Édgar Riveros, abogado que ofreció soborno de $13 mil millones para desviar investigaciones de la UNGRD, denuncia amenazas de muerte

Cero y van cuatro. Pese a que todo se tenía listo para que este martes 3 de junio se adelantará la audiencia en la cual se iba a formalizar el preacuerdo firmado entre la Fiscalía General y el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una falla de internet en la cárcel La Modelo impidió la realización de la diligencia judicial.

Pese a que en la instalación de la audiencia el abogado Riveros —quien fue capturado en septiembre pasado— apareció en cámaras, se presentó de manera normal e incluso le otorgó poder a un abogado para su representación, de un momento a otro desapareció. Pese a los múltiples intentos de la jueza 40 de conocimiento de Bogotá para solucionar la situación, fue imposible que alguien diera razón de la falla técnica.

En medio de la tensión por la situación, la jueza manifestó que iba a suspender la audiencia, puesto que ninguno de los tres funcionarios de la cárcel La Modelo, donde se encuentra privado de su libertad el abogado, pudo arreglar la conectividad.

“Es como la tercera vez que nos pasa algo con la remisión o con el Inpec. Hoy es increíble, pudimos conectarnos y de la nada ya no tiene internet (…) No nos dan razón”, manifestó la jueza de conocimiento, que fijó la continuación de la audiencia para el próximo 19 de junio.

Tras esta constancia, el abogado Javier Olivera Villanueva, quien representa a Édgar Riveros, pidió la palabra para poner presente la grave situación de seguridad de su cliente. Esto con el fin de oponerse a un traslado de su defendido hasta el complejo judicial de Paloquemao.

“Esta defensa si debe dejar constancia que el señor Édgar ha tenido problemas de amenazas y pues sería muy apresurado citarlo a Paloquemao”, precisó el abogado Olivera. “Quiero pedirle con todo respeto, su Señoría, que por razones de seguridad, esta audiencia se hiciera virtual”, pidió.

La jueza aseguró que desconocía por completo estos hechos y dejó la respectiva constancia: “Desconozco qué tipo de amenazas pueda tener el señor Édgar Eduardo Riveros”.

Por su parte, el abogado Pablo Bustos, quien representa a comunidades indígenas de La Guajira —que piden ser reconocidas como víctimas por este caso de corrupción—, aseveró que esto no es excusa para que el procesado no sea trasladado a los juzgados.

“No es el único que ha señalado tener amenazas”, precisó Bustos. “No se puede desconocer que el Inpec es parte del Ejecutivo y es el Ejecutivo el que está en los estrados judiciales por este macroescándalo de corrupción”.

En el preacuerdo, el abogado aceptó su responsabilidad en los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Esto, por haberle ofrecido la suma de 13 mil millones de pesos al abogado Luis Gustavo Moreno, con el fin de evitar que el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla siguiera entregando nombres en el proceso de colaboración que estaba adelantando con la Fiscalía General.

En tres reuniones, el abogado Riveros puso presente la intención de pagar estas coimas. Toda esta información le fue enviada por Luis Gustavo Moreno a la Fiscalía General.