desaparición forzada de al menos 14 firmantes de paz. Esto, en un contexto en el que se reporta el desplazamiento masivo más grande desde que se tiene registro en la institucionalidad en el año 1997”, precisó la Defensora del Pueblo sobre la situación en el Catatumbo.

Desde el año 2022, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en Colombia sobre la garantía de seguridad para la vida de los firmantes de paz. Ahora, hace un balance sobre el trabajo que ha venido realizando el Estado en su conjunto para prevenir los riesgos, activar los mecanismos necesarios de protección y disminuir la afectación que han tenido quienes dejaron las armas para reincorporarse a la vida civil.