El caso de la estudiante trans que intentó suicidarse, y terminó en una orden de la Corte a colegios contra la “discriminación”

La desatención del colegio en donde estudiaba Catalina, una joven de tan solo 14 años, en su proceso de transición de género, se convirtió en una orden de la Corte Constitucional a todas las instituciones educativas sobre su compromiso de implementar protocolos que eviten espacios de discriminación.

Desde el año 2014, Catalina era estudiante del Colegio Oxford y, ocho años después, la joven empezó a expresar su identidad de género femenina por la forma en que se vestía y su nombre elegido. Los compañeros de su institución aceptaron su identidad, pero la rectora ordenó al personal y a los estudiantes que la llamaran por su nombre legal.

De tajo, la rectora rechazó su identidad y hasta utilizaba su nombre de hombre para llamarle la atención por la forma en que se vestía. Con esa situación, la mamá de Catalina informó que “había sido diagnosticada con trastorno obsesivo-compulsivo. Esta información no fue acogida de forma positiva por la rectora y por el coordinador del colegio, quienes cuestionaban la veracidad de tal diagnóstico”.

Pero el caso se agravó cuando el coordinador del Colegio Oxford la confrontó sobre su salud mental, en medio de una reunión con los papás de Catalina por un proceso disciplinario que tenía en su contra. Después de ese episodio, la estudiante de tan solo 14 años intentó suicidarse y terminó hospitalizada en el Hospital San Ignacio.

“Al finalizar el segundo semestre del año 2022, Catalina fue promovida al siguiente año escolar, pero bajo un esquema que le imponía especiales compromisos académicos (matrícula condicional). No obstante, para ello no tuvo acompañamiento por parte de la institución”, dice el fallo, omitiendo completamente su salud mental.

Tiempo después, Catalina logró cambiar su identidad legalmente, pero ahora el cuestionamiento que le puso el colegio era utilizar el baño de mujeres; a lo que le pusieron condiciones: “se le prohibió entrar al baño de las niñas de primaria, utilizarlo si había otra niña dentro de las instalaciones y se le obligó pedir el acompañamiento de una profesora”.

Toda esta ola de discriminación, como lo consideró el alto tribunal, se convirtió en un bajo rendimiento escolar de Catalina. En mayo de 2023 empezó a tener episodios depresivos y los padres terminaron solicitando la creación de un Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), pero el Colegio Oxford evadió su responsabilidad.

Durante el año de estudio del 2023, la Corte explica que “Catalina sostuvo una relación sentimental con otra estudiante del Colegio Oxford. En reiteradas ocasiones, ambas fueron llamadas a explicar las formas en que se demostraban cariño, se les prohibió sentarse juntas en la ruta escolar y se les cuestionó por estar desarrollando lo que, a criterio del personal del Colegio Oxford, sería una relación de dependencia y poco sana”.

Por todos estos episodios, los padres de la joven terminaron llevando su caso hasta la justicia por medio de una tutela que estudio la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, la cual consideró que el colegio vulneró sus derechos a vivir una vida libre de violencia en su propio colegio.

Por esa razón, se le ordenó al Colegio Oxford en un plazo de dos meses “implementar el “Protocolo de Atención para Situaciones de Hostigamiento, y Discriminación por Orientaciones Sexuales, Identidades y Expresiones de Género Diversas”, adoptado por la Secretaría de Educación Distrital, para la identificación de señales e indicios de discriminación en razón a la orientación sexual, identidades y expresiones de género diversas, y las rutas de atención interinstitucionales para su prevención y sanción”.

Pero además, la Corte le ordenó a la Secretaria de Educación de Bogotá hacer seguimiento y vigilancia a las instituciones educativas públicas y privadas, sobre la implementación de los protocolos y rutas de atención sobre situaciones de discriminación y hostigamiento.