Duros reparos del Tribunal a la falta de “rigor” del fallo de primera instancia contra Álvaro Uribe: “Errores”, “falacias”, “déficit”

En la decisión que absolvió a Álvaro Uribe Vélez, el aparte más contundente a favor del expresidente fue el que tenía que ver con Juan Guillermo Monsalve. Por años, el hombre —condenado por secuestro— fue presentado como el testigo estrella del proceso y, tanto en la Corte Suprema, como en la primera instancia, se le otorgó plena credibilidad a lo que relató.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que, en la decisión que condenó a 12 años al expresidente, se cometieron graves errores jurídicos en la consideración de su testimonio y el peso que se le dio al mismo. En la decisión hay reflexiones muy duras respecto a la forma en que la jueza de primera instancia, Sandra Liliana Heredia, manejó el caso.

Los magistrados analizaron el testimonio de Juan Guillermo Monsalve para establecer si Uribe Vélez había recurrido “a Diego Javier Cadena Ramírez y Enrique Pardo Hasche como emisarios para inducirlo a retractarse de sus declaraciones”.

Frente a esto, la sala aseguró que era indispensable “determinar si la prueba aportada en juicio demuestra —de manera directa o indirecta— que dicha retractación constituyó una acción deliberada y esencial orientada a faltar a la verdad dentro de un proceso penal".

El Tribunal afirmó que la juez de primera instancia aceptó la narración de Monsalve como cierta, “sin mediar el ineludible ejercicio argumentativo producto de la valoración de las pruebas o la construcción indiciaria”.

“Conclusión errada, en cuanto la condición de testigo, la verosimilitud del relato, su credibilidad, la repetición de la versión y la intención de suprimir o desfigurar el conocimiento de un hecho delictivo, constituyen nociones bien diferenciables que exigen igualmente un análisis individual, en tanto la ausencia de uno o varios de ellos conlleva diversas implicaciones”, agrega el fallo.

El Tribunal indicó que no había argumentos para creer que un adolescente había podido ser la “persona de confianza” de los fundadores del Bloque Metro, como se vendió Monsalve en su testimonio. Y que todos los hechos de paramilitarismo de los que Monsalve afirmó ser testigo no tenían “coherencia” en el tiempo.

Monsalve aseguró que él era testigo de cómo Álvaro Uribe Vélez había dado la orden de cometer una masacre, pero cambió esa versión en otras diligencias judiciales más adelante. Luego, dijo que no conocía al expresidente y que apenas lo había visto en dos oportunidades. En otra diligencia, manifestó que nunca había visto al exmandatario en la finca Guacharacas.

“Bajo esta lógica, la primera actividad requerida de cara a establecer la configuración del delito de soborno en actuación penal era la valoración de si lo pretendido por Álvaro Uribe Vélez era que Juan Guillermo Monsalve Pineda se retractara de una manifestación verdadera, es decir, que mintiera o callara total o parcialmente la verdad”, sostuvo la sala.

Y luego, agregó: “Esto es fundamental, ya que el falso testimonio que caracteriza este tipo de soborno solo puede ser identificado mediante su contraste con dicha verdad. Esta confrontación, propia del modelo adversarial, se materializa en el juicio, donde las versiones opuestas deben someterse a verificación y contradicción”.

Los magistrados cuestionaron severamente el modo en que la jueza de primera instancia llegó a sus conclusiones.

“A este respecto, encuentra la sala que el método utilizado para determinar cuál versión es falsa careció de metodología objetiva y lógica. En varias ocasiones, la falladora concluyó sin precisar si se trataba de prueba directa del hecho relevante —el testimonio falso— o si se recurrió a prueba indiciaria, sin desglosar sus elementos esenciales. No identificó los hechos indicadores ni las reglas de la lógica utilizadas para deducir el hecho desconocido. En lugar de ello, optó por una interpretación que favorece la tesis acusatoria, sin explicar por qué se descartaron otras hipótesis plausibles que respaldaban la postura defensiva”.

El tribunal sostuvo que saber si Monsalve mentía no es menor, sino parte esencial del delito por el cual estaban condenando al exmandatario: “Pretender la retractación de una versión falsa no constituye hecho con relevancia jurídica para el derecho penal, de ahí que fuera indispensable establecer si Juan Guillermo Monsalve Pineda disponía de ese conocimiento privilegiado en razón de su pertenencia, primero, a las Autodefensas Campesinas y, posteriormente, al Bloque Metro”.

Los magistrados también aclararon que la ayuda que se les da a los testigos no es en sí misma constitutiva de delitos, y que sí era importante analizar si Monsalve buscaba, o no, obtener beneficios con su testimonio.

El tribunal desechó como prueba sólida una entrevista de Iván Cepeda a Monsalve que sí tomó en cuenta la juez. Aseguró que en esta se pueden ver “inconsistencias temporales, afirmaciones construidas sobre conjeturas y ausencia de elementos corroborativos, lo que impide considerarla como una fuente fiable de verdad procesal”.

Y concluyó, tras enumerar los hechos del proceso, que la sentencia de primera instancia “no detalla objetivamente el camino que usa para estimar como verdaderos los hechos con los que concluye que la prueba de cargo demostró que Juan Guillermo Monsalve Pineda había expresado con anterioridad una declaración conforme a la verdad de lo que le constaba y que con las actividades que hoy se juzgan y se atribuyen a Álvaro Uribe Vélez”.

Luego, señaló que encontró prejuicios en las consideraciones de la primera instancia, pues la jueza “termina indicando que le cree a Juan Guillermo Monsalve Pineda porque parte de aquella tesis que los hechos en los cuales se estructuran imputaciones de conductas ilícitas contra los intereses de los hermanos Uribe Vélez son verdaderos”.

El tribunal aseveró que la sentencia tiene un “déficit argumentativo” y habla de un “error metodológico en el análisis” que condujo a concluir la credibilidad de la pareja de Monsalve, la médica Deyanira Gómez y, “al mismo tiempo, descartarse lo dicho por otros familiares de Monsalve, únicamente porque no respaldaron su versión”.

“La sentencia parece asumir que solo los familiares que apoyan al testigo validan su credibilidad, mientras que aquellos que no lo hacen deben considerarse falsos o con escaso valor suasorio. Esta conclusión no solo es epistemológicamente débil, sino que vulnera el principio de imparcialidad en la valoración de la prueba“, agregó.

Los magistrados advirtieron que era “imprescindible que la primera instancia estudiara con rigor cuáles son las pruebas —documentales y testimoniales— que realmente respaldan las versiones de Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez”.

Por estas razones, el Tribunal aseguró que “los hechos examinados y corroborados en el juicio no alcanzan la entidad necesaria para configurar el tipo penal” por el cual habían condenado al exmandatario.