¿Por qué la decisión de Duque de escoger a dedo la terna para fiscal no cambia nada?

A pesar de que el gobierno de Juan Manuel Santos intentó vía decreto generar un ambiente de transparencia y meritocracia en la elección del Fiscal General, uno de los cargos más importantes de la justicia, su concurso de reglas no cambió las anunciadas cábalas sobre los candidatos predilectos de la Casa de Nariño.

Cuando hubo la oportunidad de aplicar los cambios establecidos en la pasada terna de fiscal, los candidatos resultaron ser los mismos que estaban cantados desde el comienzo. Los nombres de Mónica Cifuentes, Yesid Reyes y Néstor Humberto Martínez fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia. 

A pocos días de anunciar su decisión sobre quiénes serán sus ternados para reemplazar a Néstor Humberto Martínez, el presidente Iván Duque se deshizo del decreto de Santos y volvió a la discrecionalidad que establece la Constitución. 

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La derogatoria fue firmada por la ministra de justicia, Margarita Cabello Blanco, que a través de una resolución tumbó la convocatoria pública para recepción de hojas de vida que Santos había impartido. Tampoco habrá elaboración de listas, que en últimas podían ser intervenidas por el primer mandatario para incluir el nombre de otros ciudadanos que no se hubieran inscrito. 

El procedimiento diseñado por el anterior Gobierno también permitía recibir comentarios ciudadanos frente a los candidatos incluidos en las listas. No obstante, difícilmente un presidente se daría la pela de incluir en su terna un nombre que no cumpla requisitos o que tenga deudas con la justicia. Y teniendo en cuenta que los nombres deben pasar el filtro de la Corte Suprema de Justicia, el agua sucia política sobre un candidato con serios cuestionamientos se le podría devolver al Primer Mandatario. 

Así las cosas, el proceso en manos de Duque vuelve a ser expedito. El presidente tendrá que mandar tres nombres de personas que tengan las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. De entrada, anunció que no necesariamente pensará en penalistas para que ocupen este cargo. 

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Ante las críticas que desató la derogatoria del decreto Santos, la presidencia de Duque informó que se debió a que existe un mandato superior en la Constitución, el cual no puede ser modificado vía decreto. Adicionalmente, aseguraron que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 30 de marzo de 2017, determinó que cuando la Constitución establece la forma de elección de un funcionario público, se debe proceder a aplicar el procedimiento que establece la Carta Política.

La demora

El camino está allanado para que el presidente haga llegar sus candidatos a la corte. No obstante, el alto tribunal no está en plena marcha para recibirlos. Actualmente, tiene seis vacantes lo que hace que haya habilitados solo 17 votos. Esta condición hace que si las votaciones fueran hoy se dificulte alcanzar la mayoría de 16 votos en favor de alguno de los nombres.

Este jueves se llevó sin éxito una nueva ronda de votaciones en Sala Plena para escoger los reemplazos de cuatro despachos. De otro lado, el Consejo Superior de la Judicatura está pendiente de entregar una lista definitiva para reemplazar otras dos vacantes: la de Luis Guillermo Salazar y la de Margarita Cabello Blanco.

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Aunque el presidente puede destapar sus cartas en cualquier momento, no hay nada que lo impida, la nueva fecha de reunión en Sala Plena de los magistrados está prevista, en principio, para el próximo 25 de julio. Desde Casa de Nariño, el quórum reducido en el alto tribunal ha sido visto como un obstáculo para que una elección, que suele generar bloqueos al interior del alto tribunal, fluya como debería ser. En el entretanto, los magistrados de la Corte Suprema parecen estar sintonizados con la gestión que está adelantando el fiscal general encargado Fabio Espitia.