El nuevo lío de extinción de dominio sobre predios avaluados en $80.000 millones que involucra a un narco, la Fiscalía y la SAE

Hace algunos años, inició un caso de volteo de tierras que hasta el momento no habría llamado la atención de autoridades competentes, pero la historia terminó involucrando a un reconocido narcotraficante, a la Fiscalía General de la Nación a través de extinción de dominio y a los malos manejos que se le habría dado a la administración de esos predios a través de la SAE.

Los hechos involucran a tres enormes predios ubicados en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá: La Azotea 1, 2 y 3, lotes avaluados en más 80.000 millones de pesos que se iban a destinar en proyectos de urbanización, pero terminaron convirtiéndose en un entramado de corrupción que involucraría a varios funcionarios públicos.

Dichos predios fueron adquiridos en el año 2016 a través de la compra de la empresa Suever S.A.S., por Eduardo Romano, un empresario dedicado a construir viviendas en la ciudad. Otro de los lotes lo obtuvo a través de otra compañía identificada como Malkenu S.A.S. Sin embargo, los problemas con esos predios empezaron cuando varias personas intentaron apropiarse de los mismos con escrituras públicas falsas, sentencias judiciales y procesos que dejan en entredicho la labor de funcionarios públicos a nivel distrital y nacional.

Las irregularidades fueron de tal nivel, que terminaron en denuncias ante la Fiscalía contra Luz Helena Guerra, la corregidora rural de Mochuelo Alto, en Ciudad Bolívar, y Jessica Montaña, su auxiliar administrativa de despacho. La denuncia documentada por la oficina de abogados Alzate Hernández detalla que todo se trataría de una red de terreros que opera en Bogotá desde hace años como una presunta organización criminal.

En esa investigación, los juristas detallan que un ciudadano identificado como Rafael Armando Forero habría logrado la colaboración de Guerra, la corregidora de Mochuelo, para hacer una querella policiva que le permitiera apropiarse de los predios. Pero un Juzgado Penal de Bogotá suspendió dicha posesión de los inmuebles al evidenciar múltiples irregularidades por la propia funcionaria pública.

Pero el caso no paró allí, porque después del inicio de esta serie de inconsistencias, apareció Ignacio Álvarez Meyendorff, el poderoso narco que ha sido el centro de varios escándalos en procesos de extinción de dominio. Según la denuncia, Álvarez Meyendorff contactó a Romano, el dueño legítimo de los lotes, para que le devolviera las tierras porque supuestamente él los compró con anterioridad. Ese hecho también llegó a la Fiscalía General.

Después de esa oscura aparición, la Fiscalía General de la Nación inició un proceso de extinción de dominio con medidas cautelares, justo 13 días después de que Romano denunciara al narco por extorsión. El ente investigador terminó vinculando al propietario de las tierras con Horacio Triana, el extraditado narco, quien fue el anterior dueño de esos lotes.

Lo grave del caso es que la investigación que llevan los abogados de Romano da cuenta de que entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, el narco Meyendorff lo buscó en múltiples ocasiones para reclamarle los predios y hasta le advirtió que si no hacía el traspaso, acudiría a la exfiscal Ana Catalina Noguera, quien fue jefe de Extinción de Dominio de la Fiscalía, para quitárselos. Todo está documentado en la denuncia que llegó al ente investigador.

Ana Catalina Noguera es la misma exfiscal que recientemente fue condenada a 46 meses de prisión domiciliaria por violación ilícita de comunicaciones, violación de datos personales y fraude procesal tras ‘chuzar’ el celular de una mujer en un caso de infidelidad.

Volviendo al delicado caso de extinción de dominio, los abogados Alzate Hernández consideraron que todo se trató de una realización contra Eduardo Romano al no entregarle los predios a Meyendorff, pues nunca fue vinculado ni notificado sobre las medidas cautelares contra los predios Azotea 2 y 3. Pero lo más grave del caso es que entre las medidas cautelares también habría entrado otro inmueble: La Sacan S.A.S.

El abogado Simón Hernández aclaró: “En 2016, cuando mi representado adquiere SUEVER S.A.S., como sociedad propietaria de los lotes indicados, NO conocía a HORACIO TRIANA, NO negoció con él, ni la persona jurídica o los predios tenían relación con dicho señor, quien, en 2019, tres años después, fue solicitado en extradición”.

La situación con La Sacan es particular, porque la empresa propietaria es una sociedad denominada Maranata Holding S.A.S, la cual tiene como socio mayoritario el mismo Eduardo Romano, quien —según la Fiscalía— sería testaferro de Triana. Por esa razón, esa propiedad, en donde funciona una mina, terminó vinculada en la extinción de dominio que ordenó el ente investigador.

En ese momento, entró la SAE a todo este escándalo, pues habría quedado al frente de la Azotea 3 y la mina La Sacan, y terminó nombrando administradores, arrendatarios, empleados e inclusive los representantes legales que podrían tomar decisiones sobre el futuro de dichos predios.

Los abogados que llevan el caso alertaron que, “de manera irregular y bajo vías de hecho, en la administración anterior se removió dos veces al depositario que había sido nombrado y que venía cumpliendo correctamente sus deberes legales y constitucionales. En su remplazo, se nombró a una sociedad llamada INVERSIONES LA ROCA S.A.S.”.

Pero, además, explicaron que dicha sociedad con domicilio en San Juan del César, La Guajira, tiene como representante legal a Raval Cadid Arenas, quien “ha buscado desconocer los derechos adquiridos, ingresar bajo amenazas y a la fuerza a los predios y presuntamente enajenar estos a terceros”, cita la denuncia conocida por SEMANA.

Los abogados explicaron que en varias oportunidades se intentó desplazar al depositario de los predios, se nombraron empresas y personas ajenas a las actividades de la mina y hasta habrían inscrito a un depositario provisional con un nombramiento anterior. Esa situación llegó a la Cámara de Comercio de Bogotá.

En medio de toda esta ola de irregularidades, a Romano le tocó ponerse a reunir las escrituras públicas de los predios para demostrar la forma en que los adquirió, los pagos de impuestos, empleados y demás gastos de mantenimiento. Así mismo, tiene la decisión del Juzgado 2 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, que acreditó la titularidad de los predios en cabeza de las empresas de Romano.

Lo curioso es que La Roka, empresa que quedó administrando la mina, se habría quedado con las máquinas de Conpropiedad, la explotadora de la mina que no tendría nada que ver con la extinción de dominio, y a pesar de que solicitó la devolución de las mismas en una reunión con la alcaldía local, a la fecha no se han devuelto las trituradoras avaluadas en casi 2.000 millones de pesos.

Con la llegada de esa nueva administradora, la mina hoy tendría varios requerimientos de la CAR y la Agencia Nacional Minera por las irregularidades en la actividad, no estarían pagando regalías ni renovando Cámara de Comercio, y todo terminaría en un cierre obligatorio por la liquidación de la empresa.

“A día de hoy LA ROKA, ilícitamente, desplazando por la fuerza a CONPROPIEDAD, explota la mina a través de una empresa llamada SM INGENIERÍA de la ciudad de Bogotá. Todas estas circunstancias fueron denunciadas ante el director de la SAE, Juan Felipe García, quien respondió llanamente que el depositario provisional era LA ROKA y eran estos los responsables por aplicar las medidas que consideraran pertinentes”, detallaron los abogados Alzate Hernández.