El Dane tiene nueva misión, tras aprobación de reforma a la Ley 30 de educación

Los temas educativos suelen tener mayor aceptación en el Congreso de la República, y más aún, cuando se tienen las tribunas llenas y están próximas las elecciones para escoger a nuevos legisladores o ratificar a algunos de los que están.

Así se vio en el debate definitivo en el cual se aprobó la reforma a la Ley 30 que establece las reglas de la educación pública en Colombia.

La autoría del documento, que contaba con 8 artículos, era del Ministerio de Educación, pero al lado del nombre de Julián Molina, titular de esa cartera, estaba también un largo listado de congresistas. De hecho, todos salen a reclamar su rédito tras la aprobación del proyecto de ley.

Fue la Plenaria de la Cámara de Representantes la que tuvo la última palabra y, tras un debate de varias horas, los integrantes de esa célula legislativa le dieron el aval a las modificaciones a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

El fin de los cambios propuestos en el proyecto de ley es el de abrir fuentes de financiación para que la educación pública sea de mayor calidad, sin contar con que se requieren recursos para conjurar la crisis de la las universidades. Sin embargo, los congresistas de la oposición, principalmente, reclamaban responsabilidad, ya que el costo fiscal de cada proyecto suele no ponerse en el visor y luego, vienen los ‘ayayai’.

Óscar Darío Pérez, por ejemplo, junto a su homólogo del Centro Democrático, Hernán Cadavid, pusieron en el debate que, si bien en el país hay que abogar por la educación, no se puede perder de vista que se requiere aplicar eficiencia en el gasto público. “Se habla del déficit, pero no del desgreño de la burocracia, de la mala focalización”, dijo Cadavid.

Y Pérez agregó que le preocupan las cuentas incluidas en el proyecto de ley, en el que hay distribución de recursos para el funcionamiento, pero poco para la inversión en calidad educativa.

Lo cierto es que, tras la aprobación del proyecto de ley, ahora el Dane queda con una nueva misión: la de calcular el índice de costos de la educación superior-Ices, que será la variable con la cual se asignarán recursos al sector. Olga Lucía Velásquez, por ejemplo, una de las autoras del proyecto, explicó que se trata de una garantía de que la plata será suficiente, pues si antes se incrementaban los recursos para cubrir los costos educativos en lo público, con el IPC, ahora se tendrá también la opción del Ices. “Se utilizará el de mayor valor”, expresó.