El Gobierno Petro está pensando en desmontar los estratos para cobrar los servicios públicos: tarifas irían acorde a ingresos de las familias

SEMANA: Sostuvo una reunión con el ministro de Minas y Energía justo después de que se conoció que se puede caer la reforma a la salud. ¿Qué concluyeron?

Dagoberto Quiroga: Si se hunde la reforma a la salud, quiere decir que en este país el Congreso no tiene voluntad de hacer reformas. Entonces, tocaría buscar mecanismos dentro de las facultades presidenciales o jurídicas que dé la Constitución para tomar medidas con las que no se necesite ir al Congreso, porque, si el Congreso no va a aprobar las reformas, pues el presidente qué. El presidente tiene facultades. En mi criterio, podría hacer modificaciones normativas con fundamento en los principios y valores constitucionales.

SEMANA: ¿Con la reforma aplicaría cambios por decreto?

D.Q.: Considero que sí puede hacerlo.

SEMANA: ¿Y no temen que tal vez las cortes los tumben después?

D.Q.: Las cortes tumban decretos de todos los Gobiernos. Están en el derecho de defender la Constitución. Presumo que se va a actuar dentro de la Constitución, que da mandatos: paz, igualdad, justicia, equidad, derechos fundamentales a la salud. El presidente se fundamentará en ellos.

SEMANA: ¿Con la reforma se mantiene el papel del sector privado?

D.Q.: Sí.

SEMANA: ¿Y en qué cambiaría ese papel?

D.Q.: Las comisiones reguladoras e incluso las mismas superintendencias fueron más adecuadas para regular el negocio. Lo regulaban no como servicio esencial al ser humano, sino como un mercado, y se cometieron unas regulaciones que no pensaron en los usuarios. Así lo vemos en el caso de la energía: las generadoras tienen mucha influencia en la Creg, casi que obedecen a los intereses de los generadores. La energía se adquiere por bolsa o por contrato y, en el caso de la bolsa, hay algunos aspectos en los que dejaron a las generadoras poner el precio valorando los riesgos a su libre percepción. Metieron no solo el riesgo hídrico, sino riesgos externos que no tienen nada que ver. ¿Por qué estando los embalses llenos suben los precios de las tarifas de energía?

SEMANA: ¿Y cuál es su respuesta a esa pregunta?

D.Q.: En el caso de venta por bolsa, los generadores ponen un precio. Muchas distribuidoras se ven abocadas a la compra por bolsa, no pueden firmar contratos a un precio bajo porque exigen mucho trámite. Entonces, como las empresas no tienen los recursos para comprar por contrato, van a la bolsa. En aseo, el aprovechamiento, le están cobrando al usuario por encima de lo que realmente se aprovecha. El presidente propuso tomar las facultades que delegó hace un tiempo en la comisión reguladora y quiso tomar decisiones para bajar los precios. Pero el Consejo de Estado tumbó el decreto.

SEMANA: ¿En la reforma se buscaría que el presidente tenga caminos para asumir esas facultades especiales?

D.Q.: Se está pensando en mejorar el funcionamiento de las comisiones, aunque eso dura mucho tiempo para una regulación aquí. Pero la ley también dice que la excepción es si los usuarios se ven afectados.

SEMANA: En un contexto en el que se apruebe la reforma en 2024, ¿en qué momento los usuarios van a percibir los cambios de tarifas?

D.Q.: En energía ya se aprobaron reformas tarifarias, poniendo precio techo a las ventas por bolsa y que los contratos sean más flexibles. En este momento el precio por bolsa está más bajo que el precio más alto de la térmica. Desafortunadamente, no se reflejan en la tarifa porque se cobra opción tarifaria y estamos en El Niño.

SEMANA: ¿En qué consiste el mínimo vital en la reforma?

D.Q.: Es un derecho universal que cualquier ser humano necesita: un mínimo de agua y un mínimo de energía. Son seis litros por día, por persona. También habrá uno de energía y de gas porque los servicios públicos son derechos esenciales. Planeación está estableciendo un modelo para la estratificación, para saber los ingresos. El Estado tiene que garantizar el mínimo.

SEMANA: ¿Cómo es la estratificación?

D.Q.: Va a ser por un registro único de ingresos. No va a ser de uno a seis, sino por el mínimo de ingresos por hogares y, de acuerdo con eso, se necesitaría subsidiar o no. Los subsidios se establecerán según los ingresos que demuestre la familia.

SEMANA: ¿Esto quiere decir que, si una familia gana más, pues tendrá que pagar más y, si una familia gana menos, pagará menos?

D.Q.: El Estado viene pagando subsidios a personas que no lo requieren por el mismo desorden administrativo que existe. Hay desorden, es difícil controlar las personas que hoy están cobrando subsidio, si realmente lo necesitan o no. Sí se han detectado bastantes casos, pero aún el Estado no tiene los mecanismos para controlar la situación. Planeación Nacional está haciendo el Registro Único de Ingresos, lo que acabará con los estratos. Los subsidios se aplicarán de acuerdo con sus criterios.

SEMANA: ¿Bajo qué condiciones aplicarán sanciones a empresas?

D.Q.: Me llegan muchas quejas de los usuarios por la mala atención y por los errores que cometen las mismas prestadoras. La causa principal de las quejas obedece a temas estructurales. Un ejemplo es el Caribe, las mismas personas presentan reclamación por las altas tarifas, un problema que debe resolver el Estado mediante una regulación en la que el usuario no pague las pérdidas de las empresas por mala inversión y malos controles.

SEMANA: ¿Habrá multas?

D.Q.: Hoy hay multas y habrá multas de pronto más costosas. Serán proporcionales de acuerdo con la gravedad, la reiteración. Posiblemente, se aumenten en algunos casos, porque encontramos que algunas empresas prefieren pagar la multa. Tenemos que poner multas con las que el prestador del servicio prefiera corregir el problema.

SEMANA: ¿Los hogares sentirán que les llegan más caros los servicios?

D.Q.: Considero que no. Puede que algunos estratos altos puedan ser afectados en favor de los menos favorecidos, que eso lo establece la Constitución cuando habla de que el Estado social de derecho está fundado en la solidaridad: los que tienen más tendrán que aportar más.

SEMANA: Cuando usted habla de estratos altos, ¿son cinco y seis, o entrará el cuatro?

D.Q.: No lo puedo decir. Las tarifas, como todo, tienen que hacerse de acuerdo con la estratificación.

SEMANA: ¿Cuándo van a radicar la reforma a los servicios públicos?

D.Q.: No tengo fecha. Pensábamos presentarla el año pasado, pero estamos viendo que hay un borrador que contiene muchas cosas y hay que reducirlo a su más mínima expresión.

SEMANA: ¿Qué nuevas funciones va a tener el presidente de la república en la Creg?

D.Q.: Hoy las normas permiten que el presidente nombre a la Creg, pero la Creg tiene una tramitología compleja para hacer reformas. Hay que establecer un desarrollo normativo para que las regulaciones sean más ágiles y las comisiones, más eficientes.

SEMANA: ¿Eso significaría que pueda hacer los ajustes sin pasar por trámites?

D.Q.: Si se establece la Creg como un mecanismo de regulación, y el presidente es quien la nombra, creo que no habría necesidad, al no ser que sean casos de urgencia. Ejemplo: como en el caso en el que el presidente sacó el decreto porque veía que en la comisión reguladora que había creado el anterior Gobierno todo estaba lento y él vio necesario hacer una legislación más ágil en favor de los usuarios.

SEMANA: ¿Y dentro de la CRA?

D.Q.: El criterio fundamental es que las comisiones reguladoras piensen en los usuarios. Por eso, el presidente ha encontrado algunas dificultades para nombrar a los miembros de la Creg porque son muy exigentes en requisitos de haber trabajado en unas empresas, pero el presidente está buscando que piensen más en los usuarios que en las mismas empresas. Esto no quiere decir que se vaya a afectar o poner en riesgo su situación financiera.

SEMANA: ¿Se va a priorizar a las empresas que prestan servicios públicos que son de carácter netamente público sobre las que son privadas o mixtas?

D.Q.: El presidente ha dicho que hay que democratizar los servicios públicos. Hoy las prestadoras, generalmente en energía, son monopolios. Entonces, hay que democratizar. En el caso de la energía, el presidente ha dicho que hay que adecuar las normas para facilitar que las comunidades se autoabastezcan.

SEMANA: ¿Puede haber un desinterés de los privados en seguir prestando servicios públicos ante el temor de que se dañe el negocio?

D.Q.: El temor de ellos es bajar las utilidades millonarias que tienen. Yo les he dicho que todavía están pensando en los ataques que recibió el presidente en la campaña de que iba a nacionalizar, que iba a expropiar. Eso ya pasó. Eso no está dentro de la reforma. Estamos buscando unas tarifas más justas.