El error del abogado de la UNGRD por el cual no se pudo realizar la audiencia con la que se buscaba suspender un millonario contrato

Una nueva polémica se ha abierto frente al escándalo por el saqueo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta vez se trata de un contrato de 42.000 millones de pesos para la construcción de plantas desalinizadoras que están buscando suspender, extrañamente, por la justicia penal.

El asunto es así, para hoy estaba citada la audiencia con la que se buscaba que el juez suspendiera el cuantioso contrato, pero esta no se pudo realizar, y de inmediato corrió la versión de que esto había ocurrido porque José Moreno, abogado de Olmedo López, y Gustavo Moreno, abogado de Sneyder Pinilla, presentaron una excusa y solicitaron el aplazamiento de la diligencia, como finalmente ocurrió.

Sin embargo, la verdad es otra. Según pudo constatar este medio, el principal motivo del aplazamiento y de la ausencia de los abogados es que el abogado de la UNGRD, Andrés Cárdenas Bonilla, no realizó de forma adecuada la citación.

El error, que no es menor, se dio porque Cárdenas Bonilla, en la solicitud de audiencia enviado al centro de servicios judiciales, omitió incluir a Gustavo Moreno y José Moreno. Lo más grave es que no es la primera vez que pasa. Ya la audiencia se había aplazado por el mismo motivo, tal como lo señala el mismo juez.

“Doctor Cárdenas, el centro de servicios no citó, pero también tiene que ver con que usted a ellos no los incluyó en su solicitud, entonces es un error en el que usted participó (...) El centro de servicios no citó, y está mal, y es un error del sistema de servicios, y el sistema judicial pide mil excusas, pero también tiene que ver con que usted a ellos no los puso en su solicitud. Es un error en el que usted participó”, se puede escuchar en la audiencia que tuvo que ser aplazada.

El juez lo deja claro, ante la insistencia del abogado Cárdenas Bonilla de realizar la audiencia, reconoce que hubo un error del centro de servicios judiciales, pero del mismo modo pone sobre la mesa el error que significó que Cárdenas Bonilla no los incluyera en la solicitud.

La respuesta

El asunto no se quedó así, ante la versión que empezó a correr, según la cual el aplazamiento había sido generado por la solicitud de los abogados de Olmedo López y Sneyder Pinilla, y que fue planteada desde la misma UNGRD, la respuesta fue inmediata.

El primero fue Gustavo Moreno, abogado de Sneyder Pinilla quien en un vehemente mensaje dejó claro que el responsable de este error es justamente el abogado de la UNGRD. Pero fue más allá, recordó que fue él quien sirvió de agente encubierto para revelar que estaban pretendiendo sobornar a Pinilla y López para que no se refirieran a este contrato y se pudiera ejecutar, por lo que advirtió la falta de lógica en el señalamiento.

“Me veo en la obligación de aclararle a la opinión pública que una audiencia en la que se pretende suspender un contrato solicitado por la Unidad de Gestión no se realizó no porque este abogado solicitara un aplazamiento. Quiero aclarar, primero que todo, que este contrato es el mismo con el que se pretendía sobornar al señor Sneyder Pinilla y al señor Olmedo. Ellos denunciaron esta situación. No solo eso. Este abogado realizó una agencia encubierta que concluyó en que tres personas se acogieran a un principio de oportunidad y admitieran que este es un contrato corrupto”, aseguró Moreno.

De inmediato señaló, tal como lo hizo el juez, al abogado de la UNGRD, Andrés Cárdenas Bonilla. “Esta audiencia no se realizó porque el experto abogado penalista de la Unidad de Gestión de Riesgo no citó en debida forma. Y eso es lo que se debe investigar, porque ha pasado en dos ocasiones y hoy se quiere hacerle creer a la opinión pública que es por cuenta de un aplazamiento de nosotros. Es falso”, agregó el penalista Gustavo Moreno.

La misma reacción y molestia también la tuvo el abogado de Olmedo López, José Moreno, quien en otro video advirtió que: “Debemos manifestar que se programó una audiencia para el 23 de diciembre, en la cual esta representación de víctimas (abogado UNGRD) no notificó en debida forma a esta defensa, y así lo manifestó el juez en la audiencia y reprogramaron para el 13 de enero, la cual tampoco se me había notificado”.

José Moreno también recordó que si se conoce este contrato corrupto es justamente por la confesión de su cliente en el marco de la colaboración con la Fiscalía. “Debemos recordar a la opinión pública que esta solicitud de medida cautelar nace a partir de la colaboración del señor Olmedo López, quien aportó pruebas técnicas, chat, documentos, pruebas contundentes que permitieron a la Unidad de Gestión de Riesgos solicitar esta medida cautelar para suspender el contrato”, afirmó José Moreno.

El asunto es espinoso, pues se trata de un contrato por 42.000 millones que el contratista insiste en que le paguen. Pero hay un asunto de fondo que plantea el mismo Gustavo Moreno, el escenario penal puede operar para medidas cautelares, pero el escenario para sepultar este contrato es “la Contraloría, la Procuraduría y los tribunales de lo contencioso administrativo, y no hacerle creer a la opinión pública que este contrato no se puede frenar por un aplazamiento”.