El caso del general imputado por corrupción que se cayó porque Fiscalía no presentó preacuerdo; ‘jalón de orejas’ de la Corte

Por un insólito error de la Fiscalía del que aún no se conocen las razones, el proceso judicial contra el general (r) Jorge Arturo Salgado Restrepo, excomandante de la Séptima División y exinspector del Ejército, se cayó en gran parte porque no se presentó un preacuerdo que firmó con la justicia.

El caso empezó a finales de 2017, cuando el general (r) Salgado Restrepo, intervino para que el entonces coronel Harold Páez, comandante del Batallón de Servicios Nro. 4 “Yariguíes”, adjudicará contratos a las sociedades Distrilogística e Ingecodi S.A.S.

Dichas empresas, se beneficiaron con millonarios contratos por casi 2 mil millones pesos para prestar el servicio de cafetería y catering, pero a cambio, Salgado habría recibido en contraprestación tiquetes aéreos, pagos en restaurantes, combustible para los vehículos de su familia en Bogotá, asados en la casa comando, boletos para conciertos, alquiler de fincas recreativas, pago de facturas de celular, de Directv y de suscripciones de prensa. En un principio, la Fiscalía reveló que el retirado oficial se apropió de por lo menos unos 170 millones de pesos en bienes, servicios y tiquetes aéreos para su familia y funcionarios del Ejército.+

Lo particular del caso es que en octubre de 2020, la defensa de Salgado firmó con la Fiscalía y el apoderado de víctimas un preacuerdo con el que el general retirado renunció a la agregaduría militar en Chile -trasladándose a Colombia con su familia -, presentó su retiro voluntario del Ejército Nacional, y reintegró la suma de $170.019.129 como indemnización total.

Pero tan solo un mes después, la Fiscalía le informó al general en retiro que por razones de política criminal no se radicaría el preacuerdo sino un escrito de acusación, lo que habría ocasionado un incumplimiento por parte del ente acusador.

Por esa situación, la Corte Suprema de Justicia le ‘jaló las orejas’ a la Fiscalía por no presentar el preacuerdo al que había llegado con el alto oficial, señalado de presunta corrupción. Para el alto tribunal, el funcionario del ente investigador no habría actuado de forma correcta, pese a que el imputado ya había cumplido con los compromisos de reparación.

La decisión del magistrado ponente Hugo Quintero resalta que “esa omisión del Fiscal resulta desleal, pues frente al desistimiento del preacuerdo tenía la obligación de retornar las cosas al estado anterior a como las provocó, vulnerado la estructura del debido proceso el derecho del imputado a participar en la resolución de su proceso y quebrantando la confianza legítima depositada en la Fiscalía”.

Esta postura empieza a sentar precedentes teniendo en cuenta que la Fiscalía lleva adelanta en estos momentos negociaciones mediante preacuerdos en casos importantes de corrupción como el de los carrotanques. Hay que recordar que el exdirector de la UNGRD, Olmedo López; y el exsubdirector de esa entidad, Sneyder Pinilla, acudieron a esa figura para destapar todo el entramado que se armó desde la Unidad.

“El Fiscal no tiene la facultad de retractarse del mismo, ni antes de presentarla al juez de conocimiento y menos después de su verificación. Ante el incumplimiento de ese mandato se afecta la estructura del proceso (aspecto que se estudiará en punto de las nulidades”, dice la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Por ese infame error de la Fiscalía, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la nulidad del proceso contra el general (r) Jorge Arturo Salgado, inclusive desde la presentación del escrito de acusación, para que vuelva a presentar ante la Sala de Primera Instancia el preacuerdo al que llegó con el oficial en el año 2020.