“El presidente Petro no debate, sino que demoniza”: habla el abogado de Sanitas. El primer mandatario perdió round frente a dueño de la EPS

SEMANA: El Consejo de Estado acaba de darles otra victoria judicial. ¿Por qué llevaron esta pelea con el Gobierno a los tribunales?

Juan David Riveros: Porque frente a un poder que se aparta de la Constitución no queda otra salida que acudir a los jueces. Ya lo vimos con la Corte Constitucional, que dejó sin efecto la intervención y ordenó devolver EPS Sanitas porque se había actuado sin sustento jurídico. Ahora el Consejo de Estado nos da otra razón más: reconoció que las palabras del presidente vulneraron derechos fundamentales de Joseba Grajales. Esto confirma que la rama judicial del poder público está marcando un límite claro a los excesos del Ejecutivo. La justicia ha dicho, una y otra vez, que no se puede gobernar, intervenir empresas ni señalar personas pasando por encima de la Constitución. Por eso acudimos a los tribunales, porque nadie en Colombia, que es un Estado social y democrático de derecho, puede estar por encima de la ley, ni siquiera el presidente.

SEMANA: ¿Cuál fue exactamente la decisión del Consejo de Estado?

J.D.R.: El Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales del señor Joseba Grajales, a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y libertad de circulación y como consecuencia ordenó al presidente rectificar públicamente en la siguiente alocución. El fallo fue categórico: un presidente no puede llamar “criminal” a un ciudadano sin pruebas ni insinuar que debe abandonar el país. El Consejo de Estado recordó que la palabra presidencial no es un comentario cualquiera, es un acto de poder y, por ende, sujeto a los límites de la Constitución y la ley.

SEMANA: En sus alegatos de defensa, el presidente aseguró que el señor Grajales debe aguantarse el palo porque es una persona con amplio reconocimiento y porque eso es parte del debate. ¿Qué piensa?

J.D.R.: Lo primero que quiero decir es que el presidente no debate, sino que demoniza o sataniza, y es curioso que, siendo un presidente elegido democráticamente, utilice un lenguaje que incita a la violencia. En segundo lugar, el argumento de defensa fue destruido por la sentencia. El Consejo de Estado dijo que el reconocimiento público no elimina derechos fundamentales. Nadie “tiene que aguantarse” que lo llamen criminal desde la Presidencia sin un proceso ni pruebas. La crítica democrática es válida; la estigmatización sin fundamento, no.

SEMANA: ¿Qué implicaciones tendrá este fallo no solo para el caso de Sanitas, sino para las alocuciones presidenciales?

J.D.R.: La implicación es histórica. El Consejo de Estado dejó claro que la palabra presidencial no es un comentario cualquiera, es un acto de poder, por lo que, cuando desde esa investidura se señala, se acusa o se degrada a alguien, se generan efectos jurídicos y sociales profundos. Este fallo establece que esas expresiones no son inmunes al control judicial. Es un mensaje directo: la democracia no admite micrófonos sin límites. A partir de hoy, un presidente sabrá que sus intervenciones en los medios de comunicación están sujetas a los límites que la Constitución establece y que si usa su alocución para vulnerar derechos, la justicia puede obligarlo a rectificar. Eso protege no solo a mi cliente, sino a todos los ciudadanos frente a posibles abusos del discurso oficial.

SEMANA: ¿Qué pasa si el presidente no rectifica en su próxima alocución?

J.D.R.: Sería un hecho gravísimo. Incumplir una orden del Consejo de Estado no solo tendría consecuencias jurídicas, también sería una señal de que el presidente se pone por encima de la Constitución y la ley. Eso mina la confianza en las instituciones y pone en riesgo el equilibrio democrático. Nosotros estamos listos para responder en derecho si esto llega a ocurrir. Pero lo más importante es que la sentencia deja claro que rectificar no es un favor, es una obligación. Si el presidente no cumple, no estaría atacando a Joseba Grajales, estaría desconociendo el principio de separación de poderes y el Estado de derecho.

SEMANA: Le voy a hacer una pregunta no jurídica: ¿qué le hizo o de dónde sale esa animadversión del presidente por Joseba Grajales?

J.D.R.: Lo que ha habido es un ataque directo desde la Presidencia. No es un exabrupto ni un comentario pasajero, es una agresión reiterada que busca degradar su imagen. Y lo paradójico es que hablamos de alguien que ha contribuido al sistema de salud con una de las mejores EPS del país, que ha hecho inversiones sostenidas y que ha mostrado siempre una vocación genuina de servicio y probada con hechos concretos. Ese aporte a Colombia contrasta con el señalamiento injustificado. La sentencia de hoy deja claro que no se puede usar el poder presidencial para atacar a quien ha hecho mucho por este país.

SEMANA: ¿Cómo se explican ustedes esa animadversión, porque no era la primera vez que lo mencionaba?

J.D.R.: Joseba Grajales fue la cara visible, el rostro que escogió el presidente para personalizar un ataque. Este es un ataque contra la inversión extranjera, contra la propiedad privada, contra la libre empresa y, sobre todo, contra un sistema de salud que ha sido referente en el mundo. Cuando se agrede a quienes han construido y sostenido ese modelo, en realidad se agrede a los colombianos que se benefician de él. La sentencia de hoy deja claro que esas expresiones no solo vulneran derechos individuales, sino que son parte de una narrativa que pretende debilitar la institucionalidad y desconocer aportes muy importantes al sistema de salud que han beneficiado a millones de colombianos. Debo resaltar que el compromiso de la organización es con la población menos favorecida del país y con grupos olvidados como aquellos que padecen enfermedades mentales y, fundamentalmente, con los niños.

SEMANA: Esta decisión no es la única victoria judicial que han tenido. ¿En este momento cómo va este tablero?

J.D.R.: Nosotros decidimos someter a las autoridades judiciales todos aquellos actos ilegales que victimicen al grupo, a sus directivos o colaboradores. Creo que no se trata de sumar goles en un marcador, sino de demostrar que los principios del Estado de derecho se aplican.

SEMANA: ¿Cuáles son las acciones de Sanitas en los tribunales internacionales?

J.D.R.: Ya está en marcha un arbitraje internacional bajo el tratado de inversión entre España y Colombia. Allí hemos estructurado una pretensión inicial de 1.200 millones de dólares por los daños causados, reiterando que cualquiera que sea la suma que termine reconociendo el tribunal, será reinvertida en la EPS para fortalecer el servicio a los usuarios. La sentencia de hoy nos da un soporte adicional muy valioso en esa disputa internacional.

SEMANA: La Superintendencia de Salud casi no devuelve la EPS pese a la orden de la Corte Constitucional. ¿Cómo se produjo finalmente la entrega?

J.D.R.: La entrega no fue voluntaria, fue producto de la ejecución cuidadosa de la estrategia jurídica y la presión judicial que por ello se generó. La Superintendencia, o mejor el Gobierno, se resistió hasta el último momento y solo acató cuando ya no tenía margen de tiempo.

SEMANA: El señor Grajales escribió una carta muy sentida cuando recibió la EPS y aseguró que el daño era “devastador”...

J.D.R.: El daño es devastador. Hemos sido muy prudentes, pues está en curso una auditoría externa realizada con rigor forense que anticipa que el deterioro patrimonial causado puede ser superior a 1,7 billones de pesos. Nos devolvieron una EPS golpeada, con finanzas deterioradas, con confianza fracturada y con usuarios en incertidumbre. No es una metáfora, es un daño real, profundo y medible en cifras que ponen en riesgo la estabilidad de la entidad y del sistema de salud.

SEMANA: También dijo que lo que sucedió es “irresponsable y antihumano”, ¿a qué se refería?

J.D.R.: Se refería exactamente a lo que hoy reconoció el Consejo de Estado: que las palabras y las decisiones del presidente tuvieron efectos reales en pacientes, médicos y prestadores. Gobernar la salud como un campo de batalla política es irresponsable y más aún cuando se hace frente a los más vulnerables. Ello es inhumano.

SEMANA: Si el daño es tan devastador, ¿qué planes tiene la EPS para ponerse en pie de nuevo?

J.D.R.: El plan ya está en marcha y aún dependemos de los resultados de la auditoría para poder identificar con mayor precisión las actividades que debemos priorizar para tratar de minimizar los efectos nocivos que produjo la intervención. Solo a manera de ejemplo, las acciones de tutela durante los meses de intervención aumentaron cerca de un 200 por ciento y los incidentes de desacato se duplicaron. Esto significa que el deterioro en la atención a los usuarios es evidente. El plan de choque tiene por objetivo que los usuarios recuperen la confianza y el servicio de calidad que ha caracterizado a Sanitas. Hay un enorme compromiso con la reconstrucción.