Emergencia carcelaria: 125 prisiones bajo la lupa del Gobierno, tras ola de violencia. Es la cuarta vez que se declara en el país

Una bomba de tiempo estalló en las cárceles del país ante la inclemente ola de violencia que se vive dentro y fuera de los centros carcelarios. El detonante: el crimen de un dragoneante a las afueras de la cárcel La Ternera de Cartagena, que obligó al Gobierno a declarar la emergencia carcelaria en el país.

Según el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, la medida buscará “tomar medidas urgentes, contundentes, con la intención de evitar hechos de violencia”.

Las primeras informaciones indicaban que el uniformado estaba desayunando a las afueras de la cárcel, cuando dos hombres en motocicleta se le acercaron y, sin mediar palabra, le dispararon en la cabeza. Aunque el guardián fue llevado de urgencia a un centro médico, fue en vano. Falleció.

Lo ocurrido el pasado sábado 10 de febrero en Tulúa también prendió las alarmas sobre la criminalidad de estos recintos, tras las múltiples amenazas que vienen recibiendo algunos guardianes del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) por la arremetida de la Fuerza Pública contra estructuras criminales.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, reveló tras el último consejo de seguridad en Tuluá que los ataques y atentados ocurridos en esa ciudad son ordenados y planeados desde las cárceles, “que es donde hemos puesto a los cabecillas que quieren aterrorizarla”, dijo la mandataria.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, le confirmaba al país que declararía la emergencia carcelaria, lo cual ocurrió oficialmente este lunes.

“En la lucha contra la criminalidad que desde el Gobierno nacional hemos emprendido con contundencia, ha habido estas últimas semanas unos golpes muy contundentes a cabecillas de estructuras criminales de alto impacto”, informó el ministro.

“Ha habido otro atentado en Jamundí, Valle, con algunos guardianes heridos. Esto no lo vamos a permitir de ninguna manera”, confirmó Osuna.

Medidas urgentes ante el paro del Inpec

La situación de los guardias en las cárceles del país es preocupante, pues, además de cuidar a los presos, se exponen constantemente a amenazas y extorsiones.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, cerca de nueve dragoneantes del Inpec han sido asesinados cada año durante los últimos 7 años, según la Defensoría del Pueblo. El pasado 5 de febrero ya se contaban 63 de estos homicidios en ese periodo de tiempo.

SEMANA conoció que el ministro de Justicia no tuvo otro remedio que tomar medidas urgentes, porque el Inpec entrará a paro nacional desde este lunes 12 de febrero, tras la escalada de amenazas.

Así lo confirmó Óscar Robayo, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), al reconfirmar el asesinato del guardián en Cartagena.

“Los delincuentes están exterminando los funcionarios del Inpec. Asesinaron cruelmente a nuestro compañero en Cartagena. Por nuestras vidas iniciaremos paro nacional carcelario el lunes 12 de febrero de 2024. Necesitamos medidas de fondo”, escribió en su cuenta personal de X (anteriormente Twitter).

Cuarta vez de una declaratoria de emergencia

“Por unanimidad, hemos declarado la emergencia carcelaria en todo el país. Esta emergencia carcelaria obedece, por una parte, al incremento y materialización de amenazas de algunos homicidios de guardianes del Inpec, que han tenido lugar en los últimos días en distintos lugares del país; y a la amenaza de atentados contra la seguridad, la vida y la libertad personal del Inpec”, dijo el lunes el ministro Osuna. Esta es la cuarta vez que se toma una medida así.

Así pues, no es la primera vez que el Gobierno se ve en la obligación de hacer este tipo de declaratoria. En años anteriores, las prisiones del país mantuvieron en vilo al sistema penitenciario y judicial.

Una de las más graves fue en 2013 por el hacinamiento, debido a que, aunque se construyeron algunos centros de reclusión, el aumento de los presos seguía. Para ese año, “la población carcelaria pasó de 44.439 personas en 1998 a ser de 120.032 en 2013, es decir, casi se triplicó en cerca de 15 años”, señaló Juan Sebastian Hernández en un especial para el portal DeJusticia.

La segunda declaratoria fue cuando Caprecom la liquidaron en 2016 debido a la pésima atención en la prestación del servicio de salud en las cárceles, por lo que la Fiduprevisora tomó las riendas del asunto, cuando no había ni siquiera medicamentos en las cárceles del país.

La tercera estuvo relacionada con los videos y noticias que fueron difundidas por las redes sociales del estallido que ocasionaron varios presos durante la pandemia en 2020 con motines. Algunos lograron escapar de las prisiones.

El hacinamiento en las cárceles persiste y hace parte de la crisis

El Inpec administra 125 establecimientos carcelarios en todo el país, que tienen una capacidad para 81.740 reclusos, pero en la actualidad albergan a 101.976 personas privadas de la libertad, lo que genera todo tipo de crisis al interior de estos recintos.

La ocupación en las cárceles del país está sobre bordada en 20.236 internos, lo que equivale a un hacinamiento del 24,7 %, clasificado como alto por el Inpec.