Nación
El duro llamado de la Procuraduría tras asesinato de Nawar Jiménez, mujer trans en el Carmen de Bolívar
La entidad enfatizó que la orientación sexual o identidad de género no pueden ser motivo de exclusión, persecución ni violencia.
La Procuraduría General de la Nación lanzó un enérgico llamado a las autoridades judiciales y de investigación del país para esclarecer con prontitud y contundencia el asesinato de Nawar Jiménez.
La víctima es una reconocida lideresa trans y defensora de los derechos humanos, la cual fue hallado sin vida en una cuneta a las afueras del municipio de El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar.
El crimen, cuya autoría aún no ha sido determinada, causó conmoción entre organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y la comunidad LGBTIQ+ de la región Caribe y del país, dado el papel fundamental que Nawar cumplía como referente de inclusión y activismo en favor de las poblaciones más vulnerables.
El cuerpo de Nawar fue encontrado en la rotonda que conecta El Carmen de Bolívar con el municipio de San Jacinto. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el lugar exacto del crimen ni los móviles del asesinato, lo que aumenta la urgencia de esclarecer los hechos.
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Frente a esta situación, la Procuraduría instó a la rápida identificación, individualización y judicialización de los autores materiales e intelectuales del homicidio, para que este crimen no quede en la impunidad y se garantice el acceso a la verdad y la justicia para sus familiares y la comunidad que representaba.
Nawar Jiménez era mucho más que una activista. Fue una figura clave para el reconocimiento de los derechos de las personas trans y LGBTIQ+ en el Caribe colombiano, así como una víctima del conflicto armado reconocida en procesos de reparación colectiva.
Su liderazgo había sido ampliamente valorado por organizaciones de base y por entidades estatales, por su dedicación a la defensa de los derechos humanos y a la inclusión social en un territorio históricamente golpeado por la violencia.
Por su parte, el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Néstor Osuna, reiteró el compromiso de la Procuraduría con la protección integral de los derechos humanos en el país, enfatizando que la orientación sexual o identidad de género no pueden ser motivo de exclusión, persecución ni violencia.
“Invitamos a toda la institucionalidad a trabajar coordinada y articuladamente para garantizar la defensa de la vida, la justicia y la seguridad de todos los miembros de nuestra sociedad”, afirmó Osuna.
Así mismo, recordó que el Estado colombiano tiene la responsabilidad constitucional e internacional de proteger la vida y los derechos de las personas LGBTIQ+, especialmente de quienes han sido víctimas del conflicto armado y ejercen liderazgo social en territorios con alta conflictividad.
