Nación
El grito de auxilio que una reclusa le envió a la minJusticia tras denunciar presunto abuso sexual por parte de guardias del Inpec
SEMANA conoció el documento que la defensa de Andrea Valdés Contreras le envió a la ministra Ángela María Buitrago por el riesgo en el que estaría su vida. El caso involucra a varios integrantes del Instituto Nacional Penitenciario.
Hoy, la vida de Andrea Valdés Contreras corre peligro después de que decidiera hacer pública una grave denuncia que relacionaría a varios guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) con un aberrante caso de abuso sexual que habría sufrido al interior de la cárcel El Pedregal, en Medellín (Antioquia). Esos hechos habrían ocasionado un embarazo que la mujer está llevando desde la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.
SEMANA conoció que el pasado 6 de marzo, la oficina de abogados Alzate Hernández, defensa de Valdés, le envió una carta a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, solicitándole apoyo para que la mujer no esté bajo custodia del Inpec y se le sustituya la medida de aseguramiento por prisión domiciliaria.
En el documento de diez páginas, la petición principal a la ministra Buitrago se basa en elevar una solicitud: “Se ordene el traslado inmediato y prioritario de la señora Valdés Contreras a un sitio de reclusión especial donde no esté bajo la custodia del Inpec, dado que su actual condición y los hechos que ha tenido que vivir la exponen a un alto grado de revictimización y atentan contra sus derechos fundamentales a la vida, integridad, salud y seguridad personal”.
Así mismo, le pidieron al Ministerio de Justicia que apoye la solicitud de prisión domiciliaria que fue remitida el pasado 4 de marzo al Juzgado 13 de Ejecución de Penas de Bogotá, para garantizar tanto la seguridad de la mujer como la de su bebé en gestación.
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La visita de la ministra
En el memorial también se detalla que la ministra de Justicia estuvo en la cárcel El Buen Pastor, visitando y escuchando a la presunta víctima de las aberrantes conductas que habrían realizado funcionarios del Inpec en la cárcel El Pedregal, en Medellín, y quienes ya son investigados por la Fiscalía y la Procuraduría.
Es decir, la ministra sabía de primera mano la situación y el riesgo que vivía Andrea Valdés, quien habría sido víctima de violencia sexual durante su reclusión en la cárcel El Pedregal, y quien terminó trasladada a El Buen Pastor, en Bogotá, tras hacer pública la denuncia que involucra a funcionarios públicos.
El documento, que está en manos del Gobierno Petro, también alerta una delicada situación: “Mi representada no solo ha tenido que padecer aparentes agresiones sexuales, actos de tortura y discriminación, sino que, después de esto, han buscado la forma de atentar contra su vida e integridad personal, la de su bebé, incluso, ha recibido distintas amenazas y ofensas, tendientes a ocultar lo sucedido”, dijo Felipe Alzate, abogado de la mujer.
Uno de los cuestionamientos que se refleja en la carta enviada al Ministerio de Justicia es cómo Valdés Contreras sigue bajo custodia de las mismas personas que la habrían agredido y afectaron sus derechos, aprovechándose del estado de indefensión en el que se encontraba.
“Trasladar o dejar a mi representada bajo la vigilancia y el control de la cárcel La Penitenciaría con Alta y Media Seguridad para Mujeres El Buen Pastor, o en su defecto, bajo alguna otra dirigida directamente por miembros del Inpec, no solo representa un riesgo real e inminente sobre su vida, integridad y seguridad”, se lee en el documento.
La historia de Andrea Valdés
La mujer fue condenada por el Juzgado 9 Penal de Bogotá por el delito de homicidio agravado. Parte de su sentencia la cumplió en la cárcel de El Pedregal, donde habría vivido un aberrante caso de abuso sexual por parte de los integrantes del instituto penitenciario que hacen parte de esa prisión.
El 11 de octubre de 2024, Valdés se encontraba en estado de embarazo, situación que se habría desatado por las agresiones sexuales que habría sufrido en la propia cárcel y que ahora está siendo investigado por la Fiscalía. Días más tarde, fue traslada al Hospital de Medellín Luz Castro de Gutiérrez. E.S.E., donde después de varios exámenes, descubrieron que tuvo una aparente amenaza de aborto, a pesar de que no ha pensado interrumpir su embarazo. Al parecer, las sustancias abortivas habrían sido suministradas por los mismos guardias.
El Hospital recomendó una “celda abierta” para atender cualquier situación de un embarazo considerado como de alto riesgo, pero desde El Pedregal no se habría atendido esa petición. Sin embargo, el pasado 10 de enero fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.
Medicina Legal le hizo una valoración médica en la que determinó: “La falta de respuesta del personal médico, la rotación de dragoneantes para mantener el ciclo de abuso, y la negativa a permitir contacto con autoridades o fundaciones de apoyo, muestran un patrón sistemático de violencia institucional”.
Desde esa entidad también se identificó posible violencia sexual, aislamiento y privación de derechos básicos, amenazas, negligencia y otras vulneraciones que habría sufrido la mujer en medio de su reclusión en la cárcel de la capital antioqueña.
La respuesta de la ministra de Justicia
SEMANA se contactó con la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, para conocer la respuesta frente a las peticiones que le hizo la defensa de Valdés Contreras, sin embargo, aseguró que no tenía conocimiento del documento, a pesar de que llegó a su despacho desde el pasado 6 de marzo. Mientras, la mujer sigue frente a un inminente riesgo.
