Judicial
¿El Gobierno de los ‘nadies’? La tutela que advierte sobre la falta de mínima representatividad de las comunidades afro
SEMANA revela pormenores de la acción de tutela que reclama la falta de inclusión de las minorías étnicas y raizales en el Gobierno Petro-Márquez.
Durante su campaña en el año 2022, Gustavo Petro anunció que, de llegar a la Presidencia de la República, las minorías sociales y étnicas, los marginados y los ‘nadies’, que por años habían sido oprimidos, desplazados y olvidados, iban a tener un lugar especial en su Gobierno. Sin embargo, estas promesas no se habrían cumplido y por eso hay una tutela en trámite que busca que en mandatario honre su palabra.
En su discurso, tras ganar la segunda vuelta presidencial, el 6 de junio de 2022, Petro aseguró: “Aquí están las manos humildes del obrero, aquí están las campesinas y las que barren las calles (…) el amor al pueblo, a la gente que sufre excluida”.
A esto se le sumó el apoyo de Francia Márquez, su fórmula vicepresidencial, quien se presentó como la representante y defensora de estas minorías que “por siglos” sufrieron opresión y marginación.
“Después de 214 años logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular. El gobierno de la gente, de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia”, fue la parte más resonante de la Vicepresidenta Márquez durante la posesión, el 7 de agosto de 2022.
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En la ceremonia, como lo registraron los medios de comunicación, estuvieron presentes en la Plaza de Bolívar representantes de las comunidades indígenas, afros, palenqueras, gitanas, ROM y demás.
Sin embargo, a casi tres años de ese discurso, la representación de las llamadas minorías es mínima en el gobierno de la fórmula Petro-Márquez. Así se advierte en una acción de tutela presentada ante el Consejo de Estado y conocida por SEMANA en la que se reseña la vulneración de los “pueblos negros del Pacífico” y la “representación de las comunidades negras” que no han tenido asiento en el Gobierno Nacional.
Para el accionante, un líder de las negritudes del departamento del Chocó, la privación de este tipo de representación va en contravía de los derechos a la igualdad y la autonomía de estas comunidades que siguen siendo marginadas y olvidadas.
La tutela es clara y directa al indicar que la representación de las minorías étnicas, sociales y raizales no supera el 10% en el Gobierno del cambio. Asegura que cargos que por naturaleza deberían estar en manos de estos grupos marginados, están ocupados por personas que no cuentan con los requisitos mínimos.
En un acápite especial se señala, por ejemplo, que la directora de Comunidades Negras del Ministerio del Interior, Amalia Cortés, no hace parte de las comunidades afrodescendientes.
“Nunca hizo parte de los procesos organizativos de las comunidades negras. No pertenece a las áreas que conforman los asentamientos de comunidades negras. Situación que genera un retroceso en nuestras luchas”, señaló el accionante.
Esta falencia en los respectivos nombramientos “le quita la representación equitativa a las comunidades negras en el Gobierno en pro de garantizar que se respondan a las necesidades particulares a la preservación del medio ambiente, a la conservación y cualificación de sus prácticas tradicionales de producción, a la erradicación de la pobreza, el respeto y el reconocimiento de su vida social y cultural”.
El Gobierno se defendió asegurando que la representación de “los y las nadies” es mayor que en administraciones anteriores, aseverando que personas afro, indígenas, campesinas, e incluso de la comunidad LGBTI, han ocupado cargos importantes, pero no menciona cuáles.
Por esto, los representantes de la Presidencia, la Vicepresidencia, el Departamento Administrativo de la Presidencia y el Ministerio del Interior, le pidieron al magistrado Wilson Ramos Girón declarar improcedente la tutela por considerar que no tiene sustento.
Por el contrario, para las comunidades indígenas, afro y raizales, la tutela debe avalarse puesto que es la única vía para que el Gobierno cumpla con sus promesas y reglamente acciones “necesarias para nuestros pueblos que padecemos pobreza extrema”.
Con estos conceptos, el Consejo de Estado deberá definir en los próximos días si el Gobierno incumplió o no con la inclusión de representantes de minorías excluidas y si debe darles cabida a las minorías, esta vez por fallo judicial.
