Se sindica a alias Máximo o Sebastián de ser el autor del asesinato”, fue la advertencia del presidente Gustavo Petro que llamó la atención de los investigadores tras el crimen del líder minero Jaime Alonso Gallego, cuando el proceso arrancaba.
El minero, conocido como Mongo, fue secuestrado el 3 de marzo de 2025 en una vía que comunica a los municipios de Vegachí y Amalfi, en Antioquia. Seis días después encontraron su cuerpo: lo asesinaron a tiros. El único testigo era su escolta, quien también fue secuestrado. Sin embargo, el testimonio del escolta, de acuerdo con los investigadores, resultó confuso luego de la aparición de un funcionario de la UTL de la senadora Isabel Cristina Zuleta.
Se trata de Johan Edisson Giraldo, el mismo que resultó salpicado en denuncias de generales de la Policía y el Ejército por supuesta interferencia en operativos; esta vez se llevó al testigo, como quedó consignado en una minuta en poder de SEMANA. La constancia advierte que fue Giraldo quien se llevó al escolta del líder minero asesinado, en la práctica, el testigo para poder llegar a los autores del crimen.
Lo que no entendieron los investigadores es cómo se enteró de las actividades judiciales en medio de un crimen, de qué forma se supo que el testigo estaba en poder de la Policía y por qué, usando su credencial de asesor de la senadora Zuleta, se llevó al escolta.
Según quedó consignado en la minuta de la Policía, fechada el 9 de marzo de 2025, el día que se confirmó el asesinato de Gallego, uniformados de la estación de Policía de Yolombó, en Antioquia, se trasladaron hasta una estación de gasolina donde se encontraba una camioneta parqueada y allí se encontraron con el escolta del líder. La minuta señala el nombre del escolta y número de cédula, como constancia de que se trataba del testigo del secuestro y asesinato del líder minero.
El lío es que el funcionario de la UTL de la senadora Zuleta se lo llevó. “Se dejó constancia de que posteriormente es trasladado a la ciudad de Medellín por funcionarios de UTL, en cabeza del señor Johan Edisson Giraldo Ospina, lo anterior como constancia”, advierte la supuesta intromisión.
En el documento de la Policía se informa que el escolta fue trasladado hasta la sede del Gaula, luego al sitio y, sin mayor explicación, aterrizó el funcionario de la UTL con la misión de trasladar al testigo, al parecer, a Medellín.
“Se dejó como constancia que siendo aproximadamente las 7:30 horas al teléfono institucional de la estación de Policía de Yolombó marca un señor subintendente, informando que al parecer sobre la vía nacional, exactamente en la estación de servicio La Marquesa, se encontraba parqueada la camioneta con placas de Funza”, señala la anotación que anticipaba la intervención del funcionario.
Lo que ocurrió en adelante no es claro para los investigadores que desconfiaron. “Se llevó al testigo luego de presentarse como un miembro de la UTL”, señalaron las fuentes oficiales que hablaron con SEMANA sobre la presunta intromisión de Giraldo.
Las declaraciones del testigo, posteriores al traslado a cargo del funcionario de la UTL, según los investigadores, fueron confusas, contradictorias, en algunos puntos parecían “libreteadas”.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo la advertencia sobre lo que dijo el escolta a los investigadores después de la intervención del asesor de la senadora Zuleta.
“Su escolta, de la Unidad Nacional de Protección, apareció con vida. Su versión, que aún no es clara, está siendo verificada por la Policía y la Fiscalía, a quienes pedimos celeridad en la investigación”, dijo el gobernador Rendón.
Cuatro meses después del secuestro y asesinato de Mongo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la captura de quien el propio presidente Gustavo Petro señaló como responsable: Arlenson González Vanegas, alias Sebastián o Máximo, cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia.
“Este sujeto sería el responsable del asesinato del líder campesino Jaime Gallego, dirigente de Colombia Humana. Alias Máximo tenía una trayectoria criminal de más de diez años, con acciones directas contra firmantes de paz, defensores de derechos humanos y comunidades en el nordeste antioqueño”, dijo el ministro el día de la captura. El presunto cabecilla del Clan del Golfo fue presentado ante jueces de control de garantías.
La Fiscalía expuso el material probatorio en su contra por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple, concierto para delinquir y hurto calificado. La fiscal del caso pidió medida de aseguramiento en centro carcelario, que el juez aceptó.
“Los elementos materiales de prueba dan cuenta de que Sebastián, como cabecilla urbano de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, habría ordenado el secuestro y posterior crimen, y sostenido conversaciones previas para confirmar la reunión que sirvió de engaño”, indicó en su momento el ente acusador.
La constancia de la presunta intromisión de Johan Edisson Giraldo en la investigación por el asesinato de Jaime Gallego, cuando ‘trasladó’ al único testigo, se suma a las denuncias que hicieron varios generales de la Policía y el Ejército sobre posibles interferencias en los operativos de la fuerza pública, principalmente en Antioquia.
Las denuncias se acompañaron de conversaciones en las que Giraldo contactó a los generales, supuestamente en nombre de su jefe, la senadora Zuleta, para pedir, al parecer, que se frenaran operativos de la fuerza pública contra las disidencias de las Farc en Ituango, el epicentro de su actuar político.
“Por favor, general, no cometan una equivocación con estas tres personas. ¿Cómo les ayudamos para que esto no pase?”, dice el mensaje que, supuestamente, remitió el asesor de la senadora Zuleta al alto oficial del Ejército, con el único propósito de insistir en lo que Zuleta advirtió horas antes. “La intención de ella era parar el combate”, señalaron las fuentes militares a SEMANA.
La constancia, con la supuesta intromisión de Johan Edisson Giraldo en la investigación por el secuestro y asesinato del líder minero, quedó en los libros. Sin embargo, no hay reclamos o reparos de las autoridades, quizá porque hasta el momento la información estaba en la mitad de un centenar de anotaciones y novedades de servicio, en una zona tan compleja como el nordeste antioqueño. El asunto es delicado. Se trata de una intervención aparentemente irregular de Giraldo, miembro de la UTL de la senadora Zuleta.
Por eso, SEMANA lo buscó para consultarle sobre las anotaciones que mostraban su participación en la investigación que estaba solo en poder del Gaula y la Fiscalía, pero no hubo respuesta.
Este medio también buscó a la senadora Zuleta y el asunto fue más delicado. La congresista no contestó las llamadas ni los mensajes. Por el contrario, planteó en su cuenta de X una inexplicable persecución y violencia política en su contra. Afirmó que SEMANA pretendía meterse “con uno de los casos más dolorosos que ha sufrido esta curul”, haciendo referencia al asesinato de su “amigo”, Jaime Alonso Gallego. Justificó que se llevaron al escolta por solicitud de la familia y, según sostuvo, en coordinación con la Defensoría del Pueblo.
“Este caso es una clara muestra de cómo no existe ninguna confianza en las autoridades locales de esta región en la que la población está a merced de los grupos armados ilegales”, agregó.
Zuleta publicó las preguntas que le hizo el reportero de este medio y publicó su teléfono y fotografía. Minutos después borró el número del celular del reportero en la imagen compartida en X. También envió los mismos datos a listas de difusión, exponiendo la vida del periodista.
