Judicial
El “hombre del maletín”, clave en la red de corrupción del senador Mario Castaño, se declaró inocente. Fiscalía pide cárcel
Juan Carlos Martínez Rodríguez, quien hizo parte de la UTL del congresista liberal, es señalado de influenciar la entrega de millonarios contratos de obra pública y recreación en diferentes departamentos.
El odontólogo Juan Carlos Martínez Rodríguez, una de las piezas clave en el entramado de corrupción liderado por el entonces senador liberal Mario Castaño, se declaró inocente de los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, concusión, falsedad en documento privado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio que le imputó la Fiscalía General.
En la diligencia judicial, que se adelanta de forma reservada debido a que se revelarán nombres y cargos de otras personas participaron en la entrega de contratos en diferentes entidades y ministerios, Martínez Rodríguez se declaró inocente ante la pregunta de la juez de control de garantías de Bogotá.
Debido a la gravedad de los hechos y las graves implicaciones para la administración pública, la Fiscalía General solicitará que en contra del llamado “hombre del maletín” se emita una medida de aseguramiento privativa de la libertad y sea trasladado a un centro carcelario.
SEMANA ha podido establecer que por medio de su defensa se ha buscado negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía General para que se suspenda la persecución penal en su contra por varios delitos. Todo esto a cambio de la entrega de documentación e información novedosa frente a otras personas que tuvieron participación y conocimiento en estos hechos de corrupción.
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Sin embargo, debido a la gravedad y variedad de los delitos imputados, no se le podrá otorgar un beneficio completo. En la imputación hecha el pasado jueves por la fiscal 94 de la unidad contra la corrupción se señaló que Rodríguez Martínez, siendo integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador Mario Castaño, hizo parte activa del Grupo de Delincuencia Organizada que desvió millonarios contratos de obras púbicas e infraestructura en los departamentos del Tolima, Quindío y Cundinamarca.
“Los elementos de prueba indican que habría sido uno de los articuladores principales de una red de corrupción. Al parecer, aprovechó su cargo para direccionar contratos públicos en varios municipios”, señalaron fuentes cercanas al proceso. Martínez se entregó a las autoridades el pasado 9 de mayo tras estar prófugo durante dos años de la justicia.
Para la Fiscalía General, este odontólogo de 50 años de edad, pese a su profesión era un viejo conocido de la clase política del Eje Cafetero. Siendo así el “principal responsable de mantener comunicación con mandatarios locales, funcionarios públicos y contratistas para asegurar el éxito de la empresa criminal en el direccionamiento de contratos” como lo señaló la Fiscalía General en el escrito de acusación presentado en 2022 contra varios de los integrantes de esta red de corrupción.
Por su influencias fue designado por el senador Mario Castaño para la ubicación de millonarios de los contratos en Ministerios y otras entidades del Estado, los cuales iban desde infraestructura, construcción de canchas sintéticas, programas para la tercera edad, parques infantiles, entre muchísimos otros.
En la misma acusación se señala que Martínez Rodríguez fue el encargado de coordinar pagos y distribuciones de sobornos, “administró recurso de la organización delictiva, recibió beneficios económicos por parte de la empresa Top de Ingeniería S.A.S, empresa que fue beneficiada de manera indebida en contratación estatal en varios municipios”.
Martínez Rodríguez movía todas sus influencias para que se nombraran personas en cargos públicos, esto pese a que no cumplían con los requisitos. Claro, los interesados en ser nombrados debían entregar parte de su salario para anchar así sus cuentas bancarias.
De esta forma logró nombramientos de contratistas y servidores públicos en el Sena Regional Caldas, Agencia Nacional de Minería, Procuraduría General de la Nación, Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) y la Contraloría de la República. “Exigía retribución económica a los beneficiarios y/o apoyo político a favor de Mario Alberto Castaño Pérez”.