“El fallo debe ser absolutorio”: tres prestigiosos abogados sientan su posición sobre el juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez

El próximo lunes 28 de julio se conocerá el fallo de primera instancia en el juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.

En el conversatorio: Caso Álvaro Uribe Vélez moderado por la periodista y columnista de opinión de SEMANA, Sofy Casas los abogados penalistas Diana Muñoz Castellanos, Miguel González Sánchez y Marlon Díaz coincidieron en afirmar que la Fiscalía General no pudo demostrar su teoría del caso.

Debido a esto, consideraron que tras haber seguido muy de cerca el proceso judicial que se extendió por cinco meses la jueza 44 de conocimiento de Bogotá debe emitir un fallo absolutorio a favor del expresidente Uribe, puesto que ni las pruebas documentales ni las testimoniales pudieron confirmar la acusación presentada.

“En ninguno de esos eventos ni siquiera acredita los elementos del soborno ni mucho menos del tipo de fraude procesal”, detalló el abogado Marlon Díaz al señalar que la Fiscalía General falló en demostrar que el expresidente hubiera sido determinador de las conductas que le endilgaron y que hubiera actuado con dolo, es decir con conocimiento que estaba incurriendo en un hecho ilegal.

Por su parte, el abogado Miguel González Sánchez fue categórico en señalar que en un proceso penal se deben siempre citar los hechos jurídicamente relevantes para definir la culpabilidad o inocencia del procesado.

En el caso analizado, estos hechos están muy lejos de demostrar una participación o conocimiento del expresidente con la situación investigada. Por ello, lo mencionado por la Fiscalía en su escrito de acusación no llegó a tumbar el principio constitucionalidad de presunción de inocencia.

Interceptaciones ilegales

Uno de los puntos centrales del conversatorio tuvo relación con las interceptaciones telefónicas que ordenó en su momento la Corte Suprema de Justicia y en las cuales se registraron las comunicaciones entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena Ramírez.

En primer punto, los juristas coincidieron en que estas interceptaciones vulneraban el secreto profesional que existe, y está más que protegido por la ley, entre abogado y cliente. Hecho por el cual aseguraron que deben ser declaradas ilegales.

Pero, llegado el punto que fueran avaladas por la jueza, lo registrado en esas conversaciones apoya la teoría de defensa del exmandatario frente al hecho que siempre se pidió confirmar una información y buscar la verdad sobre la posible retractación de un grupo de exparamilitares frente a las manifestaciones hechas en su contra y de su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez.

“Resulta exculpatoria porque cuando escuchamos al expresidente hablando dice ‘yo quiero que digan la verdad’”, resaltó la abogada Diana Muñoz Castellanos al citar las conversaciones que fueron presentadas en el juicio por parte de un perito de la Fiscalía.

“La jueza puede entrar a verificar y restarle valor suasorio, es decir, que esas interceptaciones se les resta cierto valor. En mi criterio, la jueza puede excluirlas por determinar que genera una violación a la relación abogado-cliente”, aseveró.

Sin embargo, aseveró que las interceptaciones confirman la tesis de la defensa frente a la búsqueda del expresidente Uribe para que se corroborara una información que le había llegado. “Esas conversaciones son elementos que lo que hacen es reafirmar que no determinó a nadie sino que buscaba que se supiera la verdad”, añadió.

Los juristas consideraron que estas interceptaciones, en el fondo, favorecen al exmandatario y la teoría del caso que fue expuesta por su defensa durante el juicio.

En el conversatorio, los abogados manifestaron que la Fiscalía General debe revisar los parámetros que tiene para llevar a juicio, “no solamente al expresidente Uribe”, sino a cualquier ciudadano ya que que es un agotamiento al sistema judicial.

“Si dos fiscales indicaron que no habían elementos y que por eso se debía precluir el proceso por algo sería. Hoy en el juicio nos damos cuenta que no habían pruebas contundentes”, resaltó el abogado Miguel González Sánchez al citar las dos veces que se pidió la preclusión del caso.

Los abogados consideraron que en este caso, que ha sido llamado “el juicio del siglo”, existen varias presiones, lo que lo convierte casi que en un espectáculo mediático.

“La jueza tiene que abstraerse de lo que fue mediático y enfocarse en lo que fue el proceso y en lo que se practicó en el juicio y tomar una decisión en torno a esto. Ella tiene que irse a la minucia y analizar en detalle los testimonios (...) Cualquier duda debe resolverle a favor del investigado. Y la balanza se inclina a favor del expresidente Uribe”, manifestó el abogado González.

El testimonio de Juan Guillermo Monsalve

Los abogados coincidieron en afirmar que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda, el hecho de que el testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve, tenga antecedentes penales no le resta per se su credibilidad. Lo que si llega a afectar su declaración es que haya intentado buscar beneficios judiciales con lo que testificó.

“Veo una especie de entrampamiento”, aseveró el abogado Marlon Díaz al citar el tema de los relojes espía en la cárcel La Picota, las llamadas hechas por el mismo Monsalve para contactarse con una persona cercana al expresidente Uribe y las manifestaciones que hicieron personas cercanas sobre la existencia de ofrecimientos.

Frente a este punto, el abogado Miguel González Sánchez se refirió a la prueba sobreviniente que presentó la defensa sobre la búsqueda de una rebaja considerable de pena de Monsalve por su declaración en este juicio.

“Desdice mucho de la confiabilidad y credibilidad de ese testigo, de los intereses que tenía para declarar en contra y hacerse beneficiario (...) que estaba pidiendo una rebaja de pena justamente por haber declarado contra el expresidente Uribe”, explicó.

Estas dudas aumentan teniendo en cuenta la corroboración que se hizo durante la etapa procesal y el hecho que su padre y hermano aseveraron que sí existían presiones y ofrecimientos para que declarara.

“Nos genera dudas que tan real es lo percibió por él (...) Parece que no fue libre y espontáneo sino que estuvo enmarcado en la búsqueda de beneficios”, agregó.