Dramática advertencia sobre la Nueva EPS: “Tiene un riesgo muy alto de desaparecer” y eso colapsaría el sistema. Estos son los detalles

SEMANA: En el Gobierno de Gustavo Petro se ha hablado mucho de una “implosión” del sistema de salud. Con estas cifras financieras tan malas, ¿se podría decir que ese momento está llegando?

Augusto Galán: Los sistemas de salud no implosionan como puede ocurrir con un apagón en el sector energético: allí se advierte que se puede ir la luz y llega el día en que finalmente no hay luz. En salud es distinto, porque el deterioro es un proceso lento y progresivo. Más cruel: la población se acomoda o fallece.

SEMANA: La crisis del sistema de salud viene de años atrás. ¿Por qué se profundizó con la llegada de este Gobierno?

A.G.: Porque, digámoslo en términos médicos, el Gobierno llegó con un mal diagnóstico. Y cuando hay un mal diagnóstico, también hay un mal tratamiento. Entonces, el Gobierno decidió intervenir a los agentes que operan la demanda de servicios al sistema, creyendo que con eso solucionaba los problemas que eran de la oferta; y lo que hizo fue profundizar estos problemas. Hoy hay más barreras de acceso para las personas.

SEMANA: Tras el informe de la Contraloría, está claro que las EPS intervenidas están peor. Hoy concentran el 80 por ciento de las deudas con los hospitales. ¿Por qué salió tan mal?

A.G.: Las intervenciones nunca han sido la solución, y hoy se está demostrando. El Gobierno, al intervenirlas, empeoró la oferta de servicios. Además, cerró el acceso a los recursos financieros adecuados. No ha calculado bien la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de los últimos tres años. Así, aumentaron las barreras de acceso y se alteró la gestión de esas entidades. Cuando se hace una intervención, lo primero que ocurre es que se eliminan los pesos y contrapesos dentro de la organización. El interventor llega y automáticamente se remueve la junta directiva, inclusive también la asamblea. En consecuencia, una sola persona queda tomando todas las decisiones sin control. A ese error se suma el nombramiento como interventores de personas que no conocen de aseguramiento. La mayoría de esos interventores, por no decir todos, tienen experiencia en hospitales o clínicas. Pero no es lo mismo gerenciar un hospital que una EPS. En gran medida, por eso estamos en esta crisis.

SEMANA: Pero en el fondo, el deseo siempre ha sido acabar con las EPS.

A.G.: Es un Gobierno que no cree en el sector privado y que considera que este debe subyugarse a los designios del Estado. No cree en la alianza público-privada, que fue la que nos permitió pasar del 23 por ciento de cobertura en seguridad social en salud en 1992 a prácticamente el 100 por ciento 30 años después. Y es a esa época de 1992, y antes, a la que quieren devolvernos.

SEMANA: ¿Cómo se daría ese retroceso?

A.G.: Porque el sustituto del sector privado que plantea la reforma es el propio Gobierno. Todos sabemos que el sistema de salud no es perfecto. Pero había otras razones que explicaban las tensiones para el acceso oportuno a los servicios y que impactaban la capacidad de la oferta: el envejecimiento de la población, las migraciones, las decisiones del aparato judicial, las nuevas tecnologías, el equilibrio frágil en la financiación del sistema y el hecho de que Colombia pasó a ser un país de ingreso medio alto. Está demostrado que mientras más crece la economía y más se desarrolla una nación, más exigencias en salud recibe el sistema. Además, se encuentra el tema central de la siniestralidad, impactada por el costo médico. Hoy la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es insuficiente: por cada 100 pesos que reciben las EPS por paciente, gastan más de 104. Este Gobierno no entiende esas consideraciones y toma decisiones principalmente ideológicas.

SEMANA: Deme un ejemplo sencillo de ese aumento de costos.

A.G.: Una muy clara es el cambio en el perfil epidemiológico. La población ha envejecido aceleradamente y las enfermedades crónicas están aumentando. El cáncer, por ejemplo, viene creciendo: se estima que para 2040 la prevalencia se duplicará en los países como Colombia. Hasta más o menos 2015, el cáncer era una enfermedad considerada mortal; a las personas las diagnosticaban y en pocos años fallecían. Hoy, en gran medida, el cáncer se ha convertido en una enfermedad crónica. Los pacientes pueden vivir más tiempo con la enfermedad y con calidad, pero los tratamientos son muy costosos.

SEMANA: ¿Qué significa para el sistema que las EPS tengan esos números rojos?

A.G.: Las EPS son la puerta de la entrada del financiamiento al sistema. Cuando sus balances no son adecuados, todo el sistema comienza a colapsar. Le doy algunos datos: en 2022, el patrimonio negativo de las EPS rondaba los 500.000 millones de pesos. Hoy, con corte a junio, es de -11,5 billones. Es decir, se multiplicó por 20 en tres años. Y esto sin contar con los estados financieros de la Nueva EPS, por lo que la cifra puede ser aún mayor. Eso es muy grave.

SEMANA: ¿Qué otro indicador le parece crítico?

A.G.: Revisando los activos y pasivos de las entidades que reportan (sin incluir la Nueva EPS), los activos están en 18 billones de pesos, mientras que los pasivos superan los 29 billones, según la Superintendencia Nacional de Salud. Es decir, no hay con qué pagar las deudas. Luego viene el informe de la Contraloría, que advierte que las deudas de las EPS son del orden de 22 billones. Esto significa que la desfinanciación del sistema no solo es real, sino crítica, y ha sido subestimada.

SEMANA: En esta crisis hay dos EPS cuya debacle es emblemática. ¿Qué pasó con la Nueva EPS?

A.G.: La Nueva EPS tiene un riesgo muy alto de desaparecer. Puede llegar el día en que no pueda pagar lo que debe. Se mantiene viva porque recibe un flujo constante de giros de entre 1,8 y 2 billones de pesos mensuales. Pero las facturas de los prestadores superan ese valor. No me atrevo a dar cifras porque no hay reportes oficiales. Si la EPS no logra equilibrar sus ingresos con sus gastos, será muy difícil que subsista.

SEMANA: Y si la Nueva EPS se liquida, ¿qué pasa? Usted al comienzo dijo que esto no es como apagar la luz.

A.G.: Liquidar una EPS es una decisión de sus administradores y de la Supersalud. La operación podría mantenerse, pero a costa de atender muy mal a la población, en una entidad con casi 12 millones de afiliados. Llegará un punto en que la situación sea insostenible. No sé si hoy exista la posibilidad de inyectarle capital, no lo veo claro. Están en una recomposición accionaria en la que el Gobierno nacional quedaría como socio mayoritario y tendría que poner más recursos. Pero debo decir que la liquidación de la Nueva EPS generaría un problema sistémico inmenso.

SEMANA: Explíquenos...

A.G.: Sería un problema tremendo. ¿A dónde van a trasladar esos 11 a 12 millones de afiliados en un sistema donde todas las EPS tienen problemas financieros? Además, están los prestadores de servicios de salud que tienen contratos y facturas pendientes con la Nueva EPS. ¿Quién va a pagarles y en cuánto tiempo? Eso quebraría a muchas instituciones. De hecho, ya hay algunas al borde del colapso. Si no les pagan, simplemente tendrán que cerrar. Esa experiencia ya la vivimos con el antiguo Seguro Social.

SEMANA: ¿Qué pasó allí?

A.G.: A finales de la década de los noventa, el presidente del ISS se inventó un esquema que llamó de “libre adscripción” de IPS para que atendieran a la población, esencialmente sin autorizaciones previas. Acabaron con las finanzas de la entidad rapidito, quebraron a varias IPS (clínicas, etcétera) y muchos directivos de estas terminaron con líos judiciales. El Seguro Social nunca logró recuperarse de su crítica situación financiera. Finalmente, fue liquidado, dejando a millones de colombianos en un proceso de transición complejo. Ese antecedente debería ser una advertencia de lo que podría repetirse.

SEMANA: Y volviendo al presente, ¿qué pasó con Sanitas?

A.G.: El caso de Sanitas ratifica que las intervenciones no funcionan. Cuando el Gobierno nacional decidió intervenirla, la EPS tenía un patrimonio positivo de 21.000 millones de pesos; era pequeño, pero positivo. Tras un año y unos meses de intervención, y después de que la Corte Constitucional ordenó devolverla a sus dueños originales, a Sanitas la entregan hoy con un patrimonio negativo de -1,1 billones de pesos y deudas por 1,7 billones. La pregunta es: ¿qué hicieron en tan poco tiempo? ¿Cómo lograron un deterioro de esa magnitud en apenas un año? Uno revisa esos balances desde Así Vamos en Salud y se pregunta: ¿qué pasó con la contratación, con los costos, con los gastos? O las personas interventoras no tenían las capacidades, o simplemente llegaron a destruirla.